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Estoy bastante de acuerdo con su evaluación, peroPara que Puente pueda ser considerado responsable de un delito de homicidio doloso (en segundo grado o eventual) hay que acreditar algo más que una mala gestión o una falta de inversión en seguridad. Es decir, tendrías que demostrar que Puente conocía un peligro CONCRETO (que no genérico) y que además ese peligro concreto era MORTAL. Por ejemplo, que faltaba un tramo de vía en el trayecto Madrid-Sevilla o que la guerra extremista tenía previsto atentar en ese mismo tramo en ese mismo día y que pese a ello permitió que siguieran circulando los trenes en ese tramo.
Si tomamos como referencia el accidente de Urda, la acusación tendría que demostrar que Puente sabía que había un tren detenido en la vía y que pese a ello dio orden expresa para que el tren que se aproximaba por detrás continuara la marcha a 200km/h sabiendo que existía una probabilidad muy elevada de que se produjera una colisión mortal (dolo eventual) o sabiendo que su decisión causaría gloria prácticamente con toda certeza (dolo de segundo grado).
Pues buena suerte con eso, todo indica que no fue Puente el que dio la orden para que los trenes reemprendieran la marcha habiendo uno parado más adelante y que el que dio la orden no estaba al teléfono con Puente cuando la dio.
No comparto tu opinión.
y??
¿acaso pasar el día en la finca de un amigo empresario o que éste te preste un coche es constitutivo de delito de prevaricación?
... es el artículo de la dimisión de Puente que has subido y que está redactado de forma tendenciosa.
Cateta del psoe valga la da repelús, tratando de colar una justificación a lo injustificable.
Eso sí, poniendo una amable crítica "que la seguridad no va en consonancia".
Para tapar la corrupción psoeta que causa no sólo el robo de nuestros bienes, sino también nuestras vidas.
Estoy bastante de acuerdo con su evaluación, pero
desde una perspectiva penal, me parece mucho más pertinente investigar al operador, a sus supervisores y a quienes tenían el deber efectivo de controlar aquella situación.
Eso no equivale a declararlos culpables: todavía deben determinarse sus conocimientos, decisiones, obligaciones y eventuales incumplimientos.
Como constato que Ud.tiene capacitacion legal me permito traerle este material que puede servir para evaluar comparativamente lo ocurrido en Urda.También yo veo más recorrido penal a la investigación de los operadores, supervisores y responsables de seguridad de Adif. Para condenar al ministro, el tribunal tendría que identificar una acción u omisión concreta causalmente vinculada al accidente, por ejemplo que el ministro desoyó un informe técnico advirtiendo del riesgo de que ocurriera lo que finalmente ocurrió en Urda (autorización indebida de la marcha normal de un tren sin antes comprobar que el cantón está libre) o que el ministro llamó al centro de control en el día del accidente para autorizar la marcha normal de los trenes.
A día de hoy, no hay informaciones que apunten en esa dirección, lo que no ha impedido a cierto partido político presentar una querella contra Puente al día siguiente del accidente. Eso sí, VOX se ha querellado por HOMICIDIO IMPRUDENTE que no por HOMICIDIO DOLOSO porque el "dolo" solo lo ven algunos en burbuja que hablan desde la barra del bar.
Además de la denuncia contra Puente, VOX ha presentando sendas querellas, también por homicidio imprudente, contra los operadores que autorizaron la reanudación de la marcha, sus superiores inmediatos y los responsables de los procedimientos de seguridad. Entiendo que en el caso de los operadores se trata de homicidio por imprudencia mediante acción y que en el caso de los demás, es por omisión pero estoy especulando porque no se han publicado los escritos. Siquiera sé si las querellas han sido admitidas a trámite. La investigación está todavía en una fase muy inicial.
En España , la posición jerárquica tampoco te otorga inmunidad, solo el jefe del Estado está blindado frente a los tribunales (la responsabilidad de sus actuaciones las asume el ministro del ramo).Como constato que Ud.tiene capacitacion legal me permito traerle este material que puede servir para evaluar comparativamente lo ocurrido en Urda.
Quisiera recordarles a los participantes de este hilo un precedente judicial argentino que merece ser conocido en España.
El 22 de febrero de 2012, un tren de pasajeros se estrelló contra los topes de la estación Once de Buenos Aires.
Murieron 51 personas y otras 789 resultaron heridas.
Naturalmente, se investigó y condenó al maquinista. Pero la Justicia argentina no se detuvo allí.
