La cláusula Juana Rivas: ¿regreso al monopolio materno en custodia?
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de mayo un anteproyecto de Ley de la Infancia que introduce la llamada 'cláusula Juana Rivas', una protección específica para las mujeres en los procesos de custodia de menores. La reforma, según sus críticos, supone un retroceso de décadas al eliminar la presunción de custodia compartida y devolver el peso automático a la figura materna.
¿Qué cambia realmente?
La reforma modifica el sistema de custodia para prohibir que los jueces puedan otorgar la guarda al padre sin el consentimiento expreso de la madre. En la práctica, la custodia compartida solo será posible si ambos progenitores llegan a un mutuo acuerdo. Esto choca con la tendencia social de los últimos veinte años, que había normalizado la corresponsabilidad tras la separación. La cláusula recibe el nombre de Juana Rivas y María Sevilla, mujeres indultadas por el Gobierno tras casos mediáticos de sustracción de menores.
El puzzle parlamentario
El anteproyecto deberá superar el trámite en las Cortes. Aunque el Gobierno en funciones tiene minoría, la suma de los partidos de izquierda (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV) podría alcanzar los votos necesarios. El PP, según los analistas, se abstendría para no enfrentarse a su electorado femenino, mientras que Junts podría votar en contra por cálculo electoral. La paradoja es que, según cifras que circulan en el debate, aproximadamente el 80% de los varones votan a partidos que apoyarán esta medida.
Reacciones y paradojas
Los argumentos en contra se centran en que la ley parte de una presunción de culpabilidad del padre y convierte a los hijos en un instrumento de negociación. Los defensores, por su parte, sostienen que busca proteger a los menores de situaciones de violencia o alienación parental. Sin embargo, la mayoría de las voces expresan que se está legislando con sesgo de género y que el interés superior del menor queda subordinado al criterio de la madre.
El proceso legislativo aún no está cerrado. Si se aprueba, España daría un giro de 180 grados en la política de familia, volviendo a un modelo que muchos daban por superado. La pregunta que queda en el aire es si el Parlamento escuchará a las asociaciones de padres y a los jueces de familia, o si primará la presión del lobby feminista y la inercia electoral.
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