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8 de Diciembre de 2000
.. ACUERDO POR LAS LIBERTADES Y CONTRA EL TERRORISMO
El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, decididos a
reforzar su unidad para hacer plenamente efectivas las libertades y acabar
con el terrorismo, entienden que es su responsabilidad ante la sociedad
española adoptar el siguiente Acuerdo:
El retorno de ETA a la violencia terrorista, tras el cese temporal anunciado
en Septiembre de 1998, ha puesto dramáticamente en evidencia la situación en
el País Vasco. Con ello, ha quedado también de manifiesto el fracaso de la
estrategia promovida por el PNV y por EA, que abandonaron el Pacto de Ajuria
Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de
la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación
para llegar a la independencia del País Vasco.
La estrategia de ETA no puede ser más evidente: tratan de generalizar el
miedo para conseguir que los ciudadanos y las instituciones desistan de sus
principios, ideas y derechos y así alcanzar sus objetivos que, por
minoritarios, excluyentes y xenófobos, no lograrían abrirse camino jamás con
las reglas de la democracia.
El abandono definitivo, mediante ruptura formal, del Pacto de Estella y de
los organismos creados por éste, por parte de ambos partidos, PNV y EA,
constituye una condición evidente y necesaria para la reincorporación de
estas fuerzas políticas al marco de unidad de los partidos democráticos para
combatir el terrorismo. La recuperación plena de esa unidad para luchar
contra el terrorismo debe llevarse a cabo en torno a la Constitución y el
Estatuto de Guernica, espacio de encuentro de la gran mayoría de los
ciudadanos vascos.
Asimismo, la ruptura del Pacto de Estella y el abandono de sus organismos
constituye, para el Partido Popular y el Partido Socialista, un requisito
imprescindible para alcanzar cualquier acuerdo político o pacto
institucional con el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna.
Desde el acuerdo en el diagnóstico y en las consecuencias políticas que del
mismo se derivan, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español
queremos hacer explícita, ante el pueblo español, nuestra firme resolución
de derrotar la estrategia terrorista, utilizando para ello todos los medios
que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición.
Queremos, también, reforzar nuestra unidad para defender el derecho de los
vascos, el de todos los españoles, a vivir en paz y en libertad en cualquier
lugar de nuestro país.
----------------------------------------------------------------------------
----
.. Acuerdo
1. El terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno de España corresponde
dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea
que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el
Gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del
ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos
partidos las políticas para acabar con el terrorismo.
2. La violencia es moralmente aborrecible y radicalmente incompatible con el
ejercicio de la acción política democrática. Quienes la practican, quienes
atentan contra la vida de aquellos que no piensan como ellos sólo merecen la
condena y el desprecio de los partidos políticos democráticos y del conjunto
de la sociedad. No existe ningún objetivo político que pueda reclamarse
legítimamente en democracia mediante coacciones o asesinatos. El único
déficit democrático que sufre la sociedad vasca, el verdadero conflicto, es
que aquellos que no creen en la democracia ejercen la violencia terrorista
para imponer sus objetivos a la mayoría. Por ello, el PP y el PSOE nos
comprometemos a trabajar para que desaparezca cualquier intento de
legitimación política directa o indirecta, de la violencia. Por eso,
también, afirmamos públicamente que de la violencia terrorista no se
extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno.
3. Durante más de dos décadas de democracia, el pueblo vasco ha desarrollado
su capacidad de autogobierno en el marco de la Constitución y del Estatuto
de Guernica. Ese marco ha permitido la expresión política, cultural y social
de la pluralidad que alberga la sociedad vasca. Cualquier discrepancia
política existente entre vascos puede y debe plantearse en ese marco
institucional. Cualquier proyecto político, incluso aquellos que pretenden
revisar el propio marco institucional, debe respetar las reglas y los
procedimientos en él establecidos. El diálogo propio de una sociedad
democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los
ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y
Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia. La paz, la
convivencia libre y el respeto a los derechos humanos son valores no
negociables.
