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Opinión: La ideosincracia de un país corrupto llamado españa

Janus · 2025-01-19T14:02:38+00:00

está de actualidad el asalto del Estado a Telefónica. Aunque aquí puede ser que le estén haciendo un favor al accionista retail. vamos al meollo, año 2007, deuda en España en 400b aproximadamente, por debajo del 40% del PIB. Estos sinverguenzas heredaron del criminal Franco un país sin deuda y con un enorme dinamismo de crecimiento. Con ello todos los años desde Felipín hasta Rajoy pasando por Aznar y Zapatero pudieron hundir al país en deuda sin que se notase mucho se publicaba en relación al PIB. Si un año el PIB subía en 60b ..... ellos se endeudaban en 100b y solo subía 4 puntos la deuda sobre PIB argumentando que en los 50% etc..... era una situación muy saludable. Hoy la deuda está en 1.600b y subiendo a marchas forzadas. Esa es la increíble diferencia que se le endosa como "a pagar" a la juventud en las próximas décadas sustrayéndolo de unos sueldos perversoss. Lo que han hecho es quebrar la salud financiera de los jóvenes del país y han sido los políticos corruptos de todo símbolo en connivencia con la peor generación de padres y abueltos, los más egoístas en la historia. No os engañeis, en aquellos tiempos no existía la deuda improductiva en el sentido de que 1b de deuda generaba menos de 1b de crecimiento económica. La economía crecía literalmente sola por la inversión extranjera. Los engañadores y vándalos del 78 se dedicaron a robar completamente toda la deuda asumida por España año a año además de sumarse al botín de los fondos FEDER de entrada a Europa. Ese fue el soborno de Europa, me das tu industria y te fundes este dinero que no lo voy a ni preguntar. El plan necesitaba limpiar y blanquear todo ese proceso de acumulación salvaje en manos de políticos y de amigotes. Para eso ya encontraron el momento perfecto: la necesidad de capital en España tras la crisis del 2008. Amnistía fiscal al canto. Para que no quede ninguna duda, noticia del 2018 para blanquear el efecto. La polémica sobre la amnistía fiscal sigue viva seis años después. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió cuando estaba en la oposición en que publicaría los nombres de los defraudadores que se acogieron al procedimiento de regularización extraordinaria, lo cierto es que ahora no puede hacerlo. Así lo ha reconocido este martes en el Congreso de los Difrutados. Sánchez ha justificado que la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el año pasado, anulaba el indulto fiscal pero no sus consencuencias por no tener efectos retroactivos sobre las regularizaciones. Sánchez ha anunciado desde la tribuna de la Cámara Baja una reforma legal para «prohibir futuras amnistías fiscales». Se trata de una iniciativa que ya anunció el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hace un año, en una sesión parlamentaria en la que pidió perdón por la polémica medida. Las declaraciones están prescritas Los expertos coinciden en la dificultad jurídica de publicar ahora los nombres de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía. Miguel Pérez de Ayala, abogado y experto tributario, explica que «se trata de una información privada, protegida por el artículo 95 de la Ley General Tributaria que establece el carácter reservado de los datos tributarios». Pérez de Ayala precisa que si se quería publicar los nombres se podía haber especificado cuando se aprobó la declaración tributaria especial (DTE), «pero cinco años después no tiene ningún sentido, ni posibilidad por la irretroactividad». Este experto fiscalista afirma: «No entiendo cual sería ahora el efecto de publicar unas declaraciones que están completamente prescritas desde noviembre de 2016». La Constitución señala en el artículo 9.3: «Se garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». Precisamente ese es el artículo al que alude el Tribunal Constitucional para establecer en «una sentencia durísima» que las declaraciones «no pueden ser revisadas». Salvador Ruiz Gallud, especialista tributario del despacho Equipo Económico, sostiene que «en su momento se establecieron unas reglas del juego determinadas. Publicar la lista supone romper esas reglas». Ruiz Gallud, que fue director general de la Agencia Tributaria, remarca que «la confidencialidad de la información tributaria es algo fundamental en la política tributaria. No concibo que se pueda difundir información confidencial de los contribuyentes». Este experto recuerdae que cualquier caso tributario que llegue a los tribunales termina haciéndose público. Aunque rechaza la amnistía, Ruiz Gallud sostiene que tiene que haber una