La patronal del ladrillo pide regularización masiva de forasteros: necesitan 700.000

La patronal del ladrillo pide regularizar a 700.000 inmigrantes: ¿necesidad o estrategia salarial?​

En una obra a las afueras de Madrid, un oficial jubilado señala el relevo: "Ahora son todos extranjeros. El español no quiere trabajar por 1.350 euros al mes". La frase resume el debate abierto por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) que ha solicitado la regularización masiva de 700.000 inmigrantes para cubrir vacantes. La petición, planteada hace algo más de un año, no ha perdido actualidad: el sector arrastra un déficit de mano de obra que cifra en esas 700.000 personas, pero la respuesta social no ha sido unánime.

El argumento de la necesidad: más vivienda, menos trabajadores​

La CNC defiende que sin esa regularización no se podrá construir suficiente vivienda para contener los precios. Según sus cálculos, se necesitan 200.000 viviendas anuales adicionales —y para eso, brazos. Los datos del paro juvenil, que algunos sitúan por encima del 20% real, chocan con esta demanda: ¿cómo puede faltar mano de obra si hay tantos desempleados? La respuesta de la patronal es que los jóvenes españoles no quieren trabajos duros en la construcción por salarios que rondan los 1.350 euros netos al mes. "Al español no lo pones a currar por menos de 2.500 euros", se argumenta desde el sector. En cambio, un trabajador extranjero acepta entre 1.200 y 1.800 euros.

La otra lectura: dumping laboral y presión a la baja​

Para los críticos, la petición es una maniobra para abaratar la mano de obra. "Reventar un país de mano de obra para que el precio del trabajo se desplome", sintetiza un análisis recurrente. El mecanismo sería simple: al aumentar la oferta de trabajadores dispuestos a cobrar menos, los salarios del sector se contienen, y los empresarios mantienen márgenes sin necesidad de mejorar condiciones. En provincias como Vizcaya, se señala que hay inmigrantes cobrando la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) mientras se dice que faltan albañiles. "O trabajan o se van", proponen algunos, como modelo a imitar de países como Emiratos Árabes, donde las ayudas sociales son solo para nacionales y el permiso de trabajo caduca con el contrato.

La paradoja demográfica y el precio de la vivienda​

La petición de regularización masiva coincide con un momento de máximos en el precio de la vivienda. Algunos apuntan a que la solución no es traer más gente, sino expulsar a quienes no pagan impuestos netos o han entrado ilegalmente: "Rápidamente la presión sobre la vivienda bajaría", postulan. Sin embargo, la patronal insiste en que la única vía para aumentar la oferta es construir más, y para eso hacen falta trabajadores. La cuadratura del círculo: mientras el suelo urbanizable no se libere y la burocracia no se agilice, la vivienda seguirá siendo un bien escaso. Y mientras los salarios en la obra no suban, la mano de obra nacional seguirá mirando a otro lado.

Un modelo a debate: ¿regularización temporal o vínculo al empleo?​

Entre las propuestas que surgen, destaca la del modelo "Dubái": regularización ligada a un contrato de trabajo, sin derecho a ayudas sociales, y con obligación de salir del país al finalizar el empleo. Esta idea, que algunos consideran "esclavista" y otros "realista", refleja la dificultad de conciliar la necesidad de mano de obra con el control migratorio. La patronal, por su parte, se limita a pedir canales legales para quienes ya están trabajando en la economía sumergida. "No se trata de traer más, sino de regularizar a los que ya están", matizan.

El debate sigue abierto. Mientras, en las obras, la nacionalidad de los peones cambia, los salarios se estancan y el piso de 80 metros cuadrados sigue sin bajar de los 250.000 euros. El dato que descoloca: a pesar de la demanda de 700.000 trabajadores, las afiliaciones a la Seguridad Social en la construcción apenas crecieron un 2% el último año.