¿Británicos a la calle? El gobierno paga el doble a los caseros si alojan a forasteros

Los contratistas del Ministerio del Interior ofrecen a los propietarios británicos hasta 4.500 libras al mes por viviendas que los ayuntamientos alquilan por 1.790, según una investigación del Daily Mail. El sobreprecio lo cubre el contratista, no el contribuyente, según el ministerio.

Hay un piso de tres habitaciones en el sur de Londres que resume el embrollo. Su dueño lo tiene alquilado al Ayuntamiento de Southwark por 1.790 libras al mes. Hace poco recibió una oferta de 4.500 libras mensuales por el mismo inmueble. La diferencia son 32.520 libras al año, con facturas, impuesto municipal y mantenimiento incluidos durante tres años. La oferta venía de Clearsprings Ready Homes, uno de los tres contratistas que el Ministerio del Interior tiene para alojar a solicitantes de asilo. La investigación la publicó el Daily Mail.

El propietario, que habló con el periódico sin dar su nombre, contó que rechazó el contrato. «Ya alquilo al Ayuntamiento de Southwark, y ellos pueden ofrecerme bastante más que la administración local, lo cual me parece extraño. El ayuntamiento tiene un límite en lo que puede pagar a propietarios como yo», declaró. Añadió que aceptar habría supuesto rescindir su acuerdo con el consistorio y poner a las familias que aloja en riesgo de quedarse sin casa. «No estoy dispuesto a hacer eso. Pero muchos propietarios simplemente lo ven como una oportunidad para ganar más dinero y aceptan el contrato».

Un contratista con 7.000 millones en contratos y 30.000 residentes

Clearsprings no es un recién llegado. La empresa la dirige Graham King, con una fortuna estimada de 726 millones de libras. Aloja a unos 30.000 solicitantes de asilo y en el ejercicio fiscal que cerró en enero de 2025 registró un beneficio de 62,6 millones de libras sobre una facturación de 1.400 millones. Su contrato con el Ministerio del Interior ronda los 7.000 millones de libras financiados con fondos públicos, según la información publicada.

No está sola. Comparte el pastel con Serco y Mears. Los tres contratos se adjudicaron originalmente bajo el gobierno conservador y tienen vigencia hasta 2029. La Oficina Nacional de Auditoría había estimado que el gasto previsto del Ministerio del Interior en los principales contratos de asilo ascendería a 1.670 millones de libras para el período 2024-25.

La mecánica que describe el Daily Mail es la siguiente: Clearsprings busca propiedades que ya están ocupadas por inquilinos de ayuntamientos, estudiantes o personas vulnerables, incluidas las que huyen de violencia doméstica. Ofrece rentas garantizadas más altas y el propietario rompe el contrato anterior. El resultado es que esas viviendas salen del circuito municipal y entran en el de asilo. El ministerio sostiene que paga una tarifa contractual máxima y que «cualquier cantidad que supere esa cantidad la cubre el contratista y no los contribuyentes».

El diputado laborista que dice que no se debe pagar más

El asunto ha cruzado el pasillo. El diputado laborista Graham Stringer coincidió en que no se debería ofrecer a los propietarios alquileres más altos para alojar a solicitantes de asilo. La presentadora Michelle Dewberry le respondió en antena con un «¿es usted diputada laborista? ¡Porque es una persona muy sensata!». El portavoz de Interior del Partido Laborista, Chris Philp, fue más lejos y lo llamó «día de vergüenza para el Partido Laborista». Añadió que es «una locura que se dé prioridad a los inmigrantes ilegales que han infringido nuestras leyes» por encima de «los ciudadanos respetuosos de la ley que trabajan duro y pagan sus impuestos».

Philp aportó sus propias cifras: más de 85.000 personas han cruzado el Canal de la Mancha desde que el Partido Laborista llegó al poder en julio de 2024, y solo el 7% de los que llegan son deportados. Según sus datos, más de 93.000 personas están actualmente en alojamientos para solicitantes de asilo. El Ministerio del Interior, por su parte, señala el cierre de hoteles y afirma que se han ahorrado más de 1.000 millones de libras en ayudas desde las elecciones.

La presión sobre la vivienda no empieza aquí

El cuello de botella inmobiliario tiene historia. A principios de año, el gobierno indicó que todas las zonas del país deberían prever una afluencia de inmigrantes, dado que los hoteles se están cerrando y la gente se aloja en viviendas. Según las proyecciones manejadas, los inmigrantes podrían representar el 40% de las nuevas viviendas del Reino Unido para 2030 si se mantiene la tendencia. Los residentes locales han protestado cuando residencias de mayores o antiguos emplazamientos militares se han convertido para este fin.

En el norte de Francia, la presión tampoco baja. El comandante de seguridad fronteriza Duncan Capps advirtió a los parlamentarios de que cerca de 3.800 migrantes se acumulan en campamentos entre Calais y Dunkerque, casi el doble de la cifra habitual de alrededor de 2.000. «Es solo cuestión de tiempo que se produzca un naufragio masivo en el Canal de la Mancha», declaró. Las travesías de este año son inferiores a las del anterior, pero la acumulación demuestra que la demanda sigue alta: las interceptaciones francesas no conllevan detención, así que las mismas personas pueden reintentarlo.

Desde que comenzaron los registros en 2018, el total de llegadas en pequeñas embarcaciones supera ya la fuerza combinada del Ejército, la Armada y la Real Fuerza Aérea británicos. El exoficial de la Marina Real Chris Parry describió el volumen de llegadas bajo el gobierno laborista como el equivalente a «seis divisiones y media de hombres en edad de combatir». En los picos de demanda se ha registrado una llegada media por minuto.

Quién compite con quién por un piso

La consecuencia práctica es una subasta silenciosa. Las familias británicas en lista de espera de vivienda, los estudiantes y las personas que huyen de la violencia doméstica compiten con una prima financiada con fondos públicos que se dirige a quienes han llegado en pequeñas embarcaciones. Los contratos se firmaron bajo gobiernos anteriores, pero el volumen y la decisión política de mantener el sistema funcionando a esta escala corresponden al ejecutivo actual.

El patrón se repite: cifras récord de cruces, tasas de expulsión bajas, un sistema de asilo que sus propios funcionarios describen como plagado de fraude y contratistas privados que usan la demanda resultante para superar las ofertas de los ayuntamientos en el mercado ordinario de alquiler. Sin una reducción sostenida de las llegadas y una mayor tasa de deportación, la presión sobre la vivienda y el coste difícilmente se van a contener. Este artículo se basa en la información publicada por el Daily Mail y en declaraciones recogidas por medios británicos; las cifras contractuales y presupuestarias conviene contrastarlas con las fuentes oficiales antes de tomar cualquier decisión económica o legal.