Exdiputado de AGE acepta 9,5 años por violar a menor de 12 a la que contagió sífilis
El exdiputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y excandidato de Sumar a la alcaldía de Santiago, Xabier Ron Fernández, ha aceptado una condena de nueve años y medio de prisión tras declararse culpable de agresión sexual a una alumna de 12 años. Según la sentencia, la víctima, que era su alumna, contrajo sífilis a raíz de la agresión. El pacto incluye una indemnización de 82.000 euros. El caso, que data de 2025, ha reabierto el debate sobre la protección de menores en entornos educativos y la responsabilidad política de quienes ocuparon cargos públicos.
El coste social y judicial del caso
La indemnización de 82.000 euros, aunque simbólica, no cubre el daño físico y psicológico causado. El proceso judicial, que se ha resuelto con un acuerdo de conformidad, evita un juicio oral que habría expuesto detalles más escabrosos. La condena, en el límite inferior de la horquilla penal, ha generado críticas sobre la permisividad del sistema con delitos sexuales contra menores. Cabe recordar que la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de coalición (en el que Sumar tiene peso) rebajó las penas para ciertos delitos sexuales, algo que algunos analistas vinculan con la suavidad de la condena.
El perfil del condenado
Ron fue diputado en el Parlamento gallego bajo las siglas de AGE, coalición liderada entonces por Xosé Manuel Beiras y Yolanda Díaz. Posteriormente, figuró como candidato de Sumar a la alcaldía de Santiago. Su trayectoria política se ha visto truncada por este caso, que ha causado un fuerte impacto mediático en Galicia. La formación Sumar no se ha pronunciado oficialmente, pero el escándalo añade presión sobre la dirección del partido, ya cuestionado por su gestión de casos similares.
Reacciones y consecuencias penitenciarias
En los debates paralelos se ha especulado sobre la seguridad de Ron en prisión. Tradicionalmente, los reclusos condenados por delitos sexuales contra menores son segregados para protegerlos de otros presos. Sin embargo, la aplicación de este protocolo no siempre es efectiva. La pregunta que queda en el aire es si el sistema penitenciario garantizará que cumpla la condena en condiciones que eviten la violencia carcelaria o, por el contrario, se convierta en un objetivo dentro de la prisión.
El caso de Xabier Ron ejemplifica la tensión entre la defensa de los derechos de las víctimas y la presunción de inocencia, aunque aquí la culpabilidad ha sido admitida. Mientras la sociedad exige penas ejemplares, la realidad judicial y política muestra una senda de pactos y atenuantes que deja un regusto amargo.