4. La defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas
corresponde, en primer lugar al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado: Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y, en su
ámbito, la Ertzaintza. De su capacidad y eficacia depende que se erradique
en el País Vasco y en el resto de España la violencia, las amenazas y los
chantajes de los terroristas y de quienes los sostienen. Por ello,
reiteramos nuestra confianza en su trabajo y apoyaremos su dotación adecuada
de medios humanos y materiales para desarrollar la labor que tienen
encomendada. Es una confianza, un apoyo y un compromiso que queremos hacer
extensivo a Jueces y Fiscales, a todos los que trabajan al servicio de la
Justicia para asegurar nuestra convivencia libre y pacífica.
5. Los delitos de las organizaciones terroristas son particularmente graves
y reprobables porque pretenden subvertir el orden democrático y extender el
temor entre todos los ciudadanos. Nuestro sistema penal ofrece una respuesta
jurídica adecuada para reprimir esos delitos. No obstante, si nuevas formas
delictivas o actitudes y comportamientos que constituyeran objetivamente
colaboración o incitación al terrorismo exigiesen reformas legales, nos
comprometemos a impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo.
La política penitenciaria forma parte de la estrategia de persecución contra
las bandas terroristas y, por tanto, se sitúa en el marco de acuerdo entre
ambos partidos y con el Gobierno. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico,
la legislación penitenciaria ha de aplicarse asegurando el más completo y
severo castigo a los condenados por actos terroristas. La política
penitenciaria contemplará las formas de reinserción de aquellos que
abandonen la organización terrorista y muestren actitudes inequívocas de
arrepentimiento y voluntad de resocialización tal y como establece nuestra
Constitución.
6. La experiencia de las actuaciones policiales ha puesto de manifiesto
reiteradamente la importancia que tiene la cooperación internacional para la
lucha antiterrorista. Los partidos firmantes del presente Acuerdo nos
comprometemos a trabajar para reforzar nuevas iniciativas de cooperación,
singularmente con Francia y en el marco de la Unión Europea. A tal efecto,
ambos partidos creemos necesario mantener una actividad informativa
permanente, a escala internacional, en el ámbito de las instituciones y de
las organizaciones políticas y ciudadanas.
7. Las víctimas del terrorismo constituyen nuestra principal preocupación.
Son ellas quienes más directamente han sufrido las consecuencias del
fanatismo y de la intolerancia. Sabemos que la democracia nunca podrá
devolverles lo que han perdido, pero estamos dispuestos a que reciban el
reconocimiento y la atención de la sociedad española. La Ley de Solidaridad
con las Víctimas del Terrorismo ha sido una expresión unánime y cualificada
de su reconocimiento moral y material. Pero nuestras obligaciones no han
terminado.
Debemos esforzarnos por preservar su memoria, por establecer un sistema de
atención cotidiana y permanente. Su colaboración con la sociedad española en
la batalla contra el terrorismo sigue siendo necesaria ya que nadie mejor
que las víctimas para defender los valores de convivencia y respeto mutuo
que quieren destruir aquellos que les han infligido tal sufrimiento.
Para promover esa colaboración, ambos partidos nos comprometemos a impulsar,
junto con las asociaciones de víctimas, la creación de una Fundación en la
que estén representadas dichas asociaciones que coordinará sus actividades
con las fundaciones ya existentes.
8. Pero la definitiva erradicación de la violencia terrorista en España no
es una tarea exclusiva de los partidos políticos democráticos. Exige el
compromiso activo de todos, instituciones, gobiernos y ciudadanos en la
afirmación constante de los valores cívicos y democráticos. PP y PSOE
reafirman su determinación de impulsar y apoyar la movilización de los
ciudadanos en contra de la violencia terrorista y en repudio de los
asesinos. Ambos partidos expresan su apoyo a los medios de comunicación y a
los profesionales que en ellos trabajan y subrayan la importancia de su
función para transmitir los valores que garantizan la convivencia entre los
españoles y que aparecen recogidos en nuestra Constitución.
La libertad de expresión y el pluralismo informativo constituyen un
patrimonio democrático esencial frente a la coacción, la amenaza y la
imposición del silencio buscada por los asesinos y sus cómplices. En este
Acuerdo, queremos dirigir un llamamiento especialmente a los jóvenes. Son
ellos los que deben protagonizar, de una forma singular, la rebelión contra
la violencia. Es a ellos a quienes corresponde principalmente extender la
ética de los valores democráticos y de la convivencia. ETA debe perder toda
esperanza. Y esa esperanza la perderá con la respuesta firme unida y
democrática de los ciudadanos vascos y del conjunto de los españoles a cada
una de sus vilezas.
