V
Villegas
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El fiscal pide implicar al director de Regadíos del Gobierno murciano
Aprecia indicios de implicación en un fraude millonario de subvenciones
agrarias
Tono Calleja, Murcia.
El fiscal decano de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, Emilio Valerio, ha solicitado al juzgado número 36 de Madrid que
cite como imputados al director general de Regadíos de la Consejería de
Agricultura y Agua de Murcia, Julio Bernal, y al funcionario Antonio Mendoza
por un presunto delito de prevaricación o cooperación de obtención de
subvenciones ilegales por un valor de unos seis millones de euros.
La Fiscalía ve indicios de implicación en lo que califica de fraude
millonario originado en la posible obtención ilícita de dos de subvenciones
europeas con la finalidad de reforestar 35.000 hectáreas de monte bajo que
fueron calcinadas en un incendio en 1994.
Estas ayudas se concedieron para modernizar regadíos en la finca El
Chopillo, cuando en ésta había monte bajo y jamás tuvo utilización agraria.
Asimismo se recibieron subvenciones para reforestar superficies que hubieran
sido objeto de explotación agraria, cosa que tampoco se cumplía. A juicio
del Ministerio Fiscal, estas dos subvenciones serían ilegales, y de forma
conjunta, totalmente incompatibles".
Ya en un informe realizado en noviembre de 2001, el fiscal mantenía que los
peticionarios de las ayudas "no reunían ninguna de las condiciones que
exigía la legislacíón comunitaria, y conscientes de ello no han reparado en
falseamiento y ocultación alguna, confiados en que algunas de las personas
tramitadoras de los expedientes en su comunidad autónoma, a pesar de conocer
(...) la falsedad de los datos de los expedientes, no efectuarían
comprobación ni reflejarían reserva o impedimento alguno".
En sus escritos, el fiscal considera que la reforestación ilegal de los
terrenos con nogales, sólo fue posible con la "colaboración necesaria" y el
"amparo institucional de determinados altos cargos de la Consejería de
Agricultura de Murcia", que son los dos imputados de la Consejería.
En el caso también se investiga al propietario de los terrenos, Mariano
Espinosa de Rueda Jover, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, y a cinco de sus hermanos. La Fiscalía manifiesta que, con
posterioridad al gran incendio forestal de 1994, "se inicia una nueva
estrategia en cuanto a las perspectivas de futuro de la finca, cuyo fin
último pudiera ser la promoción inmobiliaria de la finca ( ... ). También se
preveía obtener importantísimas reservas de agua mediante la extracción
ilegal de aguas de los acuíferos públicos".
El caso se remonta a julio de 1994, fecha en la que se inició un incendio en
el Noroeste murciano, con cuatro focos, y que devastó unas 35.000 hectáreas
de terreno forestal. Las investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que
el siniestro podría haber sido provocado, algo que no ha podido ser
comprobado posteriormente.
Inmediatamente después, según la fiscalía, la familia Espinosa Jover inició
todos los trámites para "articular un conjunto de acciones dirigidas a
transformar la vocación forestal de la finca" para convertirla en agraria.
Además, solicitaron ayudas europeas destinadas a reforestar terrenos
agrarios, "pese a que tan sólo una parte mínima de los terrenos
transformados estaban dedicados a campos de cereal, la mayoría abandonados".
Pero, después, los propietarios de las fincas, que además de la familia
Espinosa Jover pertenecen al empresario de Cartagena, Mariano Roca Meroño,
quien posee numerosos intereses en el mercado inmobiliario de Murcia y
Alicante, y que también está imputado por su presunta participación en el
mercado oscuro del agua, según los informes de la Fiscalía de Madrid,
pidieron ayudas, que fueron concedidas, para la modernización de regadíos.
Ello supone, según el fiscal, "una escandalosa vulneración", de las
condiciones legalmente establecidas para la percepción de subvenciones del
Programa Comunitario de Forestación de Tierras Agrarias. En sus informes, el
fiscal Valerio critica también "el desprecio que aquella Consejería de Medio
Ambiente y Agricultura formula con relación a los nítidos incumplimientos de
la legislación ambiental en las actividades objeto de subvención".
