[joróbate Perro] Y si Ceuta se declarase independiente de España y se asociara con una potencia que les proteja de verdad?

Ceuta, 80.000 habitantes y 20 km²: la tentación del protectorado​

En Ceuta, una ciudad de unos 80.000 habitantes y apenas 20 kilómetros cuadrados pegada al Estrecho, se ha instalado una pregunta que hasta hace poco sonaba a broma de sobremesa: y si dejar de pertenecer a España —o al menos dejar de depender solo de España— fuera la salida. La duda no nace de un arrebato identitario. Nace de un atasco en la frontera, de una presión migratoria que se ha convertido en paisaje y de la sensación, muy extendida en la ciudad, de que Madrid llega tarde a todo lo que pasa a 14 kilómetros de la costa marroquí.

Para calibrar lo que se discute conviene retroceder 150 años. En 1873, el Cantón de Cartagena, aquel experimento federalista, coqueteó con separarse de España y pedir su anexión a Estados Unidos. Antonete Gálvez y los suyos se quedaron en el intento, pero el episodio demuestra que buscar un protector lejano cuando el Estado propio falla no es ninguna novedad histórica. La historia del cantón, por cierto, no tiene desperdicio.

¿Cuántas personas han llegado a Ceuta y qué dicen las cifras?​

Las cifras oficiales y las que circulan por la ciudad no coinciden. Frente a las 2.000 personas que citaba el Gobierno, los cómputos difundidos en la última semana elevan la cifra por encima de las 12.000, y las más de 10.000 que, según esos mismos recuentos, habrían permanecido en el término municipal. La discrepancia —de un orden de magnitud— es la gasolina del cabreo local y la base sobre la que se construye cualquier discusión sobre el futuro de la ciudad.

Hay quien recuerda que cada año se registran decenas de miles de entradas y salidas por la frontera y que la novedad no es el volumen, sino la mezcla de saturación, visibilidad y falta de respuesta. Otros sostienen que el traslado de personas a un nuevo asentamiento en la zona portuaria, difundido por la prensa local, convirtió un problema administrativo en una imagen política imposible de digerir. Una parte del vecindario lo interpreta como abandono; otra, como el precio de vivir en una frontera caliente.

La economía real de 20 kilómetros cuadrados​

Ceuta es una ciudad estructuralmente deficitaria: su puerto es una de las principales puertas logísticas de entrada a Europa desde África y su posición domina el acceso al Mediterráneo, pero su economía depende del régimen fiscal especial, del comercio de tránsito y del sector público. Un cálculo que circula por los mentideros locales sostiene que cerca del 20% de la población vive de algún tipo de prestación, lo que convierte cualquier shock fronterizo en un problema de caja inmediato.

El problema del argumento independentista es aritmético. Los términos de una hipotética asociación no los va a dictar una ciudad de 80.000 habitantes: los dictará quien ponga los medios. Y la posición, siendo estratégica, no es única —ahí están Gibraltar y Tánger—, así que la capacidad de negociación se reduce a lo que una potencia esté dispuesta a gastar por adelantarse a otra. Quien necesita protección la pide; quien la concede, cobra.

El artículo 155 y el laberinto jurídico​

La vía legal para intervenir una autonomía existe y se llama artículo 155, aunque exige mayoría absoluta del Senado, y su aplicación a una ciudad autónoma es técnicamente posible. El debate sobre si el Estado ha incumplido sus obligaciones constitucionales de defensa de la integridad territorial es, en cambio, una interpretación con pocos precedentes y menos recorrido práctico: el artículo 8 de la Constitución asigna esa misión a las Fuerzas Armadas, pero nadie ha judicializado su incumplimiento.

El precedente catalán funciona como espejo deformado. Se celebraron dos consultas sin garantías y sin reconocimiento, y el Estado no las frenó en la calle: las desactivó en los tribunales. Quien use ese antecedente para imaginar un referéndum ceutí tendrá que explicar antes quién lo convoca, con qué censo y con qué reconocimiento internacional, porque sin eso solo hay una pancarta.

¿Quién querría un protectorado en el Estrecho?​

La lista de candidatos que se baraja es un catálogo de intereses, no de afectos. Estados Unidos aparece primero por velocidad: un presidente que ha manifestado apetitos territoriales por Groenlandia, el estrecho de Ormuz, Canadá o Panamá reaccionaría en horas, según el cálculo más repetido, y bastaría con ofrecerle un escaparate. Reino Unido, China o Rusia se citan como alternativas, aunque las dos últimas se antojan más lentas y prudentes. Puerto Rico, con estatus de libre asociación y sin voto en las elecciones presidenciales, se usa como ejemplo y como advertencia a la vez.

El escenario pesimista también tiene su lógica: si la fórmula cuaja, el precedente se extiende. Canarias, Mallorca o zonas peninsulares podrían acabar financiadas por terceros con intereses propios, y la integridad del país quedaría reducida a una hipótesis a 20 años. El optimista replica que un mal gobierno sin consecuencias nunca corrige, y que la amenaza de perder territorio es el único incentivo que funciona.

El dato que descoloca​

Y mientras la discusión se eleva, el termómetro local se mide en cosas pequeñas. Circuló la advertencia de que un partido de la selección sub-20 en Ceuta podía suspenderse por falta de garantías de seguridad y de que el club de Segunda tendría que buscar otro estadio. Cuando el fútbol deja de jugarse, el problema ya no es geopolítico: es de calendario.