Seis delitos atribuidos al delegado del Gobierno en Ceuta
Hazte Oír atribuye al delegado del Gobierno en Ceuta seis delitos —prevaricación, denegación de auxilio, homicidio, lesiones por imprudencia grave, omisión del deber de perseguir delitos y de impedir delitos— en relación con los más de 100 fallecidos que la acusación vincula a la entrada masiva registrada en la ciudad autónoma. El número de víctimas no es unánime: hay menciones a 130 muertos y otras que elevan el conteo hasta 140. El eje del asunto, según los críticos, es si el Gobierno español disponía de información previa sobre lo que iba a ocurrir y no desplegó medios: ¿hay delito o solo negligencia política sin castigo?
¿Existe delito de denegación de auxilio en Ceuta?
La respuesta depende de un detalle que nadie ha fijado todavía: cuándo supo el Estado que el paso masivo era inminente y qué hizo con esa información. La acusación sostiene que existió conocimiento previo y omisión deliberada, algo que encajaría en la denegación de auxilio. Desde una lectura jurídica más conservadora se apunta a que el reproche penal más viable sería el homicidio imprudente, figura distinta y de prueba más acotada. Las dos tesis conviven sin pronunciamiento judicial a la vista.
El reproche a la oposición y a las instituciones europeas por su silencio
El reproche no se queda en el Ejecutivo central. Una corriente crítica señala que la oposición no ha trasladado el caso a organismos internacionales de derechos humanos y que Bruselas ha guardado silencio ante el recuento de fallecidos. En el terreno diplomático circula además la sospecha —no confirmada— de que España acabaría compensando económicamente a Marruecos. Todo ello se formula sobre indicios, sin resolución que lo respalde.
El asunto sigue sin resolución judicial conocida. Mientras no exista un pronunciamiento que determine quién sabía qué y cuándo lo supo, la pregunta sobre la denegación de auxilio se queda exactamente donde empezó: sin respuesta.