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luis_carlos
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Argentina abre la vía para procesar a ex militares de la dictadura
La Corte Suprema declara inconstitucionales las leyes de amnistía
AGENCIAS / ELPAIS.es - Buenos Aires / Madrid
ELPAIS.es - Internacional - 15-06-2005
Las madres de Plaza de Mayo, Tati Almeida (izqda.), Haydée Gastelú (centro) y
Eva Jarach (dcha.), celebran en Buenos Aires (Argentina) la anulación de las
leyes. (EFE)
ampliar
20 años de impunidad
ARGENTINA
Capital: Buenos Aires
Gobierno: República
Población: 39,144,753 (2004)
TEMA
El final de la impunidad en Argentina
AUDIO
Kirchner: "Las víctimas se reconcilian hoy con la justicia"
14-06-2005
30.000 desaparecidos
La Corte Suprema de Argentina declaró el martes por la tarde inconstitucionales
las leyes de impunidad promulgadas en la década de los 80 por el primer gobierno
democrático del país y que ya fueron anuladas por el Parlamento en 2003. Se
trata de dos normas, conocidas como Punto Final y Obediencia Debida, que
impidieron el procesamiento de centenares de implicados en la represión política
entre los años 1976 y 1983, durante la dictadura militar.
La Corte Suprema alcanzó este fallo, toda una victoria para las víctimas de la
dictadura, con el voto favorable de siete de sus nueve miembros, mientras que
uno (Carlos Fayt) votó en contra de la resolución y el último (Augusto
Belluscio) se abstuvo porque presentó su renuncia al alto tribunal, que se hará
efectiva en septiembre. El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, declaró
nada más conocerse el fallo que "la impunidad ha terminado en Argentina" y que
"este fallo coloca a los ciudadanos frente a la ley".
Las leyes de amnistía fueron promulgadas en 1986 (la de Punto Final, que ponía
límite temporal al procesamiento de acusados de crímenes durante la dictadura) y
1987 (Obediencia Debida, que consagró la teoría de que los oficiales de rango
inferior y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad actuaron en la
represión ilegal forzados por los mandos superiores) por el Gobierno del
entonces presidente Raúl Alfonsín, del Partido Radical. Con su aprobación, que
supuso el cierre de cientos de juicios contra represores, Alfonsín pretendía
calmar la rebelión militar en protesta a las citaciones judiciales de oficiales
y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Ahora, gracias a la decisión tomada por
la máxima instancia judicial del país de invalidar estas leyes, se podrá
continuar con numerosos procesos judiciales, que estaban congelados, por delitos
de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos perpetrados durante el
régimen militar.
Alfonsín consideró el martes por la noche que dichas leyes fueron en su día
"válidas e indispensables" como herramientas de protección de los derechos
humanos "para el futuro".
El tribunal supremo adoptó la medida después de analizar durante más de tres
años el caso de la desaparición, en 1978, de un matrimonio formado por el
chileno José Poblete y la argentina Gertrudis Hlaczik y la apropiación de su
hija, desde entonces desaparecida. En cualquier caso, la resolución va más allá
de este caso concreto y sienta un precedente que abre la posibilidad de que un
número indeterminado de miembros de las Fuerzas Armadas -entre 1.000 y 1.500,
según las fuentes, de los cuales un 10% permanece en activo- que participaron en
la represión pueden volver a ser citados a declarar ante la justicia y quedar
detenidos por su implicación en la desaparición de personas, torturas y otros
delitos de lesa humanidad cometidos durante el último régimen militar.
Inquietud en las Fuerzas Armadas
Antes de este fallo histórico, la Corte convalidó una serie de fallos de
instancias judiciales inferiores que, a partir de marzo de 2001, cuestionaron la
validez de las leyes del perdón, que habían sido aprobadas por el Parlamento en
la década de los 80 bajo presión militar. Además, las principales causas por
delitos de lesa humanidad fueron reabiertas por la justicia después de que, en
agosto de 2003 y poco después de la llegada al poder del peronista Néstor
Kirchner, el Parlamento anulara las normas de Punto Final y Obediencia Debida.