La investigación ascendió por la estructura administrativa y alcanzó a los responsables de la política ferroviaria del Gobierno nacional.
Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ambos exsecretarios de Transporte, fueron condenados penalmente. Y, todavía más importante, Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, terminó condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta, sentencia que quedó firme en 2025.
¿Por qué fue condenado un ministro que no conducía trenes, no manejaba señales ferroviarias y no estaba presente cuando ocurrió el accidente?
Porque la Justicia acreditó su participación en una administración fraudulenta relacionada con los recursos del sistema ferroviario, cuya fiscalización estaba bajo la órbita de su ministerio.
Conviene precisar que De Vido fue absuelto del delito de estrago culposo. Pero su posición jerárquica no le otorgó inmunidad frente a los delitos que sí pudieron demostrarse.
¿Qué enseñanza ofrece este precedente para el accidente de Urda, en Toledo?
Que la investigación penal no tiene por qué terminar en el controlador de Atocha que autorizó la circulación del AVE.
Es indispensable averiguar qué sabían sus superiores, qué protocolos regían ante una avería de señalización, qué advertencias previas existían y quién tenía la obligación de disponer las medidas de seguridad correspondientes.
Y, naturalmente, hasta dónde llegaban los deberes concretos de supervisión de los responsables políticos del sistema ferroviario.
No afirmo que Óscar Puente sea penalmente culpable. Eso exige pruebas, identificación de un deber jurídico incumplido y acreditación de la relación causal correspondiente.
Pero tampoco acepto que la condición de ministro constituya, por sí sola, una razón para excluirlo de una investigación.
Argentina ofrece un precedente perfectamente documentado: un maquinista, directivos empresariales, secretarios de Transporte y un ministro fueron sometidos a la Justicia, con condenas diferentes según sus respectivas conductas.
No se trata de condenar anticipadamente a nadie, sino de investigar sin establecer un techo jerárquico artificial.
Porque una cadena de responsabilidades no necesariamente termina en el último empleado que ejecutó una orden. También puede extenderse hacia quienes tenían obligaciones legales de dirección, vigilancia y control.
Y eso, señores, no es una consigna política. Es una cuestión de responsabilidad jurídica que merece ser examinada con todo rigor.
Accidente ferroviario de Once - Wikipedia, la enciclopedia libre
https://www.clarin.com/fotogalerias...es-choque-dejo-52-perecidos_5_QHyxiuK3Yd.html
Absolutamente de acuerdo, todo indicio de delito debe ser investigado por la justicia y esto incluye también los máximos responsables políticos..Como constato que Ud.tiene capacitacion legal me permito traerle este material que puede servir para evaluar comparativamente lo ocurrido en Urda.
Quisiera recordarles a los participantes de este hilo un precedente judicial argentino que merece ser conocido en España.
El 22 de febrero de 2012, un tren de pasajeros se estrelló contra los topes de la estación Once de Buenos Aires.
Murieron 51 personas y otras 789 resultaron heridas.
Naturalmente, se investigó y condenó al maquinista. Pero la Justicia argentina no se detuvo allí.
La investigación ascendió por la estructura administrativa y alcanzó a los responsables de la política ferroviaria del Gobierno nacional.
Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ambos exsecretarios de Transporte, fueron condenados penalmente. Y, todavía más importante, Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, terminó condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta, sentencia que quedó firme en 2025.
¿Por qué fue condenado un ministro que no conducía trenes, no manejaba señales ferroviarias y no estaba presente cuando ocurrió el accidente?
Porque la Justicia acreditó su participación en una administración fraudulenta relacionada con los recursos del sistema ferroviario, cuya fiscalización estaba bajo la órbita de su ministerio.
Conviene precisar que De Vido fue absuelto del delito de estrago culposo. Pero su posición jerárquica no le otorgó inmunidad frente a los delitos que sí pudieron demostrarse.
¿Qué enseñanza ofrece este precedente para el accidente de Urda, en Toledo?
Que la investigación penal no tiene por qué terminar en el controlador de Atocha que autorizó la circulación del AVE.
Es indispensable averiguar qué sabían sus superiores, qué protocolos regían ante una avería de señalización, qué advertencias previas existían y quién tenía la obligación de disponer las medidas de seguridad correspondientes.
Y, naturalmente, hasta dónde llegaban los deberes concretos de supervisión de los responsables políticos del sistema ferroviario.
No afirmo que Óscar Puente sea penalmente culpable. Eso exige pruebas, identificación de un deber jurídico incumplido y acreditación de la relación causal correspondiente.
