JIJIJI: Demolición térmica carbón la Robla León.

Adiós a la térmica de La Robla: 750.000 euros de IBI menos y un pueblo condenado a las subvenciones​

La demolición de la central térmica de La Robla (León) no es solo la caída de una chimenea. Es el símbolo de una política energética que dinamita capacidad de generación mientras Europa sufre la peor crisis de precios eléctricos en décadas. En el acto, unas cien personas contemplaron cómo se desvanecía su pasado industrial. Nadie protestó. Hubo risas, comentarios banales, y la sensación de que el rebaño asiste manso a su propio empobrecimiento.

La central, propiedad de Naturgy, quemaba carbón —en sus últimos años, importado de Rusia— y daba empleo directo e indirecto a cientos de familias. Su cierre supone un mazazo para las arcas municipales: 750.000 euros anuales de IBI industrial que desaparecen. El argumento oficial es la transición ecológica, pero los datos invitan al escepticismo.

El agujero económico que nadie quiere ver​

El impacto fiscal es innegable. La Robla pierde ese medio millón largo de ingresos propios, justo cuando el municipio ya arrastraba una tasa de paro elevada y una renta por debajo de la media provincial. Según algunos análisis, el paro ha bajado, pero porque la gente emigra. La población activa huye. No hay alternativa industrial: la mina de carbón que daba trabajo a 1.500 personas cerró hace años. La promesa de las renovables suena a brindis al sol cuando faltan infraestructuras de respaldo.

Mientras, el carbón sigue siendo rentable. Su precio se ha disparado a niveles no vistos en 200 años, y Alemania —lejos de cerrar sus centrales— quema lignito a destajo y ha desmantelado un parque eólico para ampliar una mina a cielo abierto. La empresa RWE justifica la medida por la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. España, en cambio, se empeña en demoler.

Esquizofrenia energética europea​

El contraste es brutal. Alemania, que hace años cerró sus minas de carbón autóctono, importa ahora carbón polaco y ruso. Polonia se negó a desmantelar sus térmicas. China está construyendo nueva capacidad de carbón a un ritmo que supera la potencia instalada total de EE.UU. Según proyecciones de Exxon, los combustibles fósiles supondrán el 69% de la energía primaria en 2050. Shell y BP, tras años de postureo verde, han vuelto a invertir en petróleo y gas. La única esquizofrenia parece ser la española.

El cierre de La Robla no responde a criterios técnicos o económicos, sino políticos. La decisión se tomó en un contexto de precios del gas disparados y dependencia exterior creciente. Demoler una central de carbón cuando no hay alternativa firme de respaldo —las renovables necesitan gas o almacenamiento— es, como mínimo, temerario. Y hacerlo mientras el suministro de gas peligra y su precio se ha multiplicado por cinco es directamente suicida.

¿Quién vota su propia ruina?​

Los resultados electorales de 2019 en La Robla dibujan un mapa esclarecedor: PSOE obtiene el 43,9% de los votos; PP, 17,7%; Vox, 14,1%; Podemos, 12,2%; Cs, 5,5%. El voto mayoritario ha ido a partidos que han ejecutado el cierre minero y la demolición térmica. El votante cautivo, atrapado en el clientelismo de subvenciones y planes de cuencas, apenas reacciona. La pregunta incómoda: ¿cómo se puede seguir votando a quienes destruyen tu tejido industrial?

La paradoja leonesa se repite en toda España. Zonas que dependen de la minería y la industria pesada votan sistemáticamente a los partidos que cierran minas y térmicas. Castilla y León, con su potencial hidroeléctrico y minero, se vacía mientras sus representantes políticos aplauden la transición energética. El resultado es una región zombi: ancianos, prejubilados y funcionarios que viven de las paguitas.

La demolición no es el final​

La central cae, pero nadie ha diseñado un plan creíble de reconversión. Las minicentrales hidroeléctricas, que podrían aprovechar los desniveles de los ríos sin impacto ambiental, no se impulsan. Las presas de bombeo, esenciales para almacenar renovables, no se construyen desde hace dos décadas. Mientras, los directivos de las eléctricas reconocen que es mejor demoler antes de que la necesidad obligue a reabrir. Por si acaso.

El silencio cómplice de los medios locales —que cubren la demolición como un espectáculo— y la resignación de la población completan el cuadro. Alguien debería preguntarse si la transición energética no es, en realidad, una excusa para desindustrializar España y aumentar la dependencia exterior. De momento, las risas y los jijijeos ocultan la ruina. Pero el día que falte el gas y no haya carbón ni centrales, el rebaño dejará de reír.