¿Está preparado Estepaís para ilegalizar al psoe por organización criminal?

¿Ilegalizar al PSOE? El debate que divide a la opinión pública​

La paradoja salta a la vista: mientras una corriente exige la ilegalización del PSOE como organización criminal, la justicia española solo ha calificado así al PP de Rajoy. El debate, lejos de ser académico, cruza líneas rojas que ningún partido mayoritario ha querido pisar.

El argumento de la persecución penal de partidos no nace de la nada. Un sector sostiene que los casos de corrupción sistémica —desde los ERE hasta las comisiones de hidrocarburos— justificarían la aplicación del artículo 22 del Código Penal, que permite disolver organizaciones criminales. Pero la barrera jurídica es alta: ningún tribunal ha elevado la corrupción de un partido a la categoría de «organización criminal» a efectos de ilegalización.

La sombra del PP y el dato incómodo​

Quienes se oponen a la medida recuerdan que, hasta la fecha, el único partido declarado organización criminal por la justicia ha sido el PP de Rajoy, por la caja B. Si el criterio fuese simétrico, ambos grandes partidos estarían en el punto de mira. La diferencia está en la voluntad política y en la capacidad del sistema para autodepurarse.

La respuesta más ácida llega desde quienes señalan la paradoja numérica: «¿A cuál de los PSOEs te refieres? Tienen 350 diputados», ironiza una voz, aludiendo a la fragmentación interna y al poder institucional del partido. Con ese respaldo parlamentario, una hipotética ilegalización sería un terremoto institucional.

El precio de la justicia total​

Las posturas más extremas piden algo más que la disolución: expropiación del patrimonio, derogación retroactiva de leyes y penas de trabajos forzados. Propuestas que, aun siendo marginales, reflejan la frustración de una parte del electorado ante la percepción de impunidad. Frente a ellas, la postura realista —dominante en los análisis jurídicos— sostiene que ilegalizar a un partido con 120 escaños desataría una crisis constitucional sin precedentes.

El debate queda abierto. Si la justicia ya ha declarado organización criminal a un gran partido, ¿por qué no al otro? La respuesta no es jurídica, sino política. Y la política, se sabe, rara vez se inmola a sí misma.