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Cárcel por negar el cambio climático: el debate que ya existe​

No es un aviso, es un hecho: el Gobierno estudia acciones penales contra quienes niegan el cambio climático en redes sociales. La vicepresidenta Teresa Ribera calificó de "negacionismo criminal" las posturas escépticas, y el presidente Sánchez propone un pacto de Estado contra la emergencia climática que incluye un panel científico. En paralelo, incendios forestales devastadores —más de 32.000 hectáreas en Guadalajara, 10.000 evacuados en Madrid y Ávila— han dado cobertura a la ofensiva política. Pero la discusión de fondo no es solo climática: es sobre dónde se traza la línea entre delito y disenso.

El marco legal que se estudia​

Según informaciones de ABC y El País, el Ejecutivo analiza tipificar como delito los discursos que nieguen o minimicen el cambio climático, bajo el paraguas de los delitos de odio o contra la seguridad nacional. La referencia a la «policía del pensamiento» es recurrente entre los críticos, que señalan un incremento de la población reclusa en España —seis veces más presos que en 1975, ajustado al crecimiento demográfico— como señal de que cualquier conflicto cotidiano puede acabar en condena. Quienes defienden la medida argumentan que la desinformación climática causa daños directos, como la falta de prevención en incendios, y que hay que tratarla con la misma seriedad que el negacionismo histórico. Una postura intermedia recuerda que negar el cambio climático no es lo mismo que debatir sus causas o soluciones, y que la necedad no debería ser delito.

Incendios como catalizador político​

Los grandes incendios de Los Gallardos (Almería) y la sierra de Guadalajara han sido el detonante. Sánchez y García-Page recorrieron las zonas arrasadas —el primero considera el de Guadalajara "el mayor de la historia de la región"— y el presidente de Castilla-La Mancha afirmó que los discursos en contra del cambio climático «son peligrosos, no son una opción». Sin embargo, la gestión forestal y el abandono del campo también salen a relucir: un cable eléctrico en desuso desde 2009 habría provocado el incendio de Los Gallardos, según Endesa. La sospecha de que los políticos usan las catástrofes para impulsar una agenda preconcebida —la Agenda 2030 de la ONU— es moneda corriente entre los escépticos.

La fractura social y política​

El debate trasciende la ecología. Hay quien ve en la propuesta un ensayo general de censura: «Al ritmo que íbamos en el recorte de derechos y libertades, la policía del pensamiento iba a ser una realidad mucho antes de lo que imaginábamos», se argumenta. Otros sostienen que la sociedad premia comportamientos antisociales y castiga los prosociales, y que criminalizar la negación climática sería un paso más en esa dirección. Mientras tanto, el PP se abre al pacto de Estado con «duda y desconfianza», y la vicepresidenta Ribera insiste en que el negacionismo es criminal. Con un panel científico en marcha y la amenaza penal sobre la mesa, el choque entre libertad de expresión y urgencia climática promete alargarse.

Si la tendencia sigue, lo que hoy parece una excentricidad jurídica podría convertirse en norma. O quizá no: la resistencia a lo que muchos llaman «dictadura climática» es feroz. Lo único seguro es que el 2026 ha puesto la primera piedra de un debate que no hará más que crecer.