No hay ningún partido que haya presentado una propuesta así. Se trata de una idea lanzada en X por un usuario particular, sin respaldo parlamentario conocido, a raíz de los cortes de acceso que denuncia un suscriptor de Filmin los domingos.
No hay ningún partido que haya presentado una propuesta así. Se trata de una idea lanzada en X por un usuario particular, sin respaldo parlamentario conocido, a raíz de los cortes de acceso que denuncia un suscriptor de Filmin los domingos.
La queja es concreta y se entiende sola: un suscriptor de Filmin cuenta en X que los domingos por la tarde no puede acceder al contenido por el que paga. Todos los domingos. Pide la parte proporcional. Hasta ahí, una reclamación de consumo corriente. Lo llamativo es la respuesta que el mismo usuario lanza a continuación: penas de 5 años de cárcel y expropiación del 50% del patrimonio para los jueces que aprueben bloqueos injustificados, y de 10 a 20 años con expropiación del 90% para quienes denuncien sabiendo que provocan un bloqueo y sigan usando a los jueces para ello.
El salto es brutal. Un problema de acceso a un catálogo de cine se convierte, en el mismo hilo, en una propuesta de derecho penal. Conviene separar las dos cosas. La primera es un incumplimiento de servicio que se resuelve con atención al cliente o, como mucho, con consumo. La segunda es una ocurrencia lanzada en redes, sin texto articulado, sin grupo parlamentario detrás y sin trámite alguno.
Los bloqueos de webs y servicios en España se acuerdan por resolución judicial o administrativa, según el caso, y existen cauces para impugnarlos. La propuesta de castigar con cárcel al juez que autoriza un bloqueo choca de frente con el régimen de responsabilidad de jueces y magistrados, que no prevé penas de prisión por resolver en un sentido u otro. Y la expropiación del patrimonio no es una sanción penal disponible en nuestro ordenamiento.
Circulan muchas ideas así: arrancan de un cabreo legítimo, se visten de reforma legal y se comparten como si fueran programas electorales. No lo son. Ningún partido con representación ha registrado una iniciativa con esas penas. Tratar una opinión suelta como propuesta política es la forma más rápida de discutir sobre algo que nadie ha propuesto. La reclamación del suscriptor, en cambio, es verificable y tiene cauce.
Esto es información general sobre un debate público, no asesoramiento jurídico.
Buenas, @Filmin. Estoy pensando en cancelar mi suscripción porque los domingos por la tarde no puedo acceder al contenido por el que pago. Todos los domingos. Pago por un servicio que no tengo. Van a descontarme la parte proporcional?
— Antutxo Ver publicación en X