Pero tampoco acepto que la condición de ministro constituya, por sí sola, una razón para excluirlo de una investigación.
Argentina ofrece un precedente perfectamente documentado: un maquinista, directivos empresariales, secretarios de Transporte y un ministro fueron sometidos a la Justicia, con condenas diferentes según sus respectivas conductas.
No se trata de condenar anticipadamente a nadie, sino de investigar sin establecer un techo jerárquico artificial.
Porque una cadena de responsabilidades no necesariamente termina en el último empleado que ejecutó una orden. También puede extenderse hacia quienes tenían obligaciones legales de dirección, vigilancia y control.
Y eso, señores, no es una consigna política. Es una cuestión de responsabilidad jurídica que merece ser examinada con todo rigor.
Accidente ferroviario de Once - Wikipedia, la enciclopedia libre
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Es perfectamente legítimo (y necesario) averiguar qué información llegó al Ministerio, qué advertencias existían y qué medidas se adoptaron.Como constato que Ud.tiene capacitacion legal me permito traerle este material que puede servir para evaluar comparativamente lo ocurrido en Urda.
Quisiera recordarles a los participantes de este hilo un precedente judicial argentino que merece ser conocido en España.
El 22 de febrero de 2012, un tren de pasajeros se estrelló contra los topes de la estación Once de Buenos Aires.
Murieron 51 personas y otras 789 resultaron heridas.
Naturalmente, se investigó y condenó al maquinista. Pero la Justicia argentina no se detuvo allí.
La investigación ascendió por la estructura administrativa y alcanzó a los responsables de la política ferroviaria del Gobierno nacional.
Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ambos exsecretarios de Transporte, fueron condenados penalmente. Y, todavía más importante, Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, terminó condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta, sentencia que quedó firme en 2025.
¿Por qué fue condenado un ministro que no conducía trenes, no manejaba señales ferroviarias y no estaba presente cuando ocurrió el accidente?
Porque la Justicia acreditó su participación en una administración fraudulenta relacionada con los recursos del sistema ferroviario, cuya fiscalización estaba bajo la órbita de su ministerio.
Conviene precisar que De Vido fue absuelto del delito de estrago culposo. Pero su posición jerárquica no le otorgó inmunidad frente a los delitos que sí pudieron demostrarse.
¿Qué enseñanza ofrece este precedente para el accidente de Urda, en Toledo?
Que la investigación penal no tiene por qué terminar en el controlador de Atocha que autorizó la circulación del AVE.
Es indispensable averiguar qué sabían sus superiores, qué protocolos regían ante una avería de señalización, qué advertencias previas existían y quién tenía la obligación de disponer las medidas de seguridad correspondientes.
Y, naturalmente, hasta dónde llegaban los deberes concretos de supervisión de los responsables políticos del sistema ferroviario.
No afirmo que Óscar Puente sea penalmente culpable. Eso exige pruebas, identificación de un deber jurídico incumplido y acreditación de la relación causal correspondiente.
Pero tampoco acepto que la condición de ministro constituya, por sí sola, una razón para excluirlo de una investigación.
Argentina ofrece un precedente perfectamente documentado: un maquinista, directivos empresariales, secretarios de Transporte y un ministro fueron sometidos a la Justicia, con condenas diferentes según sus respectivas conductas.
No se trata de condenar anticipadamente a nadie, sino de investigar sin establecer un techo jerárquico artificial.
Porque una cadena de responsabilidades no necesariamente termina en el último empleado que ejecutó una orden. También puede extenderse hacia quienes tenían obligaciones legales de dirección, vigilancia y control.
Y eso, señores, no es una consigna política. Es una cuestión de responsabilidad jurídica que merece ser examinada con todo rigor.
Accidente ferroviario de Once - Wikipedia, la enciclopedia libre
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Y yo tampoco. Lo que estaba criticando es la celeridad con la que VOX ha acusado de homicidio imprudente al ministro Puente estando la investigación judicial (y la política también) "en pañales" como quien dice.Como constato que Ud.tiene capacitacion legal me permito traerle este material que puede servir para evaluar comparativamente lo ocurrido en Urda.
Quisiera recordarles a los participantes de este hilo un precedente judicial argentino que merece ser conocido en España.
El 22 de febrero de 2012, un tren de pasajeros se estrelló contra los topes de la estación Once de Buenos Aires.
Murieron 51 personas y otras 789 resultaron heridas.
Naturalmente, se investigó y condenó al maquinista. Pero la Justicia argentina no se detuvo allí.
