Despido tras 20 años por robar 1.400 euros en el almacén
En un centro logístico catalán, una empleada con más de dos décadas de antigüedad fue sorprendida por el servicio de seguridad con tres prendas de ropa de alta gama escondidas entre sus efectos personales. El valor de lo recuperado en su taquilla rondaba los 1.400 euros. Llamaron a los Mossos d'Esquadra, la detuvieron y en menos de 24 horas la empresa prescindió de ella sin contemplaciones. Entró a trabajar en 2007, era su primer empleo, y llevaba allí desde antes de que muchos de sus compañeros actuales aterrizaran.
El umbral de los 400 euros que lo cambia todo
La cuantía no es un detalle menor. En el Código Penal español, el límite que separa la falta del delito de hurto está en 400 euros. A partir de ahí, el artículo 234 contempla penas de prisión de 6 a 18 meses. Con unos 1.400 euros en mercancía, el caso entra de lleno en el tipo penal, y no en la antigua falta que se saldaba con multa. La calificación exacta -hurto o apropiación indebida- depende de cómo se sustrajo la mercancía, pero la horquilla penal es clara.
Lo curioso es que el valor unitario de lo sustraído tampoco era de saldo: las prendas más baratas superaban los 60 euros. Nada que ver con el clásico 'robo de colonias' que se salda con un apercibimiento. Aquí hubo detención, atestado y despido fulminante.
El registro de taquilla que llevaba años sin hacerse
El relato del incidente incluye un detalle que los manuales de prevención de pérdidas conocen bien. Durante años, la empresa realizaba registros periódicos de taquillas sin aviso previo, siempre con representación del comité de empresa, una práctica legal y documentada. Pero hacía entre seis y siete años, antes incluso de la pandemia, que se habían dejado de hacer. El resultado: una plantilla que se confió, y una trabajadora veterana que presuntamente aprovechó el vacío.
No es un caso aislado. En la misma empresa, sostiene el relato, cada año o año y medio aparece alguien sustrayendo material, aunque lo habitual es que sean empleados temporales. La diferencia ahora es el perfil de la protagonista: una persona con más de 20 años de antigüedad, integrada, conocida por todos.
Dos lecturas del mismo hurto
Las interpretaciones del caso se separan en dos bloques. Hay quien sostiene que robar es robar y que el despido procedente es la única respuesta civilizada; en esta lectura, el problema es que estos casos llegan a los tribunales y las empresas acaban perdiendo por falta de pruebas, lo que genera un efecto llamada. Se citan ejemplos de empleados que fueron despedidos por sustraer material por valor de varios miles de euros, recurrieron, y la empresa tuvo que indemnizarles.
En la acera de enfrente está el argumento de la normalización del pequeño robo como ajuste de cuentas. Distintas voces admiten sin rubor llevarse grapas, folios, calculadoras o inflar el kilometraje, y lo presentan como compensación por condiciones laborales que racanean hasta el último euro. Entre medias, una tercera vía señala la influencia de la pareja de la trabajadora, una persona que también trabajó en la empresa y fue despedida por hechos similares, lo que añade un matiz de presión externa al caso.
El precio de jugársela
La historia contiene advertencias que trascienden el suceso. Un responsable con más de 25 años de antigüedad y un salario de 40.000 euros más dietas lo perdió todo por gestionar una tienda de internet en horario laboral y simular citas con clientes inexistentes. Otro empleado de una gran fábrica de automoción fue despedido sin que sindicato ni comité pudieran hacer nada por él después de años sacando material de forma discreta. Y no faltan los que, ante la imposibilidad de dimitir con derechos, intentan que los despidan para cobrar el paro: uno llegó a fumar en la furgoneta de empresa hasta olerla entera, y ni así.
Con 20 años de antigüedad, un despido improcedente habría significado una indemnización considerable. La empresa decidió que el coste de echar a una veterana por 1.400 euros era menor que el de mantener a alguien que había roto la confianza. El tiempo dirá si los tribunales ven lo mismo. Mientras tanto, el caso deja una pregunta incómoda: ¿por qué alguien con un puesto estable y dos décadas de casa lo arriesga todo por unas prendas de ropa que no podrá ni estrenar sin levantar sospechas?