MAFIA arqueológica

Mafia arqueológica: el expolio que España no persigue​

España tiene una mafia arqueológica que opera a plena luz. No es un exceso de tertulia: hay piezas extraídas de excavaciones oficiales que acaban en domicilios privados, monedas que se evaporan de los yacimientos y aficionados con detector tratados como incivil mientras otros exhiben mosaicos romanos en el salón. Todo con dinero público de por medio y con la coartada del patrimonio como bien sagrado. El patrón se repite: el que protege, cobra; el que busca por su cuenta, paga.

Qué hay detrás del término mafia arqueológica​

El caso que reavivó el asunto mezcla un detectorista, un hallazgo en un prado y un alcalde del PP. La lectura crítica apunta a que el aficionado que localiza restos con su detector acaba retratado como el problema cuando el problema es otro: el uso político y económico del patrimonio. Quien denuncia un saqueo puede terminar señalado; quien lo ejecuta dentro de la estructura, cobra y sigue.

De la cabeza de Baco a las 30.000 monedas de Cástulo​

La pieza estrella de la acusación es una cabeza de Baco. Un ex cargo del PNV, Jon Buesa, habría reconocido que la pieza desaparecida de una excavación estaba en su poder, después de años sosteniendo que lo que exhibía era una copia. Sin consecuencias penales, según las denuncias difundidas. No es flor de un día. En Cástulo (Jaén), el director de las excavaciones admitió que con solo un 10% de pogre habían aparecido entre 20.000 y 30.000 monedas. ¿Dónde están? La pregunta sigue sin respuesta, igual que la sospecha de que los museos españoles exhiben la una cosa mientras las colecciones numismáticas de Inglaterra o Alemania brillan por su ausencia.

Astorga, Galicia y el detector que en Suiza no es delito​

Astorga y Galicia completan el mapa. Se denuncia expolio que acaba en casas de cargos del PP y del PSOE, con un catedrático y una universidad —aludido como «el infame A»— en el centro del relato. En Galicia, un docente de la USC habría boicoteado yacimientos de colegas con menos medios y enchufes. Y en el Norte, la destrucción de un poblado castreño con un hacha ritual de bronce casi única, con la Xunta en el punto de mira de la Fiscalía según una de las denuncias.

El detector de metales es el gran delator. En Suiza, Inglaterra o Alemania, encontrar un tesoro no convierte a nadie en sospechoso. En España, la actividad oscila entre la burocracia imposible y la ilegalidad. La paradoja es que el aficionado paga la fiesta mientras la estructura profesional se lleva el rédito. Hay quien sostiene que las excavaciones recurren a mano de obra gratuita —voluntarios por un bocadillo y un camastro— y que un exportavoz del sector acabó con el dedo destrozado tras 20 días de hospital y dos operaciones.

Lo que previsiblemente no cambia​

Con este panorama, lo previsible es que la próxima pieza desaparecida tampoco acabe en un juzgado. La ley persigue al detector y protege al despacho. Salvo que una condena en firme rompa la inercia —y nadie debería apostar fuerte a que ocurra—, la mafia arqueológica seguirá cobrando en silencio y facturando en subvención.