Dice el cm Cygnus Saint que esto no es una dictadura

El relato de la dictadura española aterriza en la Fiscalía​

España no es una dictadura. Cualquiera que haya insultado en voz alta a un cargo público y haya vuelto a casa sin esposas lo sabe. Lo incómodo no es esa obviedad, sino que cada vez haga más falta invocarla: la respuesta institucional a la crítica política se canaliza cada vez más por vía judicial, y eso convierte la democracia en algo que hay que defender en los tribunales.

El caso más citado tiene nombres propios. La presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó (Vox), se refirió en sus redes al presidente del Gobierno como «capo de la mafia corrupta». El PSPV presentó una denuncia por injurias. A la misma dirigente se le atribuye otra andanada, esta vez sobre el nombramiento de una ministra —la que, según su burla, no sabía lo que era un ERTE— como candidata a dirigir la Organización Internacional del Trabajo.

De la injuria al expediente judicial​

La mecánica funciona en todas las direcciones. Compromís llevó a la Fiscalía unas declaraciones del dirigente de Vox Figaredo en las que, según la acusación, se habría llamado a «cazar» y «pescar» a las personas migrantes llegadas a Ceuta. Un discurso que quien denunció calificó de facineroso. En el otro lado, no faltó quien reclamara que las acusaciones vertidas contra el presidente del Gobierno no quedaran impunes ante la Fiscalía.

Ahí está el nudo. Cuando el insulto se persigue judicialmente, ¿se protege la institución o se estrecha el perímetro de lo decible? El expediente completo, con la cronología de cada denuncia y a quién señala, es más elocuente que el titular que resumen los noticiarios.

El argumento de la tiranía y su reverso​

Se cruzan dos relatos que no se tocan. Uno sostiene que el respeto al diferente es el fundamento constitucional y que normalizar el desprecio es la puerta de entrada a algo peor. El otro responde que la mejor prueba de que no hay dictadura es que el insulto sigue existiendo, y que perseguirlo es justo así como empiezan las transiciones hacia la tiranía. Nadie exige, de momento, una prueba distinta de la de siempre.

Conviene no perder de vista lo elemental. En una dictadura no se discute si se es una dictadura. Se está. Cuando el asunto se convierte en materia de fiscalía, denuncia y contrainterpretación, lo que hay es un conflicto político con envoltorio jurídico.

Joyas de 2007 y un reloj que no corre​

El registro judicial suma su propia pieza. En televisión se defendió que el origen de las joyas objeto de polémica fue un regalo fechado el 19 de junio de 2007 y que el caso está «archiprescrito». El argumento sirve para desactivar la imputación y, de paso, para reclamar que una mentira no se convierta en verdad por mucho que se repita. La fecha es lo único que nadie discute.

Nada de esto se cierra con una denuncia. Si la tendencia se mantiene —y no hay señales de que el goteo judicial vaya a frenar—, lo previsible es que el próximo insulto a un cargo público también acabe ante la Fiscalía y que el siguiente informe sobre tiranías lo firme alguien con toga. Aunque, a estas alturas, cualquier predicción sobre este asunto tiene la fiabilidad de una encuesta a dos años vista.