El 89% de la carga fiscal del trabajador privado se va en nóminas públicas
¿Cuánto paga realmente un trabajador del sector privado para sostener el Estado? La cifra que circula con fuerza es de 9.575 euros anuales por persona, lo que equivaldría al 89% de lo que se extrae de los empleados y autónomos para financiar la administración. El cálculo parte de un dato: 18.266.600 ocupados en el sector privado, que aportan aproximadamente 193.564 millones de euros anuales a las arcas públicas. Frente a eso, el gasto en personal de las administraciones alcanza los 172.350 millones. La división es simple: 172.350 entre 18 millones da 9.575 euros por trabajador. Esa cantidad, según el razonamiento, representa el 89% de la aportación total.
El cálculo que divide a los contribuyentes
La operación es aritméticamente correcta, pero el contexto es más complejo. Esos 172.350 millones no son solo nóminas de funcionarios: incluyen cotizaciones sociales, gastos de personal de todas las administraciones, y también parte de lo que se destina a servicios públicos. Además, los funcionarios también cotizan y pagan impuestos, por lo que no son una carga neta en su totalidad. Hay quien sostiene que el verdadero agujero no está en los empleados públicos, sino en las pensiones. El gasto en pensiones en 2023 fue de 190.684 millones, más del 41% del presupuesto general del Estado, que sumó 450.721 millones. Eso significa que las pensiones se llevan más de cuatro de cada diez euros públicos, muy por encima de lo que se destina a defensa (2,73%) o a subsidios de desempleo (4,72%).
Pensiones: el verdadero agujero presupuestario
Los datos sobre pensiones son contundentes. En junio de 2024, el 73,1% del gasto en pensiones correspondía a jubilación, seguido de viudedad con 2.106,2 millones, incapacidad permanente con 1.117,4 millones y orfandad con 17 millones. La pregunta que surge es cómo se financia todo esto. Una parte se cubre con cotizaciones, pero el déficit se cubre con deuda. Como se apunta en el debate, si no se emitiera deuda, el sistema colapsaría. La deuda pública es el mecanismo que permite pagar pensiones y nóminas sin que los impuestos actuales basten. Esto lleva a una conclusión incómoda: el Estado vive por encima de sus posibilidades y el contribuyente privado es quien sostiene, en última instancia, un sistema que se financia cada vez más con endeudamiento.
¿Funcionarios cualificados? El dato que desmonta el mito
Otro de los puntos que ha generado controversia es la composición del empleo público. Según datos de la Administración del Estado, hay más empleados públicos con graduado que con titulación superior, lo que desmiente la idea de que el Estado cuenta con el personal más cualificado. Esto se suma a la percepción de que muchas plazas se cubren sin procesos exigentes, casi por sorteo, como se ha llegado a decir. En ese contexto, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aparece como un ejemplo de lo que se considera un gasto social que no incentiva el empleo. Se ha señalado que el IMV supone unos 6.000 millones anuales, y que la creación de plazas de funcionario a dedo es un IMV encubierto, pero con esteroides.
La realidad es que el sistema público español es cada vez más caro y menos eficiente. El trabajador privado soporta una carga fiscal que, según el cálculo inicial, se destina en un 89% a pagar la estructura del Estado. Y mientras tanto, el déficit se cubre con deuda, que mañana pagarán las próximas generaciones. La ironía es que, cuando se habla de recortes, siempre se apunta a los servicios, nunca a la estructura. Quizás el problema no sea cuánto se gasta, sino en qué se gasta. Pero eso es otra discusión que nadie quiere abrir.