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Madmaxista
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Las promotoras advierten del peligro de un colapso en el mercado inmobiliario
La Ley de Suelo propuesta por el Ministerio de Vivienda introduce una serie de cambios en materia de calificación de suelo que podrían obligar a los promotores a elevar el precio final de la vivienda, una posibilidad que en Balears acarrearía el descenso del actual ritmo de venta de inmuebles ya que, de aumentar más los precios en las islas "no habrá mercado".
Así lo explicó en declaraciones a Europa Press la gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears, Antònia Fuster, quien aclaró que los promotores únicamente trabajan con suelo finalista, listo para construir, por lo que la Ley de Suelo planteada por el Gobierno y actualmente en tramitación parlamentaria no les afecta en ese sentido. Sin embargo, sí podría suponer un "problema" para los urbanizadores.
Las empresas urbanizadoras son las encargadas de comprar el solar y transformarlo en urbanizable para los promotores. La Ley elaborada por el ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, establece que existen suelos rurales y urbanos. Hasta ahora, en la Ley aprobada por el Gobierno en 1998 se fijaban tres clases de terreno, rural, urbano y urbanizable. Con esta modificación, muchos urbanizadores podrían encontrarse con complicaciones para transformar el suelo y se verían obligados a mantenerlo más tiempo en cartera.
En consecuencia, el sobrecoste de la tramitación y la acumulación de terrenos lo cargarían al precio al que venden a los promotores y estos harían lo mismo con el importe final del inmueble. Según Fuster, "si eso ocurre, la gente dejará de comprar". "Los precios ya están demasiado altos y no todas las capas sociales pueden permitírselos. Si suben más, descenderán las ventas porque los ciudadanos tienen cada vez más claro cuánto pueden pagar", dijo.
Además, el urbanizador que haya adquirido suelo rústico en una zona no contemplada como de crecimiento en un plan urbanístico municipal, no va a poder recalificarlo, añadió. "Eso supondrá un gran perjuicio para este sector", opinó.
Según manifestó, la gestión del precio tasado es una posible solución para retener el importe creciente de los inmuebles. "Hay que buscar medidas de cesión de suelo para que se pueda construir Vivienda de Protección Oficial (VPO). En la Asociación de Promotores somos partidarios de que la Administración haga una gestión del precio del suelo para posibilitar la construcción de más vivienda protegida", aseguró.
Fuster explicó que este es uno de los puntos más positivos de la futura norma estatal. "Trabaja mucho el patrimonio de reserva de suelo para VPO. Pide un mínimo del 25 por ciento del terreno construido". Sin embargo, para Balears este porcentaje será mayor porque la ley de suelo autonómica aún no está aprobada y la normativa actual fija dicho porcentaje en un 30 por ciento.
También aclaró Fuster que la ley de Trujillo establecerá limitaciones a la especulación de precios del suelo con el objetivo de fomentar el acceso a la vivienda. Según indicó, el suelo urbano se tasará mediante comparación con otros terrenos colindantes de similares características y el suelo rural costará en base a la capitalización de renta agraria, es decir, valdrá lo mismo que los bienes que produce. "No se podrá vender un campo de olivos a precio de oro basándose en especulaciones", señaló.
Cabe recordar que las competencias de urbanismo y de ordenación del suelo son autonómicas, de modo que la ley nacional afectará parcialmente a Baleares, donde rigen los planes territoriales insulares (PTI), herramientas con las que se marca el crecimiento de cada municipio, las áreas por donde puede crecer y de qué manera han de realizarse las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de cada localidad.
La Ley estatal fijará, por tanto, unas directrices comunes para todas las regiones pero quedarán materias exclusivamente autonómicas. Un ejemplo de esto es el tanto por ciento de terreno de cada edificación que debe reservarse para servicios del Ayuntamiento, zonas libres, parques, mobiliario urbano, etcétera.
Cada Comunidad podrá establecer la cantidad entre un 5 y un 15 por ciento, en ocasiones hasta un 20 por ciento, en cada caso concreto. Hasta ahora el porcentaje lo fijaba la ley para cada tipo de solar. "Es una novedad importante y positiva", afirmó la gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears.