salida fiscal para el contribuyente que se ha equivocado o ha cometido una irregularidad. Los contribuyentes ya hacen regularizaciones voluntarias. «Si se publica es un incentivo negativo». Atenta contra la seguridad jurídica Tomás Lamarca, socio de la firma Lean abogados, recuerda que el decreto 12/2012, que regulaba la norma ya establecía la confidencialidad de los datos. «Cambiarlo ahora provocaría inseguridad jurídica y atentaría contra el principio de confianza legítica con la Administración», explica este especialista tributario. «Este principio deriva de los postulados constitucionales de seguridad jurídica, respecto al acto propio y buena fe, y busca proteger al administrado frente a las modificaciones intempestivas que adopte la Administración», recalca Lamarca. Pedro Sánchez ha reconocido en el Congreos que no puede publicar los nombres a pesar de que defendió durante meses su publicidad. Ha defendido que este proceso fue «un fracaso moral y también desde el punto de vista recaudatorio». Ha recordado, además, que fue el PSOE el que recurrió la medida ante el Tribunal Constitucional. Durante su intervención parlamentaria ha manifestado: «Desgraciadamente no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía fiscal. Desafortunadamente no podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustaría, créanme, pero podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales». En ese punto, Sánchez ha anunciado un anteproyecto de ley de lucha contra el embeleco fiscal para perseguir a los grandes defraudadores, incluir a los responsables solidarios en los casos de evasión, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir futuras amnistías fiscales. «Un Estado del bienestar de primera requiere un sistema fiscal de primera y no de tercera», ha zanjado. Para que os quede clara la corrupción institucionalizada en España. Por qué pagaron menos del 3% quienes acudieron a la amnistía fiscal La medida de Cristóbal Montoro pretendía recaudar el 10% del dinero oculto pero se quedó en el 3% de media Las informaciones que se publican en Los Papeles de la Castellana desvelan que algunas fortunas pagaron incluso menos de un 2% por legalizar ante el fisco su patrimonio oculto 705 personas con cargos públicos se acogieron a la amnistía fiscal, de las que por ahora solo se conocen algunos nombres como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas o Francisco Granados Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda creador de la última amnistía fiscal Belén Carreño 8 de junio de 2016 21:30 h HEMEROTECA: Montoro: “En España no ha habido una amnistía fiscal” Más información en el especial Los Papeles de la Castellana Es el año 2012 y el Partido Popular acaba de llegar al poder con un puñado de promesas inasumibles en su programa electoral. No bajará impuestos; los subirá. Pedirá el rescate de la banca y tendrá a cambio condicionalidad económica de la UE que marcará el calado de los ajustes en España. Aumentará la deuda pública a su récord histórico. Y ni con todas estas medidas logrará rellenar las arcas del Estado por culpa, aseguraban, de la herencia recibida. Los Borbón utilizaron los mismos testaferros, bufetes y sociedades pantalla que Bárcenas, Rato y los Pujol Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, pergeña entonces una idea impopular pero efectiva: una amnistía fiscal. Al fin y al cabo, las elecciones ya están ganadas. No será la primera, ni la segunda en España en democracia. Felipe González tuvo que hacer hasta dos para poder poner al día a los grandes patrimonios españoles, acostumbrados a mantener sus riquezas en el extranjero. Tampoco será España el primer país que recurra al perdón de los pecados fiscales después de la crisis financiera de 2008. Estados Unidos hizo una gran campaña para acabar con las cuentas offshore de sus ciudadanos entre 2009 y 2011 con 30.000 contribuyentes aflorando sus cuentas y una recaudación de 2.300 millones de euros. Grecia, Portugal e Italia también se apuntaron entre 2009 y 2011 a hacer amnistías fiscales con éxito dispar. Nada es gratis La amnistía española se diferenció de las otras por simple pero sobre todo, por barata. Montoro quiso diseñar un mecanismo tan económico que ninguna gran fortuna se pudiera resistir. La fórmula sencilla: desde abril hasta noviembre se abría una ventana de oportunidad para aflorar todas las rentas no declaradas en el extranjero. No habría multas ni sanciones. No se perseguiría a los que se presentaran ni se utilizaría la información de la amnistía para posteriores comprobaciones. Ni siquiera era necesario traer el dinero físicamente de vuelta a España. Solo se exigían dos cosas: que