Economía: Colombiana vendiendo comida en la calles de Vigo. Video inside.

Vender comida en la calle en Vigo: negocio sin licencia ni IVA​

Vender comida en la calle sin licencia es ilegal en España. En Vigo hay alguien que lo hace, lo graba y lo publica, y no consta que el sistema haya movido un solo papel. Un vídeo difundido en redes muestra a una mujer que, según su propio relato en las imágenes, procede de Colombia, preparando y despachando postres de fruta y queso directamente al público en la vía pública. Ni alta fiscal, ni registro sanitario, ni autorización municipal, sostienen quienes han difundido el vídeo.

El caso concreto importa poco. Lo que ha encendido el análisis económico es el patrón: por qué el sistema exige a un churrero una carpeta que parece de quirófano y deja pasar un puesto que no existe en ningún registro.

¿Es legal vender comida en la calle en España?​

No, salvo autorización municipal expresa y con el registro sanitario en regla. El comercio ambulante alimentario exige licencia, condiciones de manipulación, trazabilidad del producto y, en la mayoría de los casos, alta en el régimen correspondiente para poder facturar con IVA. La hostelería tradicional soporta además cuota de autónomos, seguros, revisiones y una montaña de documentación que se renueva cada año.

El contraste que circula es elocuente. Un bar de la zona recibió una multa de 300 euros del Ayuntamiento por sacar las sillas a la calle veinte minutos antes del horario acordado. A cien metros de ese establecimiento, según el testimonio vecinal difundido junto a la polémica, opera un almacén sin licencia de apertura ni registro alguno desde hace dos o tres años, sin que la policía haya aparecido por allí.

La doble vara del comercio callejero en Vigo​

Vigo no es un caso aislado, y la propia ciudad ofrece el contraejemplo perfecto. Una cadena de fruterías local monta cada temporada un puesto de cerezas en el aparcamiento de uno de sus locales —en su terreno, no en la vía pública—. La persona que lo atiende lleva una carpeta con el alta en todo lo habido y por haber, facturas que acreditan el origen de la fruta y la documentación de trazabilidad al día. Recibe visitas diarias de la policía municipal y de Inspección Sanitaria. Llegaron a exigirle que la fruta estuviera refrigerada.

Dos kilómetros más adelante, el mismo tipo de venta, la misma calle, cero papeles. No es que la norma sea blanda: es que la norma se aplica o no se aplica en función de algo que no está escrito en ninguna ordenanza.

El hostelero paga cuota e IVA; el puesto ambulante, no​

El núcleo económico del asunto es la asimetría de costes. Un autónomo hostelero arranca con cuota mensual, seguros, licencia de apertura, formación en manipulación de alimentos e inspecciones periódicas. Todo eso se traduce en un precio final más alto. El puesto que opera sin nada de eso compite con una estructura de costes incomparablemente menor.

La paradoja es que el sector hostelero de Vigo no ha protagonizado ninguna protesta sonora por esta competencia, al menos que trascienda públicamente. Quienes analizan el caso lo atribuyen a dos factores: la ausencia de una patronal con músculo reivindicativo y el coste reputacional de señalar a una vendedora individual cuando lo que se cuestiona es un modelo.

El riesgo sanitario y el escaparate digital​

Sobre la seguridad alimentaria, lo que hay son opiniones, no datos. Las advertencias sobre manipulación con las manos desnudas, sobre un postre de fruta, melocotones en almíbar, crema pastelera, queso rallado y leche condensada, o sobre la ausencia de cadena de frío, proceden de quienes vieron el vídeo. No hay ninguna constancia pública de intoxicaciones ni resolución sanitaria alguna.

Lo verdaderamente nuevo tampoco es la venta informal. Hace dos décadas se vendía arroz de madrugada junto a Gran Vía, mezclado en la bañera de un piso de la zona. La diferencia es que aquello no se grababa. El vídeo es el cambio: convierte un puesto invisible en un caso público y deja al consistorio sin margen para la dejación silenciosa.

Qué puede pasar ahora​

Es previsible que el Ayuntamiento acabe moviéndose, aunque solo sea por el ruido acumulado. Con reservas: si actúa, lo hará porque el vídeo sumó visitas, no porque el puesto llevara tiempo ahí. Y ese detalle es el que descoloca todo el diagnóstico. La inspección no llega cuando hay un incumplimiento; llega cuando hay audiencia. Mientras tanto, el autónomo con licencia sigue pagando la cuota, el IVA y la carpeta.