El 60% de la trama corrupta de los ERE empieza y termina en Sevilla

MariamSe

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El PP ha advertido este jueves de que la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE de Sevilla, Susana Díaz, no puede ser ajena «a que el 60 por ciento de la trama corrupta de los ERE empieza y termina en la provincia de Sevilla» y que el PSOE sevillano «es el eje de la misma».

En su intervención en la clausura de la Junta Directiva del PP de Sevilla, el presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, ha exigido a Díaz que «comience la lucha contra la corrupción por su propia casa, que bien la conoce ella» y «ponga luz sobre el caso de los ERE, que parece que empieza y termina en el PSOE de Sevilla».

Le ha reclamado «explicaciones urgentes y claras» después de que un dirigente socialista se haya visto envuelto en la última operación de la Guardia Civil dirigida por la juez Mercedes Alaya, en alusión a la detención del director del Área de Empleo e Innovación de la Diputación, Enrique Rodríguez Contreras, y el registro de su despacho en la institución provincial. «Es el tercer cargo que los socialistas han tenido en la Diputación que está implicado en el caso de los ERE y el segundo imputado», ha afirmado Bueno.

Ha recordado que también están el exparlamentario socialista Ramón Díaz, que fue director de Recursos Humanos en la Diputación y actualmente imputado, y la exalcaldesa de Villanueva del Río y Minas María José Cervantes, que declaró como imputada ante la Guardia Civil por esta trama y que sigue estando como directora del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación.

Según Bueno, las responsabilidades políticas del caso de los ERE fraudulentos «recaen sobre Susana Díaz doblemente, primero por ser la máxima responsable del PSOE sevillano y segundo por ser la presidenta de la Junta de Andalucía». En su opinión, de lo que se conoce ya de este caso, la provincia de Sevilla «fue, y con diferencia, la más beneficiada ilícitamente», ya que recibió «el 75 por ciento de las ayudas a ayuntamientos y el 65 por ciento de las ayudas a empresas».

De doce ayuntamientos andaluces beneficiados por el «fondo de reptiles», nueve de ellos eran sevillanos; igual que de las 123 ayudas a empresas, 81 de ellas fueron para la provincia de Sevilla, según ha recordado Bueno. Ha añadido también que «sólo para dos amigos íntimos del aparato socialista» se destinaron 33 millones de euros, en referencia al conglomerado empresarial de los exconcejales socialistas de la Sierra Norte José Enrique Rosendo y José María Sayago.

«A todo ello hay que sumarle además más del 35 por ciento de los imputados que lleva ya la instrucción de la causa que son también de la provincia de Sevilla, lo que supone 54 de los 162 imputados que hay en estos momentos; sin olvidar que esta provincia es además la que más intrusos acumula en los falsos ERE», ha recalcado.

Fuente: El 60% de la trama corrupta de los ERE «empieza y termina» en Sevilla - abcdesevilla.es
 

MariamSe

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Alaya no enviará aún el caso de los ERE al Supremo y pide "calma" porque el final de la instrucción "no está lejos"

No habrá inhibición al Tribunal Supremo de modo inmediato. La juez Mercedes Alaya ha aprovechado el auto en el que vuelve a citar a la ex consejera Magdalena Álvarez para el próximo 7 de noviembre para contestar a las dudas planteadas por la Audiencia de Sevilla respecto a si la instrucción estaba finalizada y era hora de remitir al Alto Tribunal el procedimiento por la presencia de los aforados.

Alaya advierte que la mayor parte de la causa “es inescindible” y precisa que, aunque el final de la instrucción “no está lejos, más bien todo lo contrario”, todavía queda un “trecho de importancia capital, no por el tiempo que ha de invertirse” sino por los contenidos que han de incorporarse para completar la investigación y determinar el “grado de participación delictiva” que pudieran haber tenido los aforados, con la aportación en su caso de los “indicios o principios de prueba que lo fundamenten”, por lo que pide “calma” para poder afrontar esta última etapa de trabajo y estudio, y para “encajar los cambios” que puedan producirse todavía en el desarrollo de la instrucción.

