Denuncias sin tramitar en Girona: cuando el delito no existe para la policía
En varias localidades de Girona de más de 30.000 habitantes, los vecinos denuncian que las comisarías de Mossos y Policía Local se niegan a tramitar denuncias por amenazas. Conseguir un papel que acredite la denuncia se ha convertido en una odisea que dura horas, cuando no días. Y si no hay papel, el crimen no existe.
El artículo 408 que nadie aplica
El Código Penal es claro: el artículo 408 castiga con inhabilitación de seis meses a dos años al funcionario que, faltando a su deber, deje intencionadamente de perseguir delitos de los que tenga noticia. Pero en la práctica, los ciudadanos que acuden a denunciar amenazas se topan con obstáculos sistemáticos. Un afectado relata que tras ser amenazado por un conocido delincuente, los Mossos acudieron a su domicilio pero no tramitaron la denuncia; al día siguiente, en la oficina, tampoco le dieron papel. Otro caso: un amigo agredido por tres personas no logró que le aceptaran la denuncia en comisaría.
Las dilaciones no son casuales. Varios testimonios coinciden en que los agentes intentan que la gente se vaya sin denunciar: esperas de tres o cuatro horas, excusas de que el encargado no está, sugerencias de que vuelvan al día siguiente. Un ciudadano que aguantó toda la noche esperando relata cómo, al día siguiente, en la Audiencia, los abogados pusieron cara de incredulidad al saber cuánto había tardado en poner la denuncia.
¿Bajar las estadísticas a costa del ciudadano?
Detrás de estas prácticas, muchos ven una orden no escrita de maquillar las cifras de criminalidad. «Así es como consiguen que bajen los delitos», resume con ironía un participante en el debate. El argumento se repite en múltiples hilos: denuncias que desaparecen del sistema, atestados que nunca se firman, crímenes que nunca existieron. Una denuncia no firmada es un delito que no cuenta en las estadísticas oficiales.
La sospecha no es nueva. Algunos veteranos recuerdan que ya en la época del «Torete» ocurría lo mismo: presiones para no admitir denuncias y así embellecer los balances de seguridad. La diferencia es que hoy, con la presión sobre las plantillas policiales y la creciente inseguridad en algunos barrios, el fenómeno se ha extendido.
La alternativa: el juzgado de guardia
Ante la negativa policial, la única opción que queda es acudir al juzgado de guardia. Allí se puede denunciar directamente al agente que se negó a tramitar la denuncia, e incluso grabar la conversación como prueba. Pero no es un camino fácil: el ciudadano medio se enfrenta a una maquinaria burocrática diseñada para desalentar. Y cuando el denunciante es una persona vulnerable, sin recursos ni conocimientos legales, la vía judicial se convierte en una quimera.
Un excepción: algunos usuarios aseguran que, si se imponen y se niegan a marcharse sin la denuncia, acaban consiguiéndola. Pero el desgaste emocional y el tiempo invertido no están al alcance de todos.
La sensación de impunidad se extiende. Mientras tanto, los presuntos delincuentes continúan en la calle, y las víctimas se preguntan de qué sirve llamar a la policía si al final el problema se lo tiene que resolver uno mismo. O no.