Quién decide hoy qué canciones pueden existir (y no es el Estado)
«La mataré», de Loquillo y los Trogloditas, es la tercera canción más escuchada del grupo en Spotify: casi 17 millones de reproducciones. La plataforma que ha retirado a miles de bandas por el contenido político de sus letras —y que borró episodios del podcast más escuchado del mundo, el de Joe Rogan, además de banear a Alex Jones— no ha tocado ese tema. Ahí está la paradoja que ordena todo el asunto: la censura musical ya no se decide en un despacho con boletín oficial.
La pregunta de fondo es sencilla y bastante más incómoda de lo que parece: ¿qué canciones de las últimas cuatro décadas no podrían publicarse hoy sin que alguien perdiera el contrato?
Las canciones que hoy no pasarían el filtro
El catálogo señalado es amplio y transversal: «Quiero matar a una chica», de Dulce Venganza; «La mataré», de Loquillo; «Bailaré sobre tu tumba», de Siniestro Total; «Inmaculada», de Pabellón Psiquiátrico; «Falangista», de Los Toreros Muertos; y un título de Siniestro Total cuyo nombre original incluía un insulto homófobo que hoy no pasaría ni la revisión automática de un sello mediano.
No todas son comparables. Hay letras de venganza, provocación punk y gamberrismo ochentero sin más. Comparten un rasgo: se parieron en un mercado donde el escándalo vendía discos y nadie hacía un análisis de riesgo reputacional antes de imprimir la portada.
De los 14 a los 16: la norma que reescribió el cancionero
El caso más ilustrativo es «Quince años tiene mi amor», de Dúo Dinámico. Hasta 2015, la legislación española permitía contraer matrimonio a partir de los 14 años mediante dispensa; la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria elevó el mínimo a los 16. Ese cambio, que apenas ocupa titulares, tiene un efecto lateral poco discutido: relee medio cancionero romántico español. Dos veinteañeros cantándole a una novia de quince años no es hoy una canción de amor; es material que cualquier departamento legal devolvería sin firmar.
Tres manos en el grifo: el juez, el algoritmo y el propio artista
Conviene separar tres mecanismos que se confunden a propósito. El primero es la censura administrativa clásica, la del franquismo, que actuaba por decreto y con listas. El segundo es la moderación privada: plataformas que retiran contenido sin publicar reglas estables ni tribunal al que recurrir. El tercero, y seguramente el más eficaz, es la autocensura comercial: el artista que retira su propia canción durante años y la recupera después, cuando el público la pide, porque la taquilla acaba pesando más que el pudor. Todo por la pasta, resumido sin adornos.
El relato nostálgico tiene su propia anécdota: la televisión pública de los ochenta emitió sketches con un imitador disfrazado de Hitler, algo impensable en la parrilla actual. Se usa como prueba de que antes había más libertad. La objeción es igual de razonable: también eran años en los que media España no podía decir según qué cosas en televisión.
El negocio del catálogo incómodo
Aquí entra la economía. El streaming paga por reproducción y mantener un tema polémico en catálogo cuesta casi nada: no hay vinilo que fabricar ni camión que repartir. Lo caro es el ruido reputacional y la conversación con los anunciantes. De ahí que la retirada no sea una decisión moral, sino de balance.
Queda el rock radical vasco como caso de estudio: un repertorio con letras hoy directamente problemáticas, semienterrado y difícil de localizar. La rareza, en cambio, se revaloriza. Algunos temas hard techno con estribillos hostiles hacia los migrantes, hoy imposibles de encontrar íntegros en plataformas, circulan como objeto de culto precisamente por su ausencia.
Con este reparto de incentivos, la pregunta no es si aquellas canciones podrían publicarse hoy. Es quién firmaría mañana el contrato y si alguien pagaría por escucharlo.