En la misma linea, Kirchner derogó en julio de ese año el decreto que impedía la
extradición a terceros países de represores de la dictadura.
La nulidad parlamentaria de las leyes de impunidad permitió la reapertura de las
causas sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA) y el Primer Cuerpo de Ejército, pero la resolución de la Corte Suprema
era indispensable para que todas las causas vinculadas al terrorismo de Estado
avancen y sean elevadas a juicio oral. De los militares y policías que figuran
como imputados en esos expedientes "muy pocos siguen en activo", según han
señalado portavoces del Ministerio de Defensa.
El titular de la cartera, José Pampuro, ha admitido, horas antes de que se
conociera el fallo del Supremo, que "hay inquietud y preocupación" entre los
militares involucrados. "Son bastantes los que tendrán que declarar. En las
Fuerzas Armadas se sabía que este fallo se iba a dar", ha añadido el ministro.
30.000 desaparecidos
A pesar de la amnistía, los ex comandantes que lideraron el plan de represión y
exterminio contra opositores políticos fueron juzgados y condenados a prisión
perpetua en 1985. Los miembros de las Juntas Militares -y los líderes
guerrilleros que actuaron en la década de los 70- se beneficiaron posteriormente
de indultos decretados en 1989 y 1990 por el entonces presidente, Carlos Menem.
Sin embargo, muchos de ellos volvieron a las cárceles o fueron puestos bajo
arresto domiciliario por su participación en el secuestro de hijos de
desaparecidos. En esa condición se encuentran, entre otros, el ex dictador Jorge
Videla y el ex marino Alfredo Astiz. Según estimaciones oficiales, en Argentina
hubo 18.000 desaparecidos durante la dictadura, cifra que las organizaciones
humanitarias elevan a 30.000.
saludos
luis carlos
La Corte Suprema declara inconstitucionales las leyes de amnistía
AGENCIAS / ELPAIS.es - Buenos Aires / Madrid
ELPAIS.es - Internacional - 15-06-2005
Las madres de Plaza de Mayo, Tati Almeida (izqda.), Haydée Gastelú (centro) y
Eva Jarach (dcha.), celebran en Buenos Aires (Argentina) la anulación de las
leyes. (EFE)
ampliar
20 años de impunidad
ARGENTINA
Capital: Buenos Aires
Gobierno: República
Población: 39,144,753 (2004)
TEMA
El final de la impunidad en Argentina
AUDIO
Kirchner: "Las víctimas se reconcilian hoy con la justicia"
14-06-2005
30.000 desaparecidos
La Corte Suprema de Argentina declaró el martes por la tarde inconstitucionales
las leyes de impunidad promulgadas en la década de los 80 por el primer gobierno
democrático del país y que ya fueron anuladas por el Parlamento en 2003. Se
trata de dos normas, conocidas como Punto Final y Obediencia Debida, que
impidieron el procesamiento de centenares de implicados en la represión política
entre los años 1976 y 1983, durante la dictadura militar.
La Corte Suprema alcanzó este fallo, toda una victoria para las víctimas de la
dictadura, con el voto favorable de siete de sus nueve miembros, mientras que
uno (Carlos Fayt) votó en contra de la resolución y el último (Augusto
Belluscio) se abstuvo porque presentó su renuncia al alto tribunal, que se hará
efectiva en septiembre. El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, declaró
nada más conocerse el fallo que "la impunidad ha terminado en Argentina" y que
"este fallo coloca a los ciudadanos frente a la ley".
