Santiago4
Madmaxista
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Los técnicos alertan de que volver a operar Castor podría desencadenar el mayor terremoto en 48 años
El futuro del almacén de gas Proyecto Castor quedó ayer sellado en el fondo del mar Mediterráneo, donde la instalación continuará hibernada sine die al considerar los expertos que su vuelta a la operación supondría un «riesgo elevado» de provocar nuevos seísmos en la zona.
En concreto, los informes remitidos ayer por el MIT y la Universidad de Harvard al Ministerio de Energía advierten de que si el almacén se vuelve a poner en marcha podrían desencadenarse «terremotos de magnitud significativamente mayor a los registrados» en 2013 por la desestabilización de la falla de Amposta, alcanzando magnitudes próximas a los 6,8 grados en la escala Richter.
Los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN) no recogen un terremoto de un tamaño similar desde el 28 de febrero de 1969, cuando un seísmo de 7,8 grados asoló Huelva e Isla Cristina dejando un balance de 19 fallecidos. Así, los autores de los informes desaconsejan poner en marcha la instalación.
Y eso es lo que hará el Gobierno. El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, explicó ayer que su departamento va a encargar una serie de informes para estudiar el posible desmantelamiento de la instalación tras comprobar que ésta nunca va a poder utilizarse para el fin previsto: guardar gas natural en verano -cuando su precio es más barato- y sacarlo para cubrir las puntas del invierno.
Estos nuevos informes tendrán que comprobar si es seguro desmontar el almacén y cuál sería su precio, que en el sector ya se calcula en torno a los 300 millones de euros. El ministro Álvaro Nadal señaló en el Congreso que «por ahora» es mejor dejar las cosas como están, ya que el desmontaje también podría provocar nuevos terremotos.
Los 300 millones del desmantelamiento se sumarían a la larga factura que ya acumula una instalación que nunca ha llegado a utilizarse. Este coste está compuesto en su mayor parte por la indemnización de 1.350 millones de euros que se pagó a la concesionaria Escal UGS, participada por ACS, tras renunciar en 2014 a la instalación una vez que la actividad fue cesada por el Gobierno.
La factura de Castor acompañará a los hogares y a las empresas que consumen gas hasta el año 2046 al incluir el mecanismo de financiación un pago anual en la factura de 80 millones de euros durante 30 años. A esta cifra hay que sumar actualmente 15 millones de euros en concepto de mantenimiento que se paga a Enagás, empresa participada por el Estado que se encarga de conservar el almacén hasta que se decida su desmantelamiento. En total, los pagos por Castor elevarán la parte regulada de la factura de los consumidores alrededor de un 3%, lo que se traduciría en un pago total de cerca de 200 euros en tres décadas.
Por otro lado, el informe quita responsabilidades a los constructores del almacén o los responsables políticos que lo autorizaron al señalar que el episodio de terremotos desencadenado era imposible de prever.
Los técnicos alertan de que volver a operar Castor podría desencadenar el mayor terremoto en 48 años | Economia Home | EL MUNDO
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Los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN) no recogen un terremoto de un tamaño similar desde el 28 de febrero de 1969, cuando un seísmo de 7,8 grados asoló Huelva e Isla Cristina dejando un balance de 19 fallecidos. Así, los autores de los informes desaconsejan poner en marcha la instalación.
Y eso es lo que hará el Gobierno. El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, explicó ayer que su departamento va a encargar una serie de informes para estudiar el posible desmantelamiento de la instalación tras comprobar que ésta nunca va a poder utilizarse para el fin previsto: guardar gas natural en verano -cuando su precio es más barato- y sacarlo para cubrir las puntas del invierno.
Estos nuevos informes tendrán que comprobar si es seguro desmontar el almacén y cuál sería su precio, que en el sector ya se calcula en torno a los 300 millones de euros. El ministro Álvaro Nadal señaló en el Congreso que «por ahora» es mejor dejar las cosas como están, ya que el desmontaje también podría provocar nuevos terremotos.
Los 300 millones del desmantelamiento se sumarían a la larga factura que ya acumula una instalación que nunca ha llegado a utilizarse. Este coste está compuesto en su mayor parte por la indemnización de 1.350 millones de euros que se pagó a la concesionaria Escal UGS, participada por ACS, tras renunciar en 2014 a la instalación una vez que la actividad fue cesada por el Gobierno.
La factura de Castor acompañará a los hogares y a las empresas que consumen gas hasta el año 2046 al incluir el mecanismo de financiación un pago anual en la factura de 80 millones de euros durante 30 años. A esta cifra hay que sumar actualmente 15 millones de euros en concepto de mantenimiento que se paga a Enagás, empresa participada por el Estado que se encarga de conservar el almacén hasta que se decida su desmantelamiento. En total, los pagos por Castor elevarán la parte regulada de la factura de los consumidores alrededor de un 3%, lo que se traduciría en un pago total de cerca de 200 euros en tres décadas.
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