Adiós a la última central térmica de Castilla y León: 4,5 GW de potencia firme que desaparecen
Mil kilos de dinamita no bastaron para derribar del todo la central térmica de Compostilla II en Cubillos del Sil. La base de la chimenea de los grupos 4 y 5 se mantuvo en pie, como si quisiera recordar que el Bierzo no se rinde fácilmente. Pero el símbolo ya no está: la última térmica de Castilla y León ha sido borrada del mapa.
La operación de voladura, planeada como un hito técnico, se ha convertido en metáfora de una política energética que algunos califican de tierra quemada. En los últimos años, la comunidad ha perdido unos 4.500 MW de generación constante: los 2.400 MW de la térmica de Ponferrada, los 1.000 MW de La Robla y los 1.200 MW de Velilla, además de Compostilla II. Una capacidad que no dependía del sol ni del viento, y que operaba las 24 horas.
El hueco que deja la potencia firme
Con la eliminación de estas plantas, la red eléctrica española ha perdido un colchón crítico. Según los datos manejados en el debate, España consume aproximadamente un tercio de la electricidad que puede producir, pero los márgenes se estrechan. Ya se han registrado apagones -como el de abril del año pasado y el casi apagón de enero- y la red ha empezado a denegar nuevas solicitudes de conexión para viviendas, centros de datos e industria. El ministerio de turno (que algunos llaman «de desindustrialización») ha frenado permisos por falta de suministro.
Mientras tanto, el contexto internacional sigue otra senda. Alemania ha reactivado centrales de lignito -el carbón más contaminante- tras el cierre de sus nucleares, y China continúa siendo el país que más térmicas construye, incluso para fabricar las placas solares que luego importamos. La paradoja no pasa desapercibida.
Una instalación de 40 años que podía durar un siglo
Compostilla II apenas tenía 40 años, y según algunos análisis técnicos le quedaban otros 100 de vida útil. En otros países se plantea el reciclaje de estas plantas hacia micronuclear, pero aquí se dinamitan. La decisión, tomada en plena precampaña electoral autonómica, ha sido vista por muchos como un acto irreversible: si la opinión pública cambia, ya no habrá marcha atrás. «Política de tierra quemada», resumen los críticos.
El impacto no es solo energético. En una comarca como El Bierzo, que pierde población y tejido económico, el derribo deja sin empleo a camioneros, mecánicos y otros sectores vinculados a la minería y la generación térmica. La promesa de reindustrialización suena hueca cuando no hay energía firme que atraiga nuevas fábricas.
El cierre ha sido posible gracias a la movilización de mil kilos de explosivos. La base de la chimenea que no cayó es, quizá, la imagen más certera: la resistencia de un territorio que ve cómo se volatiliza su pasado industrial sin un plan claro para el futuro.