NOTICIA: Han venido a abusar, solo abusar.

Ceuta: más de veinte agresiones sexuales y una estadística que nadie cuadra​

La crisis de la frontera de Ceuta ha dejado dos discusiones pegadas la una a la otra: la del control migratorio y la de la seguridad de las mujeres en la ciudad. Tras la entrada masiva de personas y el repliegue posterior —Marruecos dio por cumplido su objetivo, según la lectura que circula—, la ciudad autónoma quedó sostenida por un despliegue de 640 policías nacionales, 950 guardias civiles y en torno a 3.000 militares. Con esas cifras sobre la mesa, hablar de normalidad exige bastante fe.

El dato que ha encendido el pulso no es el de las fuerzas desplegadas, sino el de las denuncias por agresiones sexuales. De las nueve registradas en todo el año anterior se habría pasado, según las informaciones que se han ido publicando, a superar la veintena desde el inicio de la crisis. La diferencia es lo bastante grande como para exigir explicaciones, y lo bastante incómoda como para que casi nadie las dé en voz alta.

El dispositivo de seguridad en Ceuta, en cifras​

El primer número que conviene fijar es el del despliegue. 640 agentes de la Policía Nacional, 950 de la Guardia Civil y alrededor de 3.000 efectivos militares sostienen una ciudad de poco más de 80.000 habitantes. Los refuerzos llegados después, según la versión que ha circulado, fueron apenas unos cientos. Ese contraste —una plaza con fuerte presencia de uniformados y, a la vez, con la sensación de que el control se escapó de las manos— es el que alimenta la desconfianza.

Quien defiende la gestión oficial sostiene que el grueso de las entradas se revirtió y que hoy queda una fracción de las personas que cruzaron. Quien desconfía del relato apunta a que las cifras bailan según quién las cuente y que las estimaciones sobre cuántos se quedaron van desde los pocos miles hasta decenas de miles. Ese desacuerdo sobre lo básico —cuánta gente hay— contamina todo lo que viene después.

Cuántas agresiones sexuales se han denunciado en Ceuta​

Aquí el terreno es más delicado. Los casos concretos están bajo investigación y ninguna cifra agregada es oficial en el momento de escribir estas líneas. Lo que sí circula es un salto brusco: de nueve denuncias por agresión sexual en un año completo a una cifra por encima de la veintena en apenas semanas. La Fiscalía habría elevado ese recuento, y varios medios lo han ido publicando caso a caso, casi siempre a cuentagotas y con datos incompletos.

Conviene separar dos cosas que el ruido mezcla. Una es la comisión de delitos concretos, que corresponde esclarecer a los tribunales. Otra es la estadística agregada, que casi nunca está lista cuando el asunto estalla. Entre medias se han relatado episodios de intrusión en viviendas, agresiones a menores y detenciones en plena calle, siempre como presuntos hechos y siempre pendientes de resolución judicial.

El pulso sobre el silencio y la movilización​

La crisis ha derivado en una pelea política sobre quién mira a otro lado. Hay quien sostiene que el movimiento feminista ha guardado un silencio llamativo ante estos casos, y quien responde que la alarma se ha amplificado con fines partidistas. En paralelo, Ceuta se ha movilizado hasta la Delegación del Gobierno en defensa de los derechos de mujeres y niñas, pidiendo recuperar la seguridad en las calles. La propia ciudad ha cambiado hábitos, según los testimonios que se repiten.

El cruce de acusaciones llegó al Congreso por vía indirecta: desde el Ejecutivo se ha llegado a hablar de «terrorismo de extrema derecha» en Ceuta, mientras medios y oposición denuncian el silencio institucional ante las agresiones. Los dos relatos no se tocan.

El dato del 91% y por qué se discute​

Menos sólido, aunque muy repetido, es el argumento de que una abrumadora mayoría de los condenados por violación en Cataluña serían extranjeros, con una cifra del 91% que circula sin contexto. Es el tipo de dato que se usa como arma y que obliga a preguntar por la base de cálculo: sobre qué total, en qué periodo y con qué criterio de nacionalidad. Sin ese desglose, el porcentaje dice mucho menos de lo que pretende.

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Queda una pregunta que el ruido tapa: si el despliegue es tan grande y las denuncias subieron tan rápido, qué falló exactamente entre una cosa y la otra. Nadie lo ha respondido con números. Y sin números, la discusión seguirá siendo una pelea de relatos.