Las leyes de amnistía fueron promulgadas en 1986 (la de Punto Final, que ponía
límite temporal al procesamiento de acusados de crímenes durante la dictadura) y
1987 (Obediencia Debida, que consagró la teoría de que los oficiales de rango
inferior y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad actuaron en la
represión ilegal forzados por los mandos superiores) por el Gobierno del
entonces presidente Raúl Alfonsín, del Partido Radical. Con su aprobación, que
supuso el cierre de cientos de juicios contra represores, Alfonsín pretendía
calmar la rebelión militar en protesta a las citaciones judiciales de oficiales
y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Ahora, gracias a la decisión tomada por
la máxima instancia judicial del país de invalidar estas leyes, se podrá
continuar con numerosos procesos judiciales, que estaban congelados, por delitos
de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos perpetrados durante el
régimen militar.
Alfonsín consideró el martes por la noche que dichas leyes fueron en su día
"válidas e indispensables" como herramientas de protección de los derechos
humanos "para el futuro".
El tribunal supremo adoptó la medida después de analizar durante más de tres
años el caso de la desaparición, en 1978, de un matrimonio formado por el
chileno José Poblete y la argentina Gertrudis Hlaczik y la apropiación de su
hija, desde entonces desaparecida. En cualquier caso, la resolución va más allá
de este caso concreto y sienta un precedente que abre la posibilidad de que un
número indeterminado de miembros de las Fuerzas Armadas -entre 1.000 y 1.500,
según las fuentes, de los cuales un 10% permanece en activo- que participaron en
la represión pueden volver a ser citados a declarar ante la justicia y quedar
detenidos por su implicación en la desaparición de personas, torturas y otros
delitos de lesa humanidad cometidos durante el último régimen militar.
Inquietud en las Fuerzas Armadas
Antes de este fallo histórico, la Corte convalidó una serie de fallos de
instancias judiciales inferiores que, a partir de marzo de 2001, cuestionaron la
validez de las leyes del perdón, que habían sido aprobadas por el Parlamento en
la década de los 80 bajo presión militar. Además, las principales causas por
delitos de lesa humanidad fueron reabiertas por la justicia después de que, en
agosto de 2003 y poco después de la llegada al poder del peronista Néstor
Kirchner, el Parlamento anulara las normas de Punto Final y Obediencia Debida.
En la misma linea, Kirchner derogó en julio de ese año el decreto que impedía la
extradición a terceros países de represores de la dictadura.
La nulidad parlamentaria de las leyes de impunidad permitió la reapertura de las
causas sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA) y el Primer Cuerpo de Ejército, pero la resolución de la Corte Suprema
era indispensable para que todas las causas vinculadas al terrorismo de Estado
avancen y sean elevadas a juicio oral. De los militares y policías que figuran
como imputados en esos expedientes "muy pocos siguen en activo", según han
señalado portavoces del Ministerio de Defensa.
El titular de la cartera, José Pampuro, ha admitido, horas antes de que se
conociera el fallo del Supremo, que "hay inquietud y preocupación" entre los
militares involucrados. "Son bastantes los que tendrán que declarar. En las
Fuerzas Armadas se sabía que este fallo se iba a dar", ha añadido el ministro.
30.000 desaparecidos
A pesar de la amnistía, los ex comandantes que lideraron el plan de represión y
exterminio contra opositores políticos fueron juzgados y condenados a prisión
perpetua en 1985. Los miembros de las Juntas Militares -y los líderes
guerrilleros que actuaron en la década de los 70- se beneficiaron posteriormente
de indultos decretados en 1989 y 1990 por el entonces presidente, Carlos Menem.
Sin embargo, muchos de ellos volvieron a las cárceles o fueron puestos bajo
arresto domiciliario por su participación en el secuestro de hijos de
desaparecidos. En esa condición se encuentran, entre otros, el ex dictador Jorge
Videla y el ex marino Alfredo Astiz. Según estimaciones oficiales, en Argentina
hubo 18.000 desaparecidos durante la dictadura, cifra que las organizaciones
humanitarias elevan a 30.000.
saludos
luis carlos
