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Bor el Zumbao
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EN MARCHA UNA NUEVA REFORMA LABORAL CONTRA LOS TRABAJADORES
Teo Navarro
El gobierno, la patronal y las direcciones de CCOO y UGT se aprestan a
negociar una nueva reforma laboral y otra reforma de las pensiones
públicas como parte del llamado "diálogo social" iniciado en julio de
2004. Una vez firmado el pacto social para la negociación colectiva (ANC
2005) y otros acuerdos parciales (Empleados Públicos, Reglamento de la
ley de Extranjería), el objetivo ahora es conseguir una reforma laboral
pactada antes del otoño, al estilo de la que firmaron en el 97. Las
pensiones vendrán después. Como en los acuerdos anteriores, nada bueno
para los trabajadores puede salir de esa negociación.
Los propuestas del gobierno: precarizar el empleo indefinido y rebajar
las cotizaciones sociales que pagan las empresas
Una vez concluido el informe de la "comisión de expertos" que
aconsejaba, entre otras cosas, flexibilizar y abaratar el despido como
fórmulas para reducir el alto índice de contratos temporales, el
gobierno presentó sus propuestas a mediados de marzo. Entre las muchas
propuestas a negociar, destacan cuatro. Primero, abaratar el despido por
la vía de generalizar a todos los trabajadores el contrato indefinido de
33 días y 24 mensualidades de indemnización por despido improcedente,
aceptado por CCOO y UGT en el 97, en lugar de los 45 días y 42
mensualidades del contrato indefinido ordinario (estadísticamente, más
de la mitad de los nuevos contratos indefinidos son de esta última
modalidad). Segundo, ampliar el período de prueba de los contratos
indefinidos, actualmente entre 3 y 6 meses. Tercero, rebajar las
cotizaciones patronales por desempleo a los contratos indefinidos.
Cuarto, aumentar las bonificaciones de las cuotas patronales a la
Seguridad Social, pasando de los 2 años actuales a cuatro, y
generalizándolas a todos los contratos indefinidos.
Las dos primeras propuestas (despido más barato, más tiempo a prueba)
son claramente un nuevo ataque a derechos de los trabajadores, un nuevo
avance en la precarización del empleo indefinido, en línea con las
aspiraciones de la CEOE y con las recomendaciones hechas por el servicio
de estudios del BBVA, la UE, el FMI y la OCDE.
Por su parte, la rebaja de las cotizaciones patronales al desempleo y a
la Seguridad Social son un nuevo trasvase masivo de salario indirecto y
diferido de los trabajadores hacia el capital (¿qué otra cosa son las
cotizaciones patronales sino una parte del salario del trabajador
retenido por el empresario para situaciones de baja, desempleo o la
futura pensión?). No por casualidad, la rebaja generalizada de las
cotizaciones patronales es una vieja y permanente reivindicación
empresarial.
Las pretensiones de la patronal: despido más barato, empleo más
precario, menos cotizaciones sociales empresariales
La CEOE, consecuente con los intereses que defiende, ha venido
anunciando sus principales objetivos: abaratar la indemnización por
despido y facilitarlo mediante la supresión de la autorización
administrativa, cargarse la contratación indefinida mediante un contrato
de obra y servicio "de carácter estable" vigente mientras dure una etapa
de producción, modelo o producto y, por encima de todo y a la vista de
que el Gobierno difícilmente aceptará sus propuestas por el rechazo
sindical, lograr una reducción generalizada de las cotizaciones sociales
para todos los contratos. Para ello confía en que el gobierno sea
consecuente con su programa electoral, donde se comprometía a una rebaja
de 5 puntos de las cotizaciones sociales. Cuevas declaró recientemente
confiar en Solbes "uno de los pocos ministros que alguna vez han
reducido las cotizaciones cuando fue ministro de economía con Felipe
González". En auxilio de esa aspiración patronal ha acudido también el
secretario de Estado de Economía declarando que, visto el
multimillonario superávit de la Seguridad Social (8.200 millones de
euros en el 2004) "no se debe despreciar la propuesta de la CEOE de
rebajar las cotizaciones sociales a la vista del excedente que se está
produciendo", poniendo de nuevo al descubierto los verdaderos intereses
que se ocultan detrás del demagógico discurso de que hay que recortar
las pensiones públicas para que puedan ser viables en el futuro.