La Ley de Suelo propuesta por el Ministerio de Vivienda introduce una serie de cambios en materia de calificación de suelo que podrían obligar a los promotores a elevar el precio final de la vivienda, una posibilidad que en Balears acarrearía el descenso del actual ritmo de venta de inmuebles ya que, de aumentar más los precios en las islas "no habrá mercado".
Así lo explicó en declaraciones a Europa Press la gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears, Antònia Fuster, quien aclaró que los promotores únicamente trabajan con suelo finalista, listo para construir, por lo que la Ley de Suelo planteada por el Gobierno y actualmente en tramitación parlamentaria no les afecta en ese sentido. Sin embargo, sí podría suponer un "problema" para los urbanizadores.
Las empresas urbanizadoras son las encargadas de comprar el solar y transformarlo en urbanizable para los promotores. La Ley elaborada por el ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, establece que existen suelos rurales y urbanos. Hasta ahora, en la Ley aprobada por el Gobierno en 1998 se fijaban tres clases de terreno, rural, urbano y urbanizable. Con esta modificación, muchos urbanizadores podrían encontrarse con complicaciones para transformar el suelo y se verían obligados a mantenerlo más tiempo en cartera.
En consecuencia, el sobrecoste de la tramitación y la acumulación de terrenos lo cargarían al precio al que venden a los promotores y estos harían lo mismo con el importe final del inmueble. Según Fuster, "si eso ocurre, la gente dejará de comprar". "Los precios ya están demasiado altos y no todas las capas sociales pueden permitírselos. Si suben más, descenderán las ventas porque los ciudadanos tienen cada vez más claro cuánto pueden pagar", dijo.
Además, el urbanizador que haya adquirido suelo rústico en una zona no contemplada como de crecimiento en un plan urbanístico municipal, no va a poder recalificarlo, añadió. "Eso supondrá un gran perjuicio para este sector", opinó.
Según manifestó, la gestión del precio tasado es una posible solución para retener el importe creciente de los inmuebles. "Hay que buscar medidas de cesión de suelo para que se pueda construir Vivienda de Protección Oficial (VPO). En la Asociación de Promotores somos partidarios de que la Administración haga una gestión del precio del suelo para posibilitar la construcción de más vivienda protegida", aseguró.
Fuster explicó que este es uno de los puntos más positivos de la futura norma estatal. "Trabaja mucho el patrimonio de reserva de suelo para VPO. Pide un mínimo del 25 por ciento del terreno construido". Sin embargo, para Balears este porcentaje será mayor porque la ley de suelo autonómica aún no está aprobada y la normativa actual fija dicho porcentaje en un 30 por ciento.
También aclaró Fuster que la ley de Trujillo establecerá limitaciones a la especulación de precios del suelo con el objetivo de fomentar el acceso a la vivienda. Según indicó, el suelo urbano se tasará mediante comparación con otros terrenos colindantes de similares características y el suelo rural costará en base a la capitalización de renta agraria, es decir, valdrá lo mismo que los bienes que produce. "No se podrá vender un campo de olivos a precio de oro basándose en especulaciones", señaló.
Cabe recordar que las competencias de urbanismo y de ordenación del suelo son autonómicas, de modo que la ley nacional afectará parcialmente a Baleares, donde rigen los planes territoriales insulares (PTI), herramientas con las que se marca el crecimiento de cada municipio, las áreas por donde puede crecer y de qué manera han de realizarse las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de cada localidad.
La Ley estatal fijará, por tanto, unas directrices comunes para todas las regiones pero quedarán materias exclusivamente autonómicas. Un ejemplo de esto es el tanto por ciento de terreno de cada edificación que debe reservarse para servicios del Ayuntamiento, zonas libres, parques, mobiliario urbano, etcétera.
Cada Comunidad podrá establecer la cantidad entre un 5 y un 15 por ciento, en ocasiones hasta un 20 por ciento, en cada caso concreto. Hasta ahora el porcentaje lo fijaba la ley para cada tipo de solar. "Es una novedad importante y positiva", afirmó la gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears.