el origen de los fondos fuera lícito (que no procediera de actividades como narcotráfico, por ejemplo), una comprobación que luego no se realizó, y que se pagara una cantidad ínfima para que el fisco hiciera borrón y cuenta nueva. En su teoría de que los impuestos bajos generan más recaudación, Montoro se tiró a la parte más baja de las exigencias fiscales posibles. Aunque el tipo que se aplicaría, teóricamente, era del 10% del capital aflorado, un informe del director general de tributos de la Agencia Tributaria dictaminó cómo aplicar ese impuesto y rebajó este porcentaje aún más. Así, en vez de gravarse el 10% de todo el patrimonio que se quisiera aflorar, solo se impondría la tasa sobre los rendimientos de los bienes en los últimos cuatro años antes de la amnistía. Las condiciones terminaron relajándose aún más: si la declaración se presentaba después de junio de 2012, solo era necesario tributar por los intereses desde 2008. De facto, esto ha supuesto que el tipo efectivo, es decir, lo que realmente ha pagado la gente que se ha acogido a la amnistía fuese solo del 3%. Gracias a la información recibida en el buzón seguro Fíltrala.org en el que colaboran eldiario.es, La Marea y Diagonal, se comprueba que en muchas ocasiones el tipo es aún menor, al haberse pagado incluso menos del 2%. Muchas de estas fortunas llevaban ocultas para el fisco español desde hace tres o cuatro décadas, y solo se les pidió que pagaran por lo ganado en los últimos cuatro años. Cabe recordar que en esos años hubo una debacle bursátil y financiera así que muchos de estos patrimonios, invertidos a su vez en los mercados de capitales internacionales, apenas mejoraron en ese tiempo su valor. No hubo grandes rentabilidades en bolsa durante la crisis, por lo que la amnistía pagó muy poco. Los propios asesores fiscales advirtieron al ministro de lo extremadamente barato de la amnistía. Y aún así, hubo fortunas a las que les pareció caro y no se decidieron a acogerse. También los que no se fiaron del sigilo con el que se fueran a custodiar sus nombres. Además, el momento para acogerse, entre junio y noviembre de 2012, en el que España seguía en peligro de quiebra y de otro rescate, tampoco invitaba a las grandes rentas a repatriar fortunas. De ahí que la mayoría optara por no regresar el dinero físicamente con el escaso impacto en la economía real de la medida. El dinero se legalizó, pero mucha parte quedó fuera. Segundas oportunidades no son buenas Un año más tarde, hubo una nueva oportunidad de aflorar rentas, gracias al conocido como modelo 720 por el que los contribuyentes tienen que declarar sus bienes en el extranjero. En este caso, no declarar estos bienes venía aparejada a cuantiosas multas, hasta el punto que hubo fortunas que se atrevieron a regularizar en este modelo lo que no habían confesado en la Declaración Tributaria Especial (el nombre técnico de la amnistía). Esta osadía nacía de la idea de que la lista de los amnistiados no se puede utilizar en ningún caso para hacer comprobaciones de Hacienda de forma indiscriminada. Es decir, no es posible cruzar a los contribuyentes del modelo 750 (el de la amnistía) con el del 720. ‘Si cuela, coló’, pensaron algunos. Pero en muchos casos no fue así porque la ubicación de los bienes en paraísos fiscales ha sido indicativo suficiente para el fisco para hacer ciertas comprobaciones. La exención del Impuesto de Patrimonio en Madrid, donde declaran muchas de estas grandes fortunas y la no necesidad de repatriar las rentas han dejado una recaudación pírrica con estas campañas de perdón fiscal. De los 40.000 millones de euros legalizados, las arcas del Estado solo se quedaron con 1.200 millones: la mitad del objetivo previsto por Hacienda cuando diseñó la campaña. Y año tras año, apenas hay impacto recaudatorio del dinero aflorado. Se hicieron algo más de 31.000 declaraciones, entre personas físicas y jurídicas, pero lo que se pagó de media apenas rebasó los 37.000 euros; unas cifras que han llevado a la oposición y a los agentes sociales a tildar la medida de “fracaso”. Y dentro del fracaso, un colosal olvido: la lista de los 705 nombres PEP (Personas Políticamente Expuestas por sus siglas en inglés), de personas con cargos públicos que se acogieron a la amnistía. A día de hoy apenas se conocen un puñado de estos nombres: Rodrigo Rato, José Ángel Fernández Villa –el líder del sindicalismo minero–, Francisco Granados y la esposa de Miguel Arias Cañete, Micaela Domecq, entre los más relevantes. Del resto de los políticos o familiares directos de políticos que tuvieron acceso al dinero público y además guardaban patrimonio opaco poco o nada se sabe. Al menos por ahora.