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El Gobierno de Urkullu desplazó hasta León a un preso común para acercar a dos etarras a Martutene

cuñado de bar · 2024-03-14T22:52:15+00:00

El Ararteko constata en una resolución que el Departamento de Melgosa que un interno "con arraigo" fue desplazado mientras se culminaba el acercamiento de los presos de la banda terrorista 1 comentario La consejera de Justicia Melgosa durante su toma de posesión delante del lehendakari Urkullu y de su predecesora Beatriz Artolazabal.PAULINO ORIBEARABA PRESS Josean IzarraVitoria Vitoria Actualizado Jueves, 14 marzo 2024 - 20:15 El Defensor del Pueblo Vasco exige al Gobierno vasco que acepte la solicitud de ingreso en la cárcel de Martutene de un interno que en marzo de 2023 fue alejado en contra de su voluntad. La recomendación del Ararteko tacha de "incorrecta" la decisión de trasladar a este preso común que el Ejecutivo de Urkullu justificó por la "sobreocupación de los centros penitenciarios vascos". Desde el ingreso en prisión de este preso en diciembre de 2022 hasta su alejamiento a León, el Gobierno vasco acogió a catorce etarras, dos de ellos en la prisión de Martutene. El informe del Ararteko desvela con todo detalle una práctica habitual utilizada por el Gobierno vasco desde que el 1 de octubre de 2021 asumió la gestión de las prisiones de Zaballa, Basauri y Martutene. El Defensor del Pueblo recalca "la necesidad de objetivar los conceptos jurídicos indeterminados valorados a efectos de traslados con el fin de garantizar la seguridad jurídica" de los internos después de varias resoluciones similares. Funcionarios de las prisiones de Palencia, León y Oviedo advirtieron del traslado continuo de presos comunes vascos a sus centros mientras las cárceles vascas acogían a los miembros de ETA. El caso denunciado por el Ararteko describe con claridad el criterio utilizado por la consejera Nerea Melgosa. El preso que llevaba 20 años residiendo en Euskadi, con una hija menor y un hermano encarcelado en Martutene ingresó en la prisión guipuzcoana el 17 de diciembre de 2022. Apenas tres meses después fue desplazado a León en contra de su voluntad y sin que mediara ningún castigo ni cambio de grado. El interno tuvo que recurrir al Ararteko en mayo de 2023 explicando su situación. El Departamento de Justicia respondió al Ararteko en noviembre que el traslado se debió a la "sobreocupación" en las tres cárceles vascas y a la "falta de arraigo" del preso, sin incluir en esta respuesta la existencia de la hija menor que reside en Gipuzkoa ni del hermano encarcelado. Entre el 17 de diciembre de 2022 y el 15 de marzo de 2023 -fecha del traslado a León-, el Gobierno vasco acogió a 14 etarras en sus prisiones "sobreocupadas". Dos de ellos, José Luis Martín Barrios y Luis Mariñalera Garciandia fueron acercados a la cárcel de Martutene, la prisión en la que no había sitio para el preso común. Después de una segunda reclamación de información por parte del Ararteko, el Departamento de Justicia reconoció en enero de 2024 que el interno había comunicado en febrero de 2023 que tenía una hija a la que llegó a ver en dos ocasiones ya en prisión. También el centro controlado por la consejera Melgosa confesó que el interno tenía un hermano en la misma prisión con el que se había reunido en 5 ocasiones. Pese a contar con esta información más la documentación que acreditaba su arraigo con 20 años de empadronamiento y de que el preso seguía un programa para abandonar el consumo de drojas, el Gobierno vasco ordenó su traslado y lo ha mantenido en la cárcel de León, a más de 380 kilómetros de donde residen sus familiares. El Ararteko afea al Gobierno vasco su comportamiento y le recuerda que debe "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas para las personas en prisión; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos ellos como ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". La resolución subraya, además, las consecuencias que ha acarreado para la hija menor del preso la "actuación incorrecta" del Ejecutivo vasco. "La hija menor del interno tiene el derecho y la necesidad de tener una relación emocional continuada (vínculo) con su progenitor encarcelado, quien tiene, a su vez, el derecho y el deber de ejercer sus funciones parentales", señala tras la constatada vulneración de los derechos de ambos. https://www.elmundo.es/pais-vasco/2024/03/14/65f34c9fe4d4d8c70d8b45b1.html