La ley de eustaquia fue aprobada a traición.

El 18 de marzo de 2021, con las mascarillas todavía en las calles, el Congreso aprobó la ley de eutanasia. Desde entonces, el debate sobre su legitimidad y sus costes no ha hecho más que crecer. Los críticos sostienen que se aprobó sin los informes médicos preceptivos, una acusación que también se ha vertido sobre la obligatoriedad de las mascarillas en pandemia. Mientras, el Tribunal Supremo se prepara para fijar doctrina sobre un caso clave: ¿puede un padre recurrir la eutanasia de un hijo?

El ahorro sanitario que nadie cuantifica​

Uno de los argumentos económicos a favor de la eutanasia es el ahorro en cuidados paliativos y hospitalizaciones de larga duración. Sin embargo, ningún estudio oficial ha puesto cifras a ese posible beneficio. La Asociación Médica Mundial mantiene su firme oposición, lo que añade presión sobre los profesionales sanitarios que deben aplicarla. El debate sobre el coste real –tanto económico como ético– sigue abierto.

De la mascarilla a la eutanasia: el patrón de la 'traición'​

La comparación con la aprobación de las mascarillas no es casual. En ambos casos, se denuncia que el Gobierno actuó sin respaldo científico suficiente y utilizando procedimientos de urgencia. Este argumento ha calado entre quienes ven en estas decisiones un patrón de gestión «a traición» de lo público, con implicaciones económicas evidentes: costes judiciales, desconfianza inversora y tensiones en el sistema sanitario.

El Supremo deberá decidir si los familiares tienen derecho a impugnar la decisión del paciente. De su doctrina dependerá no solo la evolución legal de la eutanasia, sino también el mapa de costes y responsabilidades que la rodean.