Nuestro compromiso es poner en España y singularmente en el País Vasco, toda
nuestra energía de partidos democráticos para conseguir un gran impulso
cívico al servicio de la salvaguarda de las libertades y de los derechos de
todos los ciudadanos. Este no es un compromiso coyuntural. Queremos dar a
nuestro acuerdo eficacia de presente y proyección en el futuro. Para ello
trabajaremos conjuntamente para que los valores y principios plasmados en
este acuerdo alcancen el máximo apoyo social y de las instituciones, en las
que ambos partidos nos comprometemos a defenderlos.
9. El objetivo de este acuerdo, impulsar conjuntamente las libertades y la
política contra el terrorismo, exige una colaboración permanente entre el
Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que implica el
intercambio de información, la actuación concertada en los ámbitos recogidos
en el presente Acuerdo -reformas legislativas, política penitenciaria,
cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones- y la
búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los acontecimientos que afecten
a la política antiterrorista. A tal fin, se creará una comisión de
seguimiento que se reunirá periódicamente y en la que se integrarán
representantes de ambas fuerzas políticas y, con el acuerdo del Gobierno,
representantes de éste.
10. Con la firma del presente acuerdo PP y PSOE queremos ratificar
públicamente nuestro compromiso firme de trabajo en común, para la defensa
del derecho a la vida y a la libertad de todos los ciudadanos españoles.
Ambas formaciones políticas coincidimos en los principios que deben inspirar
la lucha antiterrorista y, en los términos aquí recogidos, en la política
que debe desarrollarse.
Queremos, finalmente, convocar a las demás fuerzas democráticas a compartir
estos principios y esta política, convencidos como estamos de que son un
cauce adecuado para expresar su voluntad de colaboración en el objetivo de
erradicar la lacra del terrorismo.
.. ACUERDO POR LAS LIBERTADES Y CONTRA EL TERRORISMO
El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, decididos a
reforzar su unidad para hacer plenamente efectivas las libertades y acabar
con el terrorismo, entienden que es su responsabilidad ante la sociedad
española adoptar el siguiente Acuerdo:
El retorno de ETA a la violencia terrorista, tras el cese temporal anunciado
en Septiembre de 1998, ha puesto dramáticamente en evidencia la situación en
el País Vasco. Con ello, ha quedado también de manifiesto el fracaso de la
estrategia promovida por el PNV y por EA, que abandonaron el Pacto de Ajuria
Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de
la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación
para llegar a la independencia del País Vasco.
La estrategia de ETA no puede ser más evidente: tratan de generalizar el
miedo para conseguir que los ciudadanos y las instituciones desistan de sus
principios, ideas y derechos y así alcanzar sus objetivos que, por
minoritarios, excluyentes y xenófobos, no lograrían abrirse camino jamás con
las reglas de la democracia.
El abandono definitivo, mediante ruptura formal, del Pacto de Estella y de
los organismos creados por éste, por parte de ambos partidos, PNV y EA,
constituye una condición evidente y necesaria para la reincorporación de
estas fuerzas políticas al marco de unidad de los partidos democráticos para
combatir el terrorismo. La recuperación plena de esa unidad para luchar
contra el terrorismo debe llevarse a cabo en torno a la Constitución y el
Estatuto de Guernica, espacio de encuentro de la gran mayoría de los
ciudadanos vascos.
Asimismo, la ruptura del Pacto de Estella y el abandono de sus organismos
constituye, para el Partido Popular y el Partido Socialista, un requisito
imprescindible para alcanzar cualquier acuerdo político o pacto
institucional con el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna.
Desde el acuerdo en el diagnóstico y en las consecuencias políticas que del
mismo se derivan, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español
queremos hacer explícita, ante el pueblo español, nuestra firme resolución
de derrotar la estrategia terrorista, utilizando para ello todos los medios
que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición.