Derrotados antes de empezar: las propuestas de las direcciones de CCOO y
UGT
Las propuestas de Méndez y Fidalgo parten de reconocer el fracaso de la
reforma laboral que ellos avalaron en el 97. En palabras de Méndez: "Los
sindicatos aceptamos rebajar las indemnizaciones para los nuevos
contratos de los 45 días por año a los 33 con un máximo de 24
mensualidades. La contrapartida tenía que haber sido una drástica
reducción de la temporalidad que no se ha producido". En cifras
facilitadas por ellos mismos, el porcentaje de contratos temporales hoy
sigue siendo prácticamente el mismo que antes del Pacto, casi el 32%, y
en cifras absolutas hay 5 millones de trabajadores eventuales, 1’5
millones más que entonces.
Sin embargo, este clamoroso fracaso, que no les lleva a asumir
responsabilidad alguna pese a las graves consecuencias que ha supuesto
para los trabajadores, tampoco los mueve a rectificar. La esencia de su
propuesta es, en sus propias palabras, "reforzar la inspección de
trabajo, pues el principal foco de temporalidad se produce porque la ley
se infringe". En consecuencia, dan por buena la actual legislación
laboral con algunas tímidas modificaciones (limitación del número máximo
de contratos temporales, restricción del contrato de obra y servicio,
aumentar la cotización por desempleo de los contratos temporales,
reforma del contrato a tiempo parcial, mayor control de las subcontratas
y responsabilidad de la empresa principal...) y ponen el acento en la
lucha contra el fraude como el instrumento principal que ha de permitir
reducir a la mitad en 10 años (¡largo lo fiais!) el porcentaje actual de
contratos eventuales. Como afirma Fidalgo, "no estamos proponiendo que
se penalicen los contratos temporales, sino que se luche contra el
fraude".
Imbuidos por el pragmatismo de la inevitabilidad de las políticas
neoliberales, Méndez y Gutiérrez están dispuestos a aceptar una nueva
rebaja de las cotizaciones sociales de la patronal, a sumar a los casi
3.000 millones de euros que ya reciben en bonificaciones, sugiriendo que
se paguen de fondos del INEM, en lugar de reivindicar que el superávit
se dedique a subir las prestaciones por desempleo y a ampliar la base de
cobertura que apenas si cubre a la mitad de los parados.
Hay que prepararse para enfrentar una nueva agresión
Aunque todavía estamos en los inicios de un proceso de negociación que
se desarrollará en los próximos meses, nada bueno puede salir del
conciliábulo entre el gobierno, la patronal y la burocracia de CCOO y
UGT. Impuestas por el gobierno o aceptadas por las direcciones de CCOO y
UGT, las anteriores cuatro reformas laborales sólo han servido para
eliminar derechos de los trabajadores tanto en niveles de contratación y
condiciones de trabajo como en lo relativo a salarios y a prestaciones
por desempleo, que se redujeron y se endurecieron en todas ellas. Y
aunque todo apunta a que, si no hubiera acuerdo, el gobierno no estará
en condiciones de imponer unilateralmente sus posiciones, lo cierto es
que nada bueno podemos esperar de un proceso de negociación encarado por
unas direcciones sindicales que actúan a espaldas de los afiliados y de
los trabajadores a quienes dicen representar, que han olvidado una
lección de la historia del movimiento obrero tan elemental como que la
movilización es la única garantía para mantener y ampliar derechos y
que, incluso en sus posiciones de partida en la negociación, dan por
bueno el actual estado de cosas en sus aspectos esenciales.
--
"Te digo que ambos somos ateos. Yo simplemente creo en un dios menos que
tú. Cuando entiendas por qué descartas a todos los otros posibles
dioses, entenderás por qué yo descarto al tuyo."
