- Una empresa pública se ha hecho cargo de los cerca de 180.000 expedientes atrasados que arrastra el Fondo de Garantía Salarial.
- El Ministerio ha evitado convocar un concurso público y lo ha hecho a través de una encomienda de gestión.
- Tasa la resolución de cada expediente atrasado en 20 euros.
El Ministerio de Empleo ha externalizado a una empresa pública la gestión de los
181.000 expedientes atrasados que acumula el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). La empresa en cuestión es Tragsatec, filial del Grupo Tragsa, que percibirá entre
3 y 3,5 millones de euros por llevar a cabo esta tarea.
La carga de trabajo del Fogasa, que se encarga de gestionar los expedientes y sufragar las indemnizaciones y los salarios de los trabajadores de empresas que se hayan declarado insolventes o en concurso de acreedores,
se ha triplicado en los últimos años mientras su plantilla se reducía. El pasado febrero, la dirección del organismo propuso a los sindicatos poner en marcha un plan para reducir la bolsa de expedientes atrasados que incluía encargar esta labor a una empresa externa.
Finalmente,
Empleo ha encargado esta labor a Tragsatec, mediante una encomienda de gestión. De esta forma, ha evitado otras fórmulas, como un concurso o una licitación a la que se hubieran tenido que presentarse varias ofertas. Según fuentes sindicales,
a la empresa se le pagarán cerca de 20 euros por cada expediente que resuelva. Cabe destacar que el personal de esta empresa no es funcionario.
El ministerio asegura que no se trata de una externalización, "pues se trata de una empresa pública". Según Empleo, Tragsa no resolverá expedientes sino que solo los tramitará y aportará "mejoras técnicas".
Son 23 provincias las que externalizan su bolsa de expedientes, entre las que están Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla o Asturias. La plantilla de estas oficinas está ahora preparando los expedientes a la empresa, que centralizará su trabajo en Madrid.
Fuentes sindicales alertan de que es probable que Tragsatec no pueda empezar a tramitar los expedientes hasta comienzos de enero de 2014. "Aún no se ha mandado la documentación, hay que formar a la plantilla de Tragsatec y hasta noviembre no hay formador", aseguran. Serán unos 80 trabajadores de la empresa los que se encarguen de resolver los expedientes, pero su perfil se desconoce. "Al no ser un concurso, desconocemos las obligaciones y compromisos de la empresa, y no sabemos qué perfil tendrán los trabajadores que se hagan cargo de esto", dicen.
Más barato reforzar la plantilla
Otras fuentes aseguran que resultaría más barato reforzar la plantilla del Fogasa para que afrontara este volumen de trabajo y denuncian "la apuesta por privatizar y externalizar" del Gobierno. Tanto CCOO como UGT llevan meses pidiendo la puesta en marcha de un plan de emergencia para sacar al Fogasa del colapso.
El ministerio ha aceptado incorporar a 136 trabajadores interinos, pero solo hasta el 31 de diciembre, un periodo insuficiente a ojos de los sindicatos, que temen que esta externalización haga aumentar los errores y reclamaciones.
Las mismas fuentes explican que puede darse la paradoja de que las oficinas resuelvan ahora expedientes recientes, mientras que otros que llevan más de un año en cartera sigan retrasándose hasta que Tragsa se ponga en marcha el año que viene. "De momento no hemos podido empezar a resolver los expedientes que nos están llegando estos días porque estamos preparando la documentación para la empresa, así que ya estamos acumulando retraso otra vez. Pero si resolviéramos ahora rápidamente expedientes nuevos se produciría un agravio comparativo con la gente que lleva meses, e incluso año y medio, esperando para cobrar", dice un trabajador.
"Lo que no hay es dinero para pagar todos los expedientes. Aunque Tragsatec resolviera toda la bolsa acumulada, el Fogasa no tiene dinero para hacer frente a esos pagos", denuncian desde un sindicato.
Las fuentes consultadas cuestionan también que Empleo no esté vulnerando la Ley de Protección de Datos al proporcionar expedientes con información personal a una empresa. "En las solicitudes hay todo tipo de información, el DNI, el número de cuenta..., y los expedientes no incluyen una cláusula de cesión de datos", afirman.
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