La nueva tele pública: 30 millones y una apuesta que divide
Treinta millones de euros. Ese es el presupuesto declarado para el nuevo canal 7 público, una cifra que da para poco en el mercado audiovisual, pero que ha encendido todas las alarmas: el primer programa estrella será un formato en solitario para Sara Santolalla, una figura mediática con escasa experiencia al frente de un espacio propio. La pregunta es obvia: ¿de dónde sale el dinero y para quién se gasta?
Un canal con las cuentas en el aire
La nueva cadena pública arranca con un presupuesto que, según las primeras estimaciones, ronda los 30 millones de euros. No es una cifra desdeñable, pero tampoco suficiente para competir con las grandes privadas en producción propia. El foco del escrutinio está en el reparto interno: contratos, cachés y, sobre todo, decisiones de programación. La elección de un formato unipersonal para Sara Santolalla ha reactivado la sospecha de que el criterio no es profesional, sino político.
El precedente que nadie quiere recordar
El intento más parecido fue el de Pilar Rubio en 2006. Se le confió un programa en solitario y fracasó estrepitosamente por falta de carisma y recursos. La comparación no es gratuita: demuestra que un nombre conocido no garantiza audiencia, y que el dinero público mal invertido tiene consecuencias. Quienes defienden la apuesta señalan que hay presentadoras con capacidad para sostener un formato, pero el listón está en los resultados.
Propaganda o pluralidad: la batalla política
La controversia trasciende lo audiovisual. El nuevo canal ha sido bautizado en las redes como “La Séptica”, y circula una parodia de su parrilla que lo reduce a propaganda gubernamental. Los críticos sostienen que es un altavoz del Ejecutivo, con nombres vinculados a Moncloa y exministros colocados en organismos europeos con sueldos de 300.000 euros. Los defensores, en cambio, ven un proyecto legítimo de servicio público. El choque es ideológico antes que económico.
Las prioridades, en cuestión
Mientras se debate el presupuesto del canal, el contraste con otras partidas públicas resulta incómodo. El accidente ferroviario de Córdoba en enero ha vuelto a poner sobre la mesa la falta de inversión en infraestructuras, y la lupa sobre el IRPF de 2026 apunta a que cada euro contará. Financiar una cadena de televisión con programas unipersonales mientras se recortan partidas esenciales es una decisión que exige, como mínimo, explicaciones.
Con 30 millones y polémica, la pregunta que queda en el aire es si este canal servirá para informar o solo para pagar favores. ¿Estamos ante una apuesta por el talento o ante un canal de propaganda? La audiencia, esa que se supone que se busca, tendrá la última palabra.