La magistrada asegura que para agotar la instrucción la Guardia Civil aún debe aportar los atestados de las ayudas de la Sierra Norte de Sevilla –con especial referencia a las otorgadas a los empresarios Enrique Rosendo y José María Sayago– y el atestado del IFA/IDEA y la Consejería de Innovación. Ambos atestados, según Alaya, serán entregados “en corto periodo de tiempo” y ambos deben culminarse con una diligencia de “informe final” en la que los agentes expondrán las conclusiones de la investigación a juicio policial.

Fuente: Alaya no enviará aún el caso de los ERE al Supremo y pide "calma"...
 

landsberguer

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España sigue siendo un erial infecto pero empiezo a hartarme de tanto fariseísmo. Sevilla es culpable de la misma forma que Rusia es culpable. Miren ustedes, en una trama de corrupción tan extensa, lo normal es que se centre en sitios más cercanos a los centros de poder. Si además tenemos la costumbre de que los centros de poder político se concentren con los sitios más habitados y con los centros de poder económico pues pasa lo que pasa.

Este país, incluso sin catalanes y vascos, tiene el gen del cainismo tan extenido como el de la corrupción desde el cabo de Gata hasta el Finisterre. La culpa es del otro. Envidiamos tanto que querríamos ser tan corrupto como el vecino. Esa acusación de que por ser de un sitio es más corrupto indica que si no hubiese catalanes y vascos en España, habría que inventárselos. Hablen de hechos (que son tozudos y acojonantes como la trama de las falsas prejubilaciones de los EREs), no de caricias mentales.
 

MariamSe

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Antonio Albarracín, ex director general de Vitalia

Albarracín era el máximo responsable de Vitalia, la consultora que según la Guardia Civil obtuvo sobrecomisiones de más de 21 millones de euros por actuar como mediadora en los ERE investigados. Vitalia y Uniter acapararon la mayoría de estos expedientes de la Junta de Andalucía sin concurso público.

La UCO considera que Albarracín era "responsable" de fijar estas comisiones por encima del mercado. Según la Guardia Civil, además, "tenía conocimiento pleno y participaba activamente en la inclusión de intrusos" en las prejubilaciones.

Se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda pública. La juez le envió a prisión el 22 de marzo pero salió el 31 de mayo de 2013 tras pagar la fianza de 600.000 euros.

Eduardo Pascual y María Vaqué, exadministradores de Vitalia

La juez Alaya envió a prisión en marzo de 2013 a Eduardo Pascual y María Vaqué, ambos administradores de la consultora Vitalia, que habría cobrado más de 21 millones de euros en sobrecomisiones.

La Guardia Civil considera que aunque la actividad de la consultoría la dirigía Albarracín, las decisiones sobre las sobrecomisiones o la inclusión de intrusos no las pudo tomar sin la autorización de Pascual y Vaqué.

La UCO ha encontrado indicios de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Estos son los principales imputados en el caso de los ERE:
Fuente: La juez de los ERE cree que Vitalia pagó cuatro millones de euros a "entornos" de CCOO y UGT - RTVE.es
 
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Fuente: Alaya investigará los préstamos concedidos por todas las consejerías de la Junta - Noticias de Andalucía

Alaya investigará los préstamos concedidos por todas las consejerías de la Junta

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha requerido a la Junta de Andalucía para que "a la mayor brevedad posible" recabe y entregue a la Guardia Civil toda la documentación relacionada con las distintas "ayudas, incentivos, avales y préstamos" concedidos "por cualquiera" de las consejerías a más de 20 sociedades, todo ello al entender que podrían haberse empleado "otras vías de financiación irregular a empresas coincidentes con las otras vías de financiación ya investigadas en la presente causa".

En un auto notificado este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada enmarca esta decisión en la investigación que la Guardia Civil está llevando a cabo sobre la actuación concreta del IFA/IDEA, organismo que "colaboró con distintas consejerías en el pago de ayudas por distintos conceptos, tramitadas con falta de procedimiento, haciendo uso de fondos que había recibido anteriormente de las distintas consejerías vía transferencia de financiación".

La juez recuerda que la Intervención General de la Junta "ha puesto de manifiesto" a través de sus informes "diversas irregularidades en la tramitación de las ayudas por parte de las consejerías, y en la actuación, gestión y control de IFA/IDEA, que podrían haber supuesto importantes consecuencias que están siendo investigadas", unas irregularidades "apuntadas asimismo" por el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Asimismo, y tras analizar las actas del Consejo Rector de IFA/IDEA, la Guardia Civil apuntó que el citado Consejo adoptó entre 2001 y 2011 "cuantiosos" acuerdos relativos al "otorgamiento de autorización a la agencia IFA/IDEA para la concesión de ayudas excepcionales", de reestructuración y/o de salvamento, así como de incentivos, aplicando para ello diferentes "instrumentos de apoyo" tales como préstamos, garantías de préstamos y/o avales ante entidades financieras o de crédito.