Queremos, también, reforzar nuestra unidad para defender el derecho de los
vascos, el de todos los españoles, a vivir en paz y en libertad en cualquier
lugar de nuestro país.
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.. Acuerdo
1. El terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno de España corresponde
dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea
que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el
Gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del
ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos
partidos las políticas para acabar con el terrorismo.
2. La violencia es moralmente aborrecible y radicalmente incompatible con el
ejercicio de la acción política democrática. Quienes la practican, quienes
atentan contra la vida de aquellos que no piensan como ellos sólo merecen la
condena y el desprecio de los partidos políticos democráticos y del conjunto
de la sociedad. No existe ningún objetivo político que pueda reclamarse
legítimamente en democracia mediante coacciones o asesinatos. El único
déficit democrático que sufre la sociedad vasca, el verdadero conflicto, es
que aquellos que no creen en la democracia ejercen la violencia terrorista
para imponer sus objetivos a la mayoría. Por ello, el PP y el PSOE nos
comprometemos a trabajar para que desaparezca cualquier intento de
legitimación política directa o indirecta, de la violencia. Por eso,
también, afirmamos públicamente que de la violencia terrorista no se
extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno.
3. Durante más de dos décadas de democracia, el pueblo vasco ha desarrollado
su capacidad de autogobierno en el marco de la Constitución y del Estatuto
de Guernica. Ese marco ha permitido la expresión política, cultural y social
de la pluralidad que alberga la sociedad vasca. Cualquier discrepancia
política existente entre vascos puede y debe plantearse en ese marco
institucional. Cualquier proyecto político, incluso aquellos que pretenden
revisar el propio marco institucional, debe respetar las reglas y los
procedimientos en él establecidos. El diálogo propio de una sociedad
democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los
ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y
Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia. La paz, la
convivencia libre y el respeto a los derechos humanos son valores no
negociables.
4. La defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas
corresponde, en primer lugar al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado: Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y, en su
ámbito, la Ertzaintza. De su capacidad y eficacia depende que se erradique
en el País Vasco y en el resto de España la violencia, las amenazas y los
chantajes de los terroristas y de quienes los sostienen. Por ello,
reiteramos nuestra confianza en su trabajo y apoyaremos su dotación adecuada
de medios humanos y materiales para desarrollar la labor que tienen
encomendada. Es una confianza, un apoyo y un compromiso que queremos hacer
extensivo a Jueces y Fiscales, a todos los que trabajan al servicio de la
Justicia para asegurar nuestra convivencia libre y pacífica.
5. Los delitos de las organizaciones terroristas son particularmente graves
y reprobables porque pretenden subvertir el orden democrático y extender el
temor entre todos los ciudadanos. Nuestro sistema penal ofrece una respuesta
jurídica adecuada para reprimir esos delitos. No obstante, si nuevas formas
delictivas o actitudes y comportamientos que constituyeran objetivamente
colaboración o incitación al terrorismo exigiesen reformas legales, nos
comprometemos a impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo.
La política penitenciaria forma parte de la estrategia de persecución contra
las bandas terroristas y, por tanto, se sitúa en el marco de acuerdo entre
ambos partidos y con el Gobierno. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico,
la legislación penitenciaria ha de aplicarse asegurando el más completo y
severo castigo a los condenados por actos terroristas. La política
penitenciaria contemplará las formas de reinserción de aquellos que
abandonen la organización terrorista y muestren actitudes inequívocas de
arrepentimiento y voluntad de resocialización tal y como establece nuestra
Constitución.
6. La experiencia de las actuaciones policiales ha puesto de manifiesto
reiteradamente la importancia que tiene la cooperación internacional para la
lucha antiterrorista. Los partidos firmantes del presente Acuerdo nos
comprometemos a trabajar para reforzar nuevas iniciativas de cooperación,
singularmente con Francia y en el marco de la Unión Europea. A tal efecto,
ambos partidos creemos necesario mantener una actividad informativa
permanente, a escala internacional, en el ámbito de las instituciones y de
las organizaciones políticas y ciudadanas.