(Stephen Roberts hablando con un cristiano)
Si ser loco es tener sueños, yo quiero estar loco.
Teo Navarro
El gobierno, la patronal y las direcciones de CCOO y UGT se aprestan a
negociar una nueva reforma laboral y otra reforma de las pensiones
públicas como parte del llamado "diálogo social" iniciado en julio de
2004. Una vez firmado el pacto social para la negociación colectiva (ANC
2005) y otros acuerdos parciales (Empleados Públicos, Reglamento de la
ley de Extranjería), el objetivo ahora es conseguir una reforma laboral
pactada antes del otoño, al estilo de la que firmaron en el 97. Las
pensiones vendrán después. Como en los acuerdos anteriores, nada bueno
para los trabajadores puede salir de esa negociación.
Los propuestas del gobierno: precarizar el empleo indefinido y rebajar
las cotizaciones sociales que pagan las empresas
Una vez concluido el informe de la "comisión de expertos" que
aconsejaba, entre otras cosas, flexibilizar y abaratar el despido como
fórmulas para reducir el alto índice de contratos temporales, el
gobierno presentó sus propuestas a mediados de marzo. Entre las muchas
propuestas a negociar, destacan cuatro. Primero, abaratar el despido por
la vía de generalizar a todos los trabajadores el contrato indefinido de
33 días y 24 mensualidades de indemnización por despido improcedente,
aceptado por CCOO y UGT en el 97, en lugar de los 45 días y 42
mensualidades del contrato indefinido ordinario (estadísticamente, más
de la mitad de los nuevos contratos indefinidos son de esta última
modalidad). Segundo, ampliar el período de prueba de los contratos
indefinidos, actualmente entre 3 y 6 meses. Tercero, rebajar las
cotizaciones patronales por desempleo a los contratos indefinidos.
Cuarto, aumentar las bonificaciones de las cuotas patronales a la
Seguridad Social, pasando de los 2 años actuales a cuatro, y
generalizándolas a todos los contratos indefinidos.
Las dos primeras propuestas (despido más barato, más tiempo a prueba)
son claramente un nuevo ataque a derechos de los trabajadores, un nuevo
avance en la precarización del empleo indefinido, en línea con las
aspiraciones de la CEOE y con las recomendaciones hechas por el servicio
de estudios del BBVA, la UE, el FMI y la OCDE.
Por su parte, la rebaja de las cotizaciones patronales al desempleo y a
la Seguridad Social son un nuevo trasvase masivo de salario indirecto y
diferido de los trabajadores hacia el capital (¿qué otra cosa son las
cotizaciones patronales sino una parte del salario del trabajador
retenido por el empresario para situaciones de baja, desempleo o la
futura pensión?). No por casualidad, la rebaja generalizada de las
cotizaciones patronales es una vieja y permanente reivindicación
empresarial.
Las pretensiones de la patronal: despido más barato, empleo más
precario, menos cotizaciones sociales empresariales
La CEOE, consecuente con los intereses que defiende, ha venido
anunciando sus principales objetivos: abaratar la indemnización por
despido y facilitarlo mediante la supresión de la autorización
administrativa, cargarse la contratación indefinida mediante un contrato
de obra y servicio "de carácter estable" vigente mientras dure una etapa
de producción, modelo o producto y, por encima de todo y a la vista de
que el Gobierno difícilmente aceptará sus propuestas por el rechazo
sindical, lograr una reducción generalizada de las cotizaciones sociales
para todos los contratos. Para ello confía en que el gobierno sea
consecuente con su programa electoral, donde se comprometía a una rebaja
de 5 puntos de las cotizaciones sociales. Cuevas declaró recientemente
confiar en Solbes "uno de los pocos ministros que alguna vez han
reducido las cotizaciones cuando fue ministro de economía con Felipe
González". En auxilio de esa aspiración patronal ha acudido también el
secretario de Estado de Economía declarando que, visto el
multimillonario superávit de la Seguridad Social (8.200 millones de
euros en el 2004) "no se debe despreciar la propuesta de la CEOE de
rebajar las cotizaciones sociales a la vista del excedente que se está
produciendo", poniendo de nuevo al descubierto los verdaderos intereses
que se ocultan detrás del demagógico discurso de que hay que recortar
las pensiones públicas para que puedan ser viables en el futuro.
