Sánchez aspira a batir récords: 1,25 millones de inmigrantes regularizados por decreto
El Gobierno de Pedro Sánchez se prepara para aprobar el martes una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular que, según las cifras manejadas, superaría el millón de personas, lo que la convertiría en la mayor de la historia de España, incluso por encima de la que llevó a cabo Jesús Caldera en 2005. El decreto, que se publicará en el BOE, tiene una validez inicial de un mes, pero el Ejecutivo ya baraja mecanismos para prorrogarlo y evitar el filtro parlamentario, algo que ha encendido todas las alarmas.
Números que marean: de 500.000 a 1,25 millones
La estimación oficial habla de 500.000 personas, pero distintas fuentes apuntan a que la cifra real podría alcanzar 1,25 millones una vez se contabilicen las reagrupaciones familiares y los efectos llamada. El decreto permitirá regularizar a quienes acrediten dos años de residencia en España, pero los críticos denuncian que el proceso será tan laxo que cualquiera podrá obtener los papeles casi sin control. Mientras, los funcionarios de Extranjería se han declarado en huelga para impedir la avalancha, y el Gobierno ya prepara vías para sortearlos, como habilitar las oficinas de Correos como puntos de tramitación.
El impacto económico y social: una bomba de relojería
En términos económicos, las previsiones son catastróficas para el mercado laboral, la sanidad y la vivienda. La regularización masiva inyectará cientos de miles de nuevos demandantes de empleo en sectores ya tensionados, disparará las listas de espera en hospitales y consolidará la burbuja del alquiler. A esto se suma el efecto llamada: cada regularizado podrá traer a su familia, multiplicando la cifra por cuatro o cinco en pocos años. Como contrapartida, los defensores de la medida argumentan que aflorará economía sumergida y aumentará la recaudación, pero los datos de experiencias anteriores no avalan ese optimismo.
Estrategia política: cortina de humo y golpe de mano
El momento elegido no es casual. Con el Gobierno en minoría y la Justicia pisándole los talones, Sánchez busca un golpe de efecto que movilice a su base y desvíe la atención de los casos de corrupción. Pero la jugada es peligrosa: al aprobar la regularización por decreto, se salta el control del Congreso y desafía al poder judicial, que ya ha advertido que podría tumbar la medida. Además, la huelga de funcionarios y las protestas sociales crecen, y algunos analistas vaticinan un conflicto civil de dimensiones desconocidas si no se frena a tiempo.
El Gobierno ha abierto una caja de Pandora cuyas consecuencias nadie puede predecir. La pregunta que flota en el aire es si esta medida, además de récord histórico, será el principio del fin del Estado de derecho tal como lo conocemos.
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