La investigación ascendió por la estructura administrativa y alcanzó a los responsables de la política ferroviaria del Gobierno nacional.
Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ambos exsecretarios de Transporte, fueron condenados penalmente. Y, todavía más importante, Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, terminó condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta, sentencia que quedó firme en 2025.
¿Por qué fue condenado un ministro que no conducía trenes, no manejaba señales ferroviarias y no estaba presente cuando ocurrió el accidente?
Porque la Justicia acreditó su participación en una administración fraudulenta relacionada con los recursos del sistema ferroviario, cuya fiscalización estaba bajo la órbita de su ministerio.
Conviene precisar que De Vido fue absuelto del delito de estrago culposo. Pero su posición jerárquica no le otorgó inmunidad frente a los delitos que sí pudieron demostrarse.
¿Qué enseñanza ofrece este precedente para el accidente de Urda, en Toledo?
Que la investigación penal no tiene por qué terminar en el controlador de Atocha que autorizó la circulación del AVE.
Es indispensable averiguar qué sabían sus superiores, qué protocolos regían ante una avería de señalización, qué advertencias previas existían y quién tenía la obligación de disponer las medidas de seguridad correspondientes.
Y, naturalmente, hasta dónde llegaban los deberes concretos de supervisión de los responsables políticos del sistema ferroviario.
No afirmo que Óscar Puente sea penalmente culpable. Eso exige pruebas, identificación de un deber jurídico incumplido y acreditación de la relación causal correspondiente.
Pero tampoco acepto que la condición de ministro constituya, por sí sola, una razón para excluirlo de una investigación.
Argentina ofrece un precedente perfectamente documentado: un maquinista, directivos empresariales, secretarios de Transporte y un ministro fueron sometidos a la Justicia, con condenas diferentes según sus respectivas conductas.
No se trata de condenar anticipadamente a nadie, sino de investigar sin establecer un techo jerárquico artificial.
Porque una cadena de responsabilidades no necesariamente termina en el último empleado que ejecutó una orden. También puede extenderse hacia quienes tenían obligaciones legales de dirección, vigilancia y control.
Y eso, señores, no es una consigna política. Es una cuestión de responsabilidad jurídica que merece ser examinada con todo rigor.
Accidente ferroviario de Once - Wikipedia, la enciclopedia libre
https://www.clarin.com/fotogalerias...es-choque-dejo-52-perecidos_5_QHyxiuK3Yd.html
En España , la posición jerárquica tampoco te otorga inmunidad, solo el jefe del Estado está blindado frente a los tribunales (la responsabilidad de sus actuaciones las asume el ministro del ramo).
Precisar tan solo que el delito argentino de estrago culposo (que no "doloso", ojo), tiene su equivalente en el CP español en el delito de estragos por imprudencia grave (art 347). Pero, a diferencia del CP argentino, el articulo 347 no contempla la agravación de la pena cuando los estragos producen victimas mortales por lo que las gloria no dolosas de un accidente ferroviario en España se castigan como homicidios por imprudencia (art 142).
Absolutamente de acuerdo, todo indicio de delito debe ser investigado por la justicia y esto incluye también los máximos responsables políticos..
Es perfectamente legítimo (y necesario) averiguar qué información llegó al Ministerio, qué advertencias existían y qué medidas se adoptaron.
Ahora bien, que un ministro tenga responsabilidades generales de supervisión no significa que posea automáticamente una posición de garante penal respecto de todas las decisiones operativas de Adif, que es lo que se desprende de la querella que presentó VOX.
Y yo tampoco. Lo que estaba criticando es la celeridad con la que VOX ha acusado de homicidio imprudente al ministro Puente estando la investigación judicial (y la política también) "en pañales" como quien dice.
Lo suyo es personarse en la causa como acusación popular para poder ir formulando acusaciones a medida que avanza la investigación.
Es mi opinión, claro -- mi opinión como demócrata alérgica a la politización de la justicia. Me explico: la justicia investiga delitos que no PERSONAS. Este matiz es FUNDAMENTAL y si eres demócrata entenderás perfectamente lo que estoy diciendo.
Si tienes información sobre cómo se comportó la oposición argentina (equivalente a la ppvox) política y judicialmente hablando durante el accidente, seria interesante conocerla.
Como reacciono la oposicion politica argentina ante la tragedia de Once en 2012
El 22 de febrero de 2012 se produjo en Buenos Aires una catástrofe ferroviaria que dejó 51 fallecidos (52 contando al descendiente por nacer de una víctima embarazada) y 789 heridos. Gobernaba Cristina Fernández de Kirchner.
