Elecciones generales 29n

El 29N se cuela en el calendario: papeletas listas, presupuestos congelados​

¿Hay elecciones generales el 29 de noviembre o es solo que el Gobierno ha decidido imprimir papeletas por si acaso? La pregunta recorre estos días los mentideros políticos después de que se haya conocido la licitación de la papelería electoral pese a que, sobre el papel, no hay comicios a la vista. El detalle no es menor: la maquinaria administrativa se activa siempre con meses de antelación y su puesta en marcha suele ser el primer síntoma de que alguien, en algún despacho, ya ha mirado el calendario.

A eso se suma el goteo de señales que llegan desde distintos frentes. Puigdemont ha retado a Sánchez a convocar elecciones ante su incapacidad de sacar adelante los presupuestos, y desde su entorno se insiste en que, en una democracia normal, perder una mayoría parlamentaria debería bastar para disolver las cámaras sin necesidad de moción de censura. Mientras, sectores del PSOE sugieren abiertamente convocar y agitar la calle contra el PP, y hasta Abascal ha prometido forzar comicios en la Comunidad Valenciana si el presidente mueve ficha antes.

El relato oficial, como siempre, va por otro lado. La reducción de jornada que exigía Yolanda Díaz se ha congelado en previsión de elecciones, según las informaciones publicadas, y Sumar ya ha activado su maquinaria ante un posible adelanto en primavera. Cada pieza encaja con la siguiente: papelería, presupuestos encallados, socios nerviosos y un partido que se conjura para exigir a su propio líder que se someta a las urnas.

¿Por qué se habla de elecciones el 29 de noviembre?​

La fecha circula porque es la que encaja si el adelanto se produce tras el verano y antes de que arranque de nuevo el curso político. La licitación de la papelería electoral, revelada por The Objective, apunta a una logística que requiere semanas: imprimir papeletas, distribuir material a las mesas y coordinar el dispositivo. No es una prueba definitiva, pero tampoco es ruido.

El problema para el Gobierno es que la aritmética parlamentaria no da tregua. Los presupuestos no salen, los socios aprietan y la legislatura avanza sin margen. En ese contexto, la teoría del adelanto gana enteros porque permite al Ejecutivo elegir el momento antes de que lo elijan otros. La duda es si el PSOE prefiere agotar el calendario y arriesgarse a una derrota anunciada o cortar por lo sano y convertir las elecciones en un plebiscito sobre el bloque contrario.

Puigdemont mueve ficha y presiona con la moción automática​

El expresidente catalán ha puesto sobre la mesa una idea que suena razonable en cualquier manual de derecho parlamentario: si un gobierno pierde la mayoría de un parlamento, debería convocarse elecciones de forma automática, sin necesidad de moción de censura. Es una forma elegante de decir que Sánchez está gobernando sin apoyos suficientes y que cada votación se ha convertido en una subasta.

Junts ha pedido formalmente elecciones anticipadas si el presidente no es capaz de aprobar unos nuevos presupuestos. La jugada tiene doble filo: por un lado, presiona al PSOE; por otro, recuerda a propios y extraños que sin sus votos no hay mayoría posible. En el fondo, todos los socios saben que un Sánchez débil les conviene más que un Sánchez fuerte, porque un gobierno en minoría concede más de lo que debería.

El PSOE se conjura y Sumar se prepara​

Mientras unos piden elecciones desde fuera, dentro del partido también se mueven piezas. Históricos del PSOE se han conjurado para exigir la convocatoria, según las informaciones publicadas, y hay quien sostiene que la mejor manera de movilizar a la militancia es agitar la calle contra el PP. La estrategia no es nueva: convertir las generales en un referéndum sobre el adversario antes que en un balance de gestión.

Sumar, por su parte, no se queda quieto. La formación de Yolanda Díaz ha activado su maquinaria ante un posible adelanto electoral en primavera, consciente de que cada semana que pasa sin elecciones es una semana más de desgaste. La congelación de la reducción de jornada, atribuida al sabotaje del ala socialista, ha dejado al descubierto las costuras de la coalición. Si hay elecciones, cada socio querrá llegar con su propio relato.

La letra pequeña: imputaciones que se retrasan y escaños que se mueven​

El adelanto electoral no solo altera el calendario político. Según las informaciones publicadas, la convocatoria retrasaría la doble imputación del PSOE por el caso cloacas y la financiación ilegal hasta después del 29N. Es decir, los procedimientos judiciales que afectan al partido quedarían aparcados por el parón administrativo que implica una cita con las urnas. La coincidencia es, como mínimo, llamativa.

A esto se añade el reparto de escaños. La Comunidad de Madrid ganaría un diputado y repartiría un total de 38, mientras que la provincia de Cádiz pasaría de nueve a ocho. Son ajustes demográficos que se aplican en cada convocatoria, pero que en un escenario tan ajustado pueden decidir mayorías. Cada escaño cuenta, y más cuando las encuestas hablan de bloques que se mueven en un margen de dos o tres diputados.

¿Qué pasa si finalmente no hay adelanto?​

La opción de agotar la legislatura sigue viva. Los presupuestos se pueden prorrogar indefinidamente y no hay una necesidad legal de convocar elecciones anticipadas. Es el argumento que esgrimen quienes creen que Sánchez no moverá ficha hasta el último momento. En ese escenario, la papelería electoral sería solo una previsión administrativa y las presiones de Junts, Sumar y los históricos del PSOE quedarían en agua de borrajas.

Pero la política no se rige solo por la legalidad. También por la oportunidad. Y la oportunidad, ahora mismo, apunta a que el Gobierno quiere tenerlo todo atado antes de que el desgaste sea irreversible. Si el 29N se confirma, será porque alguien ha decidido que es mejor perder por poco que gobernar sin apoyos. Si no, será porque el PSOE ha encontrado la forma de seguir en el poder sin pasar por las urnas. En cualquiera de los dos casos, el que gane tendrá que explicar por qué lo hizo.

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Datos clave

• La Comunidad de Madrid ganaría un diputado y repartiría 38 escaños.
• La provincia de Cádiz pasaría de nueve a ocho escaños.
• La doble imputación del PSOE por el caso cloacas y la financiación ilegal se retrasaría hasta después del 29N.