IvanRios
Madmaxista
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Otros 894.600 euros a sumar a una abultada fortuna en Suiza que podría superar los 38 millones de euros. Es la cantidad exacta que Luis Bárcenas reclama de partida al PP por su despido improcedente después de 31 años en plantilla, según los cálculos hechos por los juristas de la formación y corroborados por diversos expertos laborales y por personas cercanas al imputado, que insisten en que tendría derecho a cobrar 42 mensualidades brutas.
La segunda opción es que el PP le readmita en su anterior puesto de trabajo, cosa harto improbable, pero que es decisión del partido, porque se trata de una demanda por despido improcedente y no una reclamación de nulidad del despido. Y hay una última opción. Que los populares puedan probar ante un tribunal que no hubo una relación laboral hasta el pasado enero y que todo era un finiquito diferido con pago a la Seguridad Social e IRPF, una figura que no existe en la actual legislación por mucho que defiendan su legalidad desde la formación.
Sostener esta tesis se hace casi imposible: el pasado 31 de enero el PP dio de baja en la Seguridad Social al imputado por «despido», según revelaron técnicos de la administración. «Y solo se puede despedir a una persona contratada», apostillan, aunque sea obvio.
La decisión no está tomada, pero ante esta perspectiva los servicios jurídicos del PP valoran seriamente la posibilidad de avenirse a un acuerdo de conciliación con Luis Bárcenas que ahorre al partido un juicio mediático en los tribunales de lo Social y extender durante meses la polémica por la turbia relación laboral que ha unido al extesorero con la formación política durante los últimos tres años. No obstante, esos mismos especialistas jurídicos del partido son conscientes de que cualquier posible pacto podría saltar por los aires si Trabajo decide investigar si hubo irregularidades en esa relación «simulada» o «finiquito diferido», como lo definen los dirigentes de Génova 13.
El PP quiere a toda costa evitar una vista oral (y pública) en la que Bárcenas tenga audiencia para lanzar una nueva andanada, pero para el partido hay dos escollos importantes para ese acuerdo. El primero es que las pretensiones económicas de Bárcenas (los casi 900.000 euros) son para los populares inasumibles, según han explicado diferentes fuentes de la formación. Otra cosa -señalan estas mismas fuentes- es si el extesorero se aviniese a aceptar una cantidad menor, que esta vez si podría ser prorrateada. A esa cantidad, libre de impuestos, habría que sumar el salario que ha dejado de percibir desde enero y la parte proporcional de las extras.
El segundo problema para el PP es que llegar a un acuerdo de conciliación sobre la premisa de que hubo un despido (sea procedente o improcedente y sea cual sea la cantidad) sería admitir que hubo un contrato de relación laboral plena entre marzo de 2010 y enero de 2013 y que en ningún caso se trató de un «finiquito prorrateado» como arguye la cúpula de la formación.
Inspección de Trabajo
Desde el PP insisten públicamente en la legalidad de esta modalidad, pero sus juristas saben que tienen mucho que perder en un juicio contra Bárcenas, al margen de que todo este embrollo pueda terminar en una inspección de Trabajo con sanciones para ambas partes si, tal y como dijo María Dolores de Cospedal, se «simuló» una relación laboral. Y esa posibilidad, que haría saltar por los aíres cualquier acuerdo, cada vez parece más cerca. Un centenar de funcionarios de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria de Nervión y la Delegación de Salud en Sevilla de la Junta de Andalucía han presentado ante la Inspección de Trabajo una denuncia contra el Partido Popular por su relación laboral con Bárcenas y las confusas explicaciones públicas sobre la misma que han dado desde la formación. La denuncia apunta que ese finiquito con relación laboral plena y cotizaciones es un fraude a la ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En particular contra su artículo 26, que fija como sanción «muy grave» el hecho de «actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan, o prolongar indebidamente su disfrute mediante la aportación de datos o documentos falsos o la simulación de la relación laboral».
La confirmación del despido (procedente o improcedente) conllevará para Bárcenas, además de la indemnización, la posibilidad de cobrar el subsidio de desempleo. El extesorero ya ha iniciado los trámites para apuntarse al paro, aunque este procedimiento aún no ha concluido porque a Bárcenas se le pasó el plazo de quince días hábiles desde la carta de despido. Él ya ha alegado que nunca fue informado de su adiós del PP, por lo que será el juez el que decida desde cuándo puede recibir el subsidio.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, que consideró muy posible que el extesorero gane su demanda al PP, confirmó que a Bárcenas, si se le reconoce «una situación legal de desempleo y tiene cotizaciones», podrá beneficiarse del subsidio.
