Funcionarios sin plaza: 1.060 euros al mes por esperar destino
Miles de opositores aprobados en la convocatoria de julio de 2024 para el Cuerpo de Gestión Civil del Estado (A2) llevan meses cobrando 1.060 euros al mes sin trabajar, a la espera de que la Administración les asigne un destino. La situación, que combina ineficacia burocrática y problemas presupuestarios, ha generado un debate sobre la gestión de recursos humanos en el sector público.
El limbo de los funcionarios en prácticas
Los aprobados por turno libre han superado el curso selectivo pero aún no tienen plaza asignada. Cobran retribuciones básicas, aproximadamente la mitad de lo que percibirán cuando se incorporen. Al no recibir complemento de destino, no están sujetos a la Ley de Incompatibilidades, lo que les permite trabajar en la privada sin necesidad de comunicarlo. Algunos lo hacen, acumulando dos salarios, mientras que otros denuncian que la incertidumbre les impide planificar su vida.
Las cifras de una espera interminable
La convocatoria de julio de 2024 ofertó plazas que, según fuentes sindicales, ya estaban presupuestadas pero no vacantes. El resultado: un ejército de funcionarios en expectativa. Mientras, se acaban de aprobar 37.000 nuevas plazas para la Administración General del Estado, lo que incrementará el número de personas en esta situación. En promoción interna, de 1.100 aprobados, solo 218 obtuvieron plaza en la última asignación, lo que refleja el desfase entre convocatorias y disponibilidad real.
Compatibilidad laboral y cotización
Una de las paradojas del sistema: al cobrar solo retribuciones básicas, los funcionarios en expectativa pueden trabajar en cualquier actividad privada, incluso como autónomos, sin pedir autorización. Además, al cotizar por esos 1.060 euros, su base de cotización es baja, afectando a futuras prestaciones. Quienes optan por esperar sin trabajar se enfrentan a dos años de sueldo reducido sin derecho a paro, puesto que los funcionarios de carrera no cotizan por desempleo.
La respuesta oficial apunta a retrasos presupuestarios y a la necesidad de coordinar ministerios. Mientras tanto, el debate sobre la eficiencia del sistema permanece abierto: ¿es sostenible mantener a miles de empleados públicos cobrando sin trabajar mientras se publican nuevas ofertas de empleo?
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