7. Las víctimas del terrorismo constituyen nuestra principal preocupación.
Son ellas quienes más directamente han sufrido las consecuencias del
fanatismo y de la intolerancia. Sabemos que la democracia nunca podrá
devolverles lo que han perdido, pero estamos dispuestos a que reciban el
reconocimiento y la atención de la sociedad española. La Ley de Solidaridad
con las Víctimas del Terrorismo ha sido una expresión unánime y cualificada
de su reconocimiento moral y material. Pero nuestras obligaciones no han
terminado.
Debemos esforzarnos por preservar su memoria, por establecer un sistema de
atención cotidiana y permanente. Su colaboración con la sociedad española en
la batalla contra el terrorismo sigue siendo necesaria ya que nadie mejor
que las víctimas para defender los valores de convivencia y respeto mutuo
que quieren destruir aquellos que les han infligido tal sufrimiento.
Para promover esa colaboración, ambos partidos nos comprometemos a impulsar,
junto con las asociaciones de víctimas, la creación de una Fundación en la
que estén representadas dichas asociaciones que coordinará sus actividades
con las fundaciones ya existentes.
8. Pero la definitiva erradicación de la violencia terrorista en España no
es una tarea exclusiva de los partidos políticos democráticos. Exige el
compromiso activo de todos, instituciones, gobiernos y ciudadanos en la
afirmación constante de los valores cívicos y democráticos. PP y PSOE
reafirman su determinación de impulsar y apoyar la movilización de los
ciudadanos en contra de la violencia terrorista y en repudio de los
asesinos. Ambos partidos expresan su apoyo a los medios de comunicación y a
los profesionales que en ellos trabajan y subrayan la importancia de su
función para transmitir los valores que garantizan la convivencia entre los
españoles y que aparecen recogidos en nuestra Constitución.
La libertad de expresión y el pluralismo informativo constituyen un
patrimonio democrático esencial frente a la coacción, la amenaza y la
imposición del silencio buscada por los asesinos y sus cómplices. En este
Acuerdo, queremos dirigir un llamamiento especialmente a los jóvenes. Son
ellos los que deben protagonizar, de una forma singular, la rebelión contra
la violencia. Es a ellos a quienes corresponde principalmente extender la
ética de los valores democráticos y de la convivencia. ETA debe perder toda
esperanza. Y esa esperanza la perderá con la respuesta firme unida y
democrática de los ciudadanos vascos y del conjunto de los españoles a cada
una de sus vilezas.
Nuestro compromiso es poner en España y singularmente en el País Vasco, toda
nuestra energía de partidos democráticos para conseguir un gran impulso
cívico al servicio de la salvaguarda de las libertades y de los derechos de
todos los ciudadanos. Este no es un compromiso coyuntural. Queremos dar a
nuestro acuerdo eficacia de presente y proyección en el futuro. Para ello
trabajaremos conjuntamente para que los valores y principios plasmados en
este acuerdo alcancen el máximo apoyo social y de las instituciones, en las
que ambos partidos nos comprometemos a defenderlos.
9. El objetivo de este acuerdo, impulsar conjuntamente las libertades y la
política contra el terrorismo, exige una colaboración permanente entre el
Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que implica el
intercambio de información, la actuación concertada en los ámbitos recogidos
en el presente Acuerdo -reformas legislativas, política penitenciaria,
cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones- y la
búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los acontecimientos que afecten
a la política antiterrorista. A tal fin, se creará una comisión de
seguimiento que se reunirá periódicamente y en la que se integrarán
representantes de ambas fuerzas políticas y, con el acuerdo del Gobierno,
representantes de éste.
10. Con la firma del presente acuerdo PP y PSOE queremos ratificar
públicamente nuestro compromiso firme de trabajo en común, para la defensa
del derecho a la vida y a la libertad de todos los ciudadanos españoles.
Ambas formaciones políticas coincidimos en los principios que deben inspirar
la lucha antiterrorista y, en los términos aquí recogidos, en la política
que debe desarrollarse.
Queremos, finalmente, convocar a las demás fuerzas democráticas a compartir
estos principios y esta política, convencidos como estamos de que son un
cauce adecuado para expresar su voluntad de colaboración en el objetivo de
erradicar la lacra del terrorismo.