Derrotados antes de empezar: las propuestas de las direcciones de CCOO y
UGT
Las propuestas de Méndez y Fidalgo parten de reconocer el fracaso de la
reforma laboral que ellos avalaron en el 97. En palabras de Méndez: "Los
sindicatos aceptamos rebajar las indemnizaciones para los nuevos
contratos de los 45 días por año a los 33 con un máximo de 24
mensualidades. La contrapartida tenía que haber sido una drástica
reducción de la temporalidad que no se ha producido". En cifras
facilitadas por ellos mismos, el porcentaje de contratos temporales hoy
sigue siendo prácticamente el mismo que antes del Pacto, casi el 32%, y
en cifras absolutas hay 5 millones de trabajadores eventuales, 1’5
millones más que entonces.
Sin embargo, este clamoroso fracaso, que no les lleva a asumir
responsabilidad alguna pese a las graves consecuencias que ha supuesto
para los trabajadores, tampoco los mueve a rectificar. La esencia de su
propuesta es, en sus propias palabras, "reforzar la inspección de
trabajo, pues el principal foco de temporalidad se produce porque la ley
se infringe". En consecuencia, dan por buena la actual legislación
laboral con algunas tímidas modificaciones (limitación del número máximo
de contratos temporales, restricción del contrato de obra y servicio,
aumentar la cotización por desempleo de los contratos temporales,
reforma del contrato a tiempo parcial, mayor control de las subcontratas
y responsabilidad de la empresa principal...) y ponen el acento en la
lucha contra el fraude como el instrumento principal que ha de permitir
reducir a la mitad en 10 años (¡largo lo fiais!) el porcentaje actual de
contratos eventuales. Como afirma Fidalgo, "no estamos proponiendo que
se penalicen los contratos temporales, sino que se luche contra el
fraude".
Imbuidos por el pragmatismo de la inevitabilidad de las políticas
neoliberales, Méndez y Gutiérrez están dispuestos a aceptar una nueva
rebaja de las cotizaciones sociales de la patronal, a sumar a los casi
3.000 millones de euros que ya reciben en bonificaciones, sugiriendo que
se paguen de fondos del INEM, en lugar de reivindicar que el superávit
se dedique a subir las prestaciones por desempleo y a ampliar la base de
cobertura que apenas si cubre a la mitad de los parados.
Hay que prepararse para enfrentar una nueva agresión
Aunque todavía estamos en los inicios de un proceso de negociación que
se desarrollará en los próximos meses, nada bueno puede salir del
conciliábulo entre el gobierno, la patronal y la burocracia de CCOO y
UGT. Impuestas por el gobierno o aceptadas por las direcciones de CCOO y
UGT, las anteriores cuatro reformas laborales sólo han servido para
eliminar derechos de los trabajadores tanto en niveles de contratación y
condiciones de trabajo como en lo relativo a salarios y a prestaciones
por desempleo, que se redujeron y se endurecieron en todas ellas. Y
aunque todo apunta a que, si no hubiera acuerdo, el gobierno no estará
en condiciones de imponer unilateralmente sus posiciones, lo cierto es
que nada bueno podemos esperar de un proceso de negociación encarado por
unas direcciones sindicales que actúan a espaldas de los afiliados y de
los trabajadores a quienes dicen representar, que han olvidado una
lección de la historia del movimiento obrero tan elemental como que la
movilización es la única garantía para mantener y ampliar derechos y
que, incluso en sus posiciones de partida en la negociación, dan por
bueno el actual estado de cosas en sus aspectos esenciales.
--
"Te digo que ambos somos ateos. Yo simplemente creo en un dios menos que
tú. Cuando entiendas por qué descartas a todos los otros posibles
dioses, entenderás por qué yo descarto al tuyo."
(Stephen Roberts hablando con un cristiano)
Si ser loco es tener sueños, yo quiero estar loco.