Todos ellos fueron recogidos, entre otras, en la Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 5 de noviembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas a empresas viables con dificultades coyunturales en Andalucía, "lo que podría suponer un aumento del endeudamiento de la agencia IDEA".

Para tomar su decisión, la juez tiene en cuenta "todo lo apuntado por la Guardia Civil" y que empresas "que han sido beneficiarias de ayudas públicas, sociolaborales o a empresas, figuran también entre las beneficiarias de ayudas públicas de salvamento o reestructuración concedidas por IDEA en virtud de la delegación de competencias recogida en el artículo 7" de la orden referida, así como que "se han detectado casos en los que simultáneamente a la autorización por parte del Consejo Rector del pago en ejecución de un aval de salvamento previamente otorgado por éste ante una entidad de crédito a favor de una serie de sociedades, se encontraban en proceso de resolución la concesión de ayudas de reestructuración a favor de estas mismas sociedades".

''Inyección continuada y sistémica de fondos públicos''

A su juicio, esto último "podría considerarse como una inyección continuada y sistemática de fondos públicos", por lo que "deberá investigarse si estas concesiones estaban basadas en la presunta aplicación de criterios arbitrarios como quedó de manifiesto" en el informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo.

En este sentido, "y teniendo en cuenta que el cargo de presidente de IDEA recayó en los diferentes titulares de las consejerías a las que estuvo adscrita y la vicepresidencia en sus respectivos viceconsejeros, la forma de aplicación de estos instrumentos recogidos en la antedicha orden por parte de IDEA podría ser indiciaria de la utilización de otras vías de financiación irregular a empresas coincidentes con las otras vías de financiación ya investigadas en la presente causa".

Por todo ello, la juez requiere a la Junta para que, "a la mayor brevedad posible", recabe y entregue a la Guardia Civil toda la documentación relacionada con los distintos avales y préstamos concedidos "por cualquiera de las consejerías" a una serie de sociedades.

La juez reclama, en este sentido, cualquier documentación relacionada con su solicitud, tramitación, análisis, control de las justificaciones, pagos, revocaciones y reintegros; operaciones de pago ejecutadas en virtud de los avales otorgados por IDEA, y, en su caso, otras operaciones de préstamos o aval otorgadas por la agencia a favor de estas sociedades y los reintegros efectuados por las mismas.

Expedientes de ayuda

También requiere a la Junta para que entregue a la Junta la documentación sobre los distintos expedientes de ayuda concedidas "por cualquiera" de las consejerías a una serie de empresas.

Entre las sociedades mencionadas por la juez, se encuentran Promi, etnianos de Jerez, Pickman La Cartuja, Fundiciones Caetano, Fabricación y Reparación de Buses, Río Tinto Fruit, Acyco Sal, Corchos y Tapones de Andalucía, Saldauto Sevilla, o Insersola. Por último, reclama a la Junta la documentación relacionada con las distintas ayudas, incentivos, avales y préstamos concedidos "por cualquiera" de las consejerías a Proasego Eólicas S.L., Eólicas del Zenete S.L. y Dolmen Consulting Inmobiliario.

La juez argumenta esta decisión en que la Guardia Civil ha emitido un oficio en el que relata la existencia de una serie de correos electrónicos hallados en un disco duro intervenido en el domicilio social de Maginae Solutions a través de los cuales "han podido confirmar la vinculación existente" entre Proasego y Eólicas del Zenete, "ambas beneficiarias de ayudas públicas", y el cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, "quien presuntamente pudiera haber participado activa y directamente en la solicitud y tramitación de las ayudas públicas a favor de las citadas sociedades".

Del mismo modo, la Guardia Civil "ha detectado" que Dolmen Consulting, también beneficiaria de ayudas públicas, "a su vez habría mantenido operaciones comerciales, pagos, con el despacho de abogados Estudio Jurídicos Villasís, por un importe total de 100.575,34 euros, en el periodo de tiempo comprendido entre 2008 y 2010".