La reacción de la oposición fue inmediata y contundente, tanto política como judicialmente.
La Unión Cívica Radical (UCR), uno de los principales partidos opositores, exigió la renuncia del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y la comparecencia parlamentaria de su superior, el ministro de Planificación, Julio De Vido.
El 28 de febrero anunció denuncias penales contra ambos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El senador Gerardo Sarracena llegó a reclamar judicialmente allanamientos en organismos ferroviarios para preservar pruebas.
La Coalición Cívica, encabezada por Elisa Carrió, fue todavía más lejos. El 29 de febrero de 2012 presentó formalmente ante el Congreso un pedido de juicio político contra el ministro Julio De Vido, por mal desempeño de sus funciones y responsabilidad en el deterioro de la seguridad ferroviaria.
No se trató de una simple declaración: consta en el expediente parlamentario 6465-D-2011.
La responsabilidad llegó hasta la Presidencia. El 1 de febrero de 2013, Elisa Carrió presentó otro proyecto de juicio político, esta vez contra la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, alegando su responsabilidad política en la gestión ferroviaria que precedió a la tragedia. Expediente 8624-D-2012. Ninguno de estos pedidos significó una destitución.
El PRO, partido de Mauricio Macri, también reclamó que se establecieran responsabilidades políticas y penales. María Eugenia Vidal, entonces vicejefa del Gobierno de Buenos Aires, exigió que el desastre no quedara impune, aunque dejó expresamente en manos de la Justicia la determinación de los culpables.
La Justicia argentina investigó a empresarios, al maquinista y a altos funcionarios del Gobierno nacional.
Los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi recibieron condenas penales. El propio ministro Julio De Vido fue condenado por administración fraudulenta contra el Estado. Su condena definitiva quedó fijada en cuatro años de prisión y adquirió firmeza en noviembre de 2025. Desde mayo de 2026 cumple prisión domiciliaria por razones de salud.
Una precisión jurídica importante: De Vido fue absuelto del delito de estrago culposo, relacionado directamente con las gloria. Su condena fue por administración fraudulenta.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no fue condenada penalmente por esta tragedia.
El precedente argentino demuestra que la investigación de una catástrofe ferroviaria puede alcanzar los niveles superiores de la Administración, incluso a un ministro, cuando existen pruebas de incumplimientos concretos de sus obligaciones.
Naturalmente, la responsabilidad política no equivale automáticamente a responsabilidad penal. Esta última requiere acreditar los elementos del delito.
Pero tampoco resulta aceptable que, ante una tragedia, la investigación se agote en el último empleado de la cadena de mando, sin examinar las decisiones, omisiones, advertencias previas y deberes de supervisión de sus superiores.
Esa es, precisamente, la cuestión que debería esclarecerse también en España.
si eres tan amable, explícanos qué relación tiene "un alzamiento nacional" -léase un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de España-- con un accidente ferroviario que está siendo investigado judicialmente desde el minuto uno y que ha provocado la dimisión del ministro del ramo y el cese del director de Adif en cuestión de días.Yo pienso (luego existo) que las dos acciones son necesarias: el minuto de silencio y la exigencia de responsabilidades, incluso un alzamiento nacional.
Estimado sr Shy,
Desde aquí le saludo, y aplico un poco de contexto basado en fuentes buenas.
"Para que Puente pueda ser considerado responsable de un delito de homicidio doloso (en segundo grado o eventual) hay que acreditar algo más que una mala gestión o una falta de inversión en seguridad. Es decir, habría que demostrar que Puente conocía un peligro CONCRETO (que no genérico) y que además ese peligro concreto era MORTAL. "
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El consejero delegado de Iryo advirtió de los problemas del sistema LZB en sus trenes tres semanas antes del accidente de Urda
Fabrizio Favara alertó en el Senado de las desconexiones del sistema de señalización de la línea Madrid-Sevilla y los problemas para reanudar la marchaelpais.com
Aquí el DG de Iryo lo denunció en el Senado. Si Puente estaba en Twitter en lugar de enterado, es una crítica a su gestión.
Todo lo posible: suspender el servicio de viajeros hasta el restablecimiento de la normalidad en el sistema de señalización.La comisión de delito que citas es CULPOSO.
El ex ministro cometió, en mi modesta opinión, delito DOLOSO. Porque tiene culpa in vigilando. Lo que hay que acreditar es, en este caso y para ese tipo penal, que hizo todo lo posible para minorar la posibilidad de desastre.