90 años del asesinato de Lorca por la España cainita. Documentos aún sin desclasificar.

90 años del crimen de Lorca: los papeles siguen bajo llave​

Noventa años después del fusilamiento de Federico García Lorca, el expediente continúa cerrado. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclama al Gobierno que desclasifique los documentos oficiales que aún obran en poder del Estado, medio siglo después del fin de la dictadura. Sin esos papeles, lo que se sabe del crimen de agosto de 1936 se sostiene sobre testimonios, reconstrucciones periodísticas e hipótesis que nunca han pasado por el filtro de un archivo. El resultado es un caso convertido en campo de batalla ideológico donde cada bando rellena los huecos con lo que le conviene.

Qué se sabe del expediente que no se desclasifica​

El punto de partida es la petición formal de desclasificación: los documentos que el Estado mantiene reservados impiden, según la asociación, fijar la verdad judicial e histórica de lo ocurrido. Ese vacío documental es el que permite que cualquier tesis circule sin necesidad de pruebas. Hay quien sostiene que los papeles ocultan una trama de rencillas locales; hay quien sostiene lo contrario, que confirmarían el móvil político puro. Ambas cosas se afirman con la misma seguridad y con el mismo respaldo: ninguno.

La tesis de la venganza familiar y los falangistas que lo escondieron​

Una de las líneas que más recorrido tiene apunta a motivos nada épicos: disputas de tierras, enemistades entre familias granadinas, un ajuste de cuentas que se disfrazó de depuración. La hipótesis circula desde hace décadas y nunca ha quedado escrita en piedra. Encaja con un detalle incómodo para el relato más simple: Lorca se refugió en casa de los Rosales, y entre quienes lo protegieron había falangistas con los que mantenía trato personal. La casa de Bernarda Alba, las rencillas por el patrimonio y el apellido Alba aparecen en más de una reconstrucción como telón de fondo. El episodio del responsable de la orden de arresto —que sería Ruiz Arroyo, padre de las actrices Emma Penella y Terele Pávez— añade a la historia un parentesco que nadie esperaba encontrar en un sumario.

El fraude del Frente Popular y la contabilidad de los dos bandos​

La discusión deriva una y otra vez hacia 1936 y hacia el recuento electoral. Dos historiadores publicaron en marzo de 2017 un trabajo de cinco años que cifra en medio centenar de escaños el desvío atribuido al Frente Popular, con actas raspadas, urnas con más votos que votantes y escrutinios sin testigos. Del otro lado se alinean los nombres de los asesinados en la represión republicana: Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936, y la lista de religiosos y docentes ejecutados en 1934. Cada bando usa su propio listado como coartada moral del otro. La simetría, como casi siempre, es falsa: las cifras no son comparables ni en volumen ni en contexto, pero sirven para que nadie mire demasiado de cerca.

Los restos, el ADN y una familia que dice no​

El segundo frente abierto es forense. Una reconstrucción sostiene que los huesos pasaron por el antiguo oratorio de San Pedro, en Lachar, y que hacia 1978 fueron removidos y arrojados al meandro de un río. Los restos recuperados estarían en un depósito judicial de la Guardia Civil. Para cotejarlos con el ADN de la familia hace falta autorización de la Fundación García Lorca, que se ha negado sistemáticamente a cualquier prueba. Ahí se acaba el rastro: sin ADN no hay identificación, y sin identificación no hay certeza de dónde está enterrado el poeta más universal en lengua castellana.

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El escenario previsible para los próximos años es más de lo mismo: conmemoraciones cada agosto, una petición de desclasificación que se renueva, y un archivo que sigue cerrado. Si algún día se abre el expediente, puede que la historia se vuelva más prosaica y menos útil para todos. Y entonces habrá que ver quién se queda sin relato.