Aprecia indicios de implicación en un fraude millonario de subvenciones
agrarias
Tono Calleja, Murcia.
El fiscal decano de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, Emilio Valerio, ha solicitado al juzgado número 36 de Madrid que
cite como imputados al director general de Regadíos de la Consejería de
Agricultura y Agua de Murcia, Julio Bernal, y al funcionario Antonio Mendoza
por un presunto delito de prevaricación o cooperación de obtención de
subvenciones ilegales por un valor de unos seis millones de euros.
La Fiscalía ve indicios de implicación en lo que califica de fraude
millonario originado en la posible obtención ilícita de dos de subvenciones
europeas con la finalidad de reforestar 35.000 hectáreas de monte bajo que
fueron calcinadas en un incendio en 1994.
Estas ayudas se concedieron para modernizar regadíos en la finca El
Chopillo, cuando en ésta había monte bajo y jamás tuvo utilización agraria.
Asimismo se recibieron subvenciones para reforestar superficies que hubieran
sido objeto de explotación agraria, cosa que tampoco se cumplía. A juicio
del Ministerio Fiscal, estas dos subvenciones serían ilegales, y de forma
conjunta, totalmente incompatibles".
Ya en un informe realizado en noviembre de 2001, el fiscal mantenía que los
peticionarios de las ayudas "no reunían ninguna de las condiciones que
exigía la legislacíón comunitaria, y conscientes de ello no han reparado en
falseamiento y ocultación alguna, confiados en que algunas de las personas
tramitadoras de los expedientes en su comunidad autónoma, a pesar de conocer
(...) la falsedad de los datos de los expedientes, no efectuarían
comprobación ni reflejarían reserva o impedimento alguno".
En sus escritos, el fiscal considera que la reforestación ilegal de los
terrenos con nogales, sólo fue posible con la "colaboración necesaria" y el
"amparo institucional de determinados altos cargos de la Consejería de
Agricultura de Murcia", que son los dos imputados de la Consejería.
En el caso también se investiga al propietario de los terrenos, Mariano
Espinosa de Rueda Jover, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, y a cinco de sus hermanos. La Fiscalía manifiesta que, con
posterioridad al gran incendio forestal de 1994, "se inicia una nueva
estrategia en cuanto a las perspectivas de futuro de la finca, cuyo fin
último pudiera ser la promoción inmobiliaria de la finca ( ... ). También se
preveía obtener importantísimas reservas de agua mediante la extracción
ilegal de aguas de los acuíferos públicos".
El caso se remonta a julio de 1994, fecha en la que se inició un incendio en
el Noroeste murciano, con cuatro focos, y que devastó unas 35.000 hectáreas
de terreno forestal. Las investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que
el siniestro podría haber sido provocado, algo que no ha podido ser
comprobado posteriormente.
Inmediatamente después, según la fiscalía, la familia Espinosa Jover inició
todos los trámites para "articular un conjunto de acciones dirigidas a
transformar la vocación forestal de la finca" para convertirla en agraria.
Además, solicitaron ayudas europeas destinadas a reforestar terrenos
agrarios, "pese a que tan sólo una parte mínima de los terrenos
transformados estaban dedicados a campos de cereal, la mayoría abandonados".
Pero, después, los propietarios de las fincas, que además de la familia
Espinosa Jover pertenecen al empresario de Cartagena, Mariano Roca Meroño,
quien posee numerosos intereses en el mercado inmobiliario de Murcia y
Alicante, y que también está imputado por su presunta participación en el
mercado oscuro del agua, según los informes de la Fiscalía de Madrid,
pidieron ayudas, que fueron concedidas, para la modernización de regadíos.
Ello supone, según el fiscal, "una escandalosa vulneración", de las
condiciones legalmente establecidas para la percepción de subvenciones del
Programa Comunitario de Forestación de Tierras Agrarias. En sus informes, el
fiscal Valerio critica también "el desprecio que aquella Consejería de Medio
Ambiente y Agricultura formula con relación a los nítidos incumplimientos de
la legislación ambiental en las actividades objeto de subvención".
