NOTICIA: Grupos antifa asociados a la ONG financiada por Soros aleccionan a los invasores de Ceuta para la fabricación de explosivos caseros

Un juez analiza compras de aguafuerte y aluminio en Ceuta​

Según fuentes policiales citadas por un medio, un supermercado de Ceuta habría comunicado a la Policía Nacional una compra que no le cuadraba: botellas de aguafuerte y rollos de papel de aluminio en manos de un grupo numeroso de migrantes, algunos asistidos por miembros de la ONG No Name Kitchen. El aviso llega a los agentes y estos abren diligencias. A partir de ahí, el asunto salta de la caja del supermercado a manos de un juez que intenta responder una pregunta incómoda: ¿esas compras tenían un destino doméstico o algo peor?

¿Qué se investiga y qué está probado?​

Un juzgado indaga si ese material podía ir destinado a la fabricación de explosivos caseros. Conviene retener el verbo: indaga. No hay condena firme ni resolución que dé por probado ese uso. Los productos señalados son de venta libre y tienen aplicaciones domésticas cotidianas; lo que analizan los investigadores es el patrón de compra, el volumen y quién acompaña a los compradores. Algunos mensajes del hilo sostienen que los agentes tienen identificadas a varias personas, aunque no consta que se hayan producido detenciones.

No Name Kitchen y el pulso político​

La ONG No Name Kitchen aparece en el centro de las acusaciones. Según las informaciones publicadas, la Policía la habría identificado como la entidad que repartió material incendiario entre los migrantes llegados a la ciudad, y Vox ha anunciado acciones legales contra ella. Son señalamientos que, de momento, no cuentan con resolución judicial, y una parte del análisis pide no dar por sentado lo que todavía es sospecha. En paralelo, otras informaciones apuntan a entidades que instalan puestos en la playa del Trampolín para repartir móviles y cargadores.

El negocio de la acogida: 32 millones y certificados a 60 euros​

Donde el asunto se vuelve economía pura es en la contabilidad de las entidades. Según las informaciones citadas y sin pruebas aportadas, Save the Children recibiría 32 millones de euros públicos y se le atribuye instruir a migrantes adultos para sortear las pruebas de edad; también se ha publicado la detección de un fraude de regularización con certificados a 60 euros tramitados a través de ONG. Una de las frases que más ha circulado, firmada por Rubén Pulido, resume esa crítica: «Monetizan cada inmigrante, cada plaza de acogida, cada traslado». Otras cifras que se citan en este asunto, sin confirmación independiente: la unidad móvil de wifi instalada para el CETI y la playa del Trampolín rondaría los 10.000 euros al mes, y los 63 millones asignados al Ministerio de Juventud e Infancia para Ceuta triplicarían lo destinado a Policía Nacional y Guardia Civil.

Quién sabía qué y cuándo​

La cronología también alimenta la polémica. Una información publicada sostiene, sin pruebas aportadas, que la secretaria de Estado Pilar Cancela y Cruz Roja conocían lo que iba a ocurrir en Ceuta 48 horas antes de que sucediera, y que el Ministerio del Interior destinó 1,5 millones a Cruz Roja y 21.000 euros a la Comisión Islámica un día después. Son datos que la oposición ha convertido en munición política y que no cuentan con confirmación oficial.

Con la causa abierta y sin conclusiones, hay una cifra que en el debate se destaca por encima de otras: en plena discusión sobre compras de aguafuerte y papel de aluminio en un supermercado, la partida pública para la acogida en Ceuta multiplicaría, según esas mismas informaciones, la destinada a quienes tendrían que vigilar esas compras.