Brcenas reclama al PP 900.000 euros o su readmisin
La segunda opción es que el PP le readmita en su anterior puesto de trabajo, cosa harto improbable, pero que es decisión del partido, porque se trata de una demanda por despido improcedente y no una reclamación de nulidad del despido. Y hay una última opción. Que los populares puedan probar ante un tribunal que no hubo una relación laboral hasta el pasado enero y que todo era un finiquito diferido con pago a la Seguridad Social e IRPF, una figura que no existe en la actual legislación por mucho que defiendan su legalidad desde la formación.
Sostener esta tesis se hace casi imposible: el pasado 31 de enero el PP dio de baja en la Seguridad Social al imputado por «despido», según revelaron técnicos de la administración. «Y solo se puede despedir a una persona contratada», apostillan, aunque sea obvio.
La decisión no está tomada, pero ante esta perspectiva los servicios jurídicos del PP valoran seriamente la posibilidad de avenirse a un acuerdo de conciliación con Luis Bárcenas que ahorre al partido un juicio mediático en los tribunales de lo Social y extender durante meses la polémica por la turbia relación laboral que ha unido al extesorero con la formación política durante los últimos tres años. No obstante, esos mismos especialistas jurídicos del partido son conscientes de que cualquier posible pacto podría saltar por los aires si Trabajo decide investigar si hubo irregularidades en esa relación «simulada» o «finiquito diferido», como lo definen los dirigentes de Génova 13.
El PP quiere a toda costa evitar una vista oral (y pública) en la que Bárcenas tenga audiencia para lanzar una nueva andanada, pero para el partido hay dos escollos importantes para ese acuerdo. El primero es que las pretensiones económicas de Bárcenas (los casi 900.000 euros) son para los populares inasumibles, según han explicado diferentes fuentes de la formación. Otra cosa -señalan estas mismas fuentes- es si el extesorero se aviniese a aceptar una cantidad menor, que esta vez si podría ser prorrateada. A esa cantidad, libre de impuestos, habría que sumar el salario que ha dejado de percibir desde enero y la parte proporcional de las extras.
El segundo problema para el PP es que llegar a un acuerdo de conciliación sobre la premisa de que hubo un despido (sea procedente o improcedente y sea cual sea la cantidad) sería admitir que hubo un contrato de relación laboral plena entre marzo de 2010 y enero de 2013 y que en ningún caso se trató de un «finiquito prorrateado» como arguye la cúpula de la formación.
Inspección de Trabajo
Desde el PP insisten públicamente en la legalidad de esta modalidad, pero sus juristas saben que tienen mucho que perder en un juicio contra Bárcenas, al margen de que todo este embrollo pueda terminar en una inspección de Trabajo con sanciones para ambas partes si, tal y como dijo María Dolores de Cospedal, se «simuló» una relación laboral. Y esa posibilidad, que haría saltar por los aíres cualquier acuerdo, cada vez parece más cerca. Un centenar de funcionarios de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria de Nervión y la Delegación de Salud en Sevilla de la Junta de Andalucía han presentado ante la Inspección de Trabajo una denuncia contra el Partido Popular por su relación laboral con Bárcenas y las confusas explicaciones públicas sobre la misma que han dado desde la formación. La denuncia apunta que ese finiquito con relación laboral plena y cotizaciones es un fraude a la ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En particular contra su artículo 26, que fija como sanción «muy grave» el hecho de «actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan, o prolongar indebidamente su disfrute mediante la aportación de datos o documentos falsos o la simulación de la relación laboral».
La confirmación del despido (procedente o improcedente) conllevará para Bárcenas, además de la indemnización, la posibilidad de cobrar el subsidio de desempleo. El extesorero ya ha iniciado los trámites para apuntarse al paro, aunque este procedimiento aún no ha concluido porque a Bárcenas se le pasó el plazo de quince días hábiles desde la carta de despido. Él ya ha alegado que nunca fue informado de su adiós del PP, por lo que será el juez el que decida desde cuándo puede recibir el subsidio.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, que consideró muy posible que el extesorero gane su demanda al PP, confirmó que a Bárcenas, si se le reconoce «una situación legal de desempleo y tiene cotizaciones», podrá beneficiarse del subsidio.
Brcenas reclama al PP 900.000 euros o su readmisin
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