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Madmaxista
Subvenciones por aquí, subvenciones por allá...
La Federación de Mujeres Progresistas deja deudas de 2,8 millones, pese a recibir 4 de los gobiernos central y autonómico
Un inmenso agujero oscuro. Pocas metáforas describen de forma más gráfica la caótica gestión de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía. Esta ONG feminista próxima al PSOE se ha declarado en quiebra después de haber recibido 4 millones de euros en sólo tres años (desde 2009 a 2011) a través de subvenciones procedentes sobre todo de la Junta de Andalucía (3,7 millones), pero también del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
A pesar de los fondos públicos obtenidos para costear sus actividades sociales, su principal fuente de financiación, el 14 de mayo pasado la federación acordó en una asamblea extraordinaria solicitar la declaración de un concurso de acreedores, como ya informó ABC. Lo que no se conocía hasta ahora y pone al descubierto el informe del administrador concursal que se ha hecho cargo de su liquidación, fechado el 19 de octubre pasado, es el cuantioso montante de subvenciones que llegó a manejar (en torno a 1,3 millones de euros anuales), y la elevada deuda que arrojan sus cuentas, más de 2,81 millones de euros.
La última subvención, de 207.830 euros, se la concedió la Consejería de Empleo el pasado 2 de mayo para un programa de fomento del empleo. La Administración se la otorgó apenas doce días antes de que la organización acordara formalmente su liquidación, cuando ya se encontraba en situación de insolvencia y ni siquiera abonaba las nóminas a sus trabajadoras.
Su frenético tren de gasto ha terminado pasándole factura, sin que se sepa con exactitud cuál ha sido el destino de tanto dinero público. Muchas de las subvenciones están sin justificar. La organización que dirige Alicia Vañó —que apoyó públicamente en una plataforma la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba a La Moncloa— deja una lista interminable de acreedores que no podrán cobrar. Entre los afectados se encuentran la propia Junta, bancos, empleadas, la Tesorería de la Seguridad Social, empresas de papelería, Endesa y hasta la comunidad de vecinos a la que pertenece su sede en Sevilla. Es el mismo local que la Junta le ayudó a comprar con una subvención de 300.000 euros concedida en 2005.
La contabilidad «adolece de insuficiencias y errores, sobre todo en el ejercicio 2012, donde hemos detectado que no se recoge correctamente la imputación de subvenciones, no recoge los gastos —de importe considerable— producidos por las indemnizaciones, no incluye los gastos financieros... Circunstancia que denota cierta abandono o dejadez de la misma que puede estar provocado por el despido del personal de la administración». Éste es tan solo uno de los párrafos que recoge el informe del administrador concursal Javier Aguilar Cazorla, de 65 páginas, al que ha tenido acceso ABC.
Dos locales
El análisis de las cuentas anuales facilitadas por la entidad, correspondientes a 2009, 2010 y 2011 y al primer semestre de 2012, se ha encargado a instancias del Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla que tramita el concurso de acreedores.
Tras hacer un inventario de su patrimonio, el administrador concursal pone de manifiesto «una insuficiencia absoluta de bienes y derechos con los que atender al pago de los créditos de los acreedores». Sus principales activos son dos locales que la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía tiene en Sevilla y El Ejido (Almería) valorados en 840.000 y 86.000 euros, respectivamente. Incluyendo el mobiliario, sus posesiones suman 934.321 euros, pero adeuda 2,57 millones de euros al banco BBVA en concepto de la hipoteca que suscribió la organización para costear su sede en Sevilla más las costas e intereses. Sobre el local situado en la capital hispalense pesa un procedimiento de ejecución hipotecaria que tramita el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Sevilla. A la comunidad de vecinos le debe 26.264 euros por unas obras de reparación y 72.655 a trabajadoras (llegó a tener 68 en 2009) a las que despidió. Quince de ellas recurrieron a la vía judicial laboral el impago de sus nómimas y de las indemnizaciones por cese.
La mayoría de los pleitos están pendientes de la celebración del juicio. La presidenta del colectivo, Alicia Vañó es esposa de Enrique Rivas, quien fuera alcalde socialista de Carmona.
Una ONG afn al PSOE, insolvente tras recibir de la Junta 3,7 millones - abcdesevilla.es
La Federación de Mujeres Progresistas deja deudas de 2,8 millones, pese a recibir 4 de los gobiernos central y autonómico
Un inmenso agujero oscuro. Pocas metáforas describen de forma más gráfica la caótica gestión de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía. Esta ONG feminista próxima al PSOE se ha declarado en quiebra después de haber recibido 4 millones de euros en sólo tres años (desde 2009 a 2011) a través de subvenciones procedentes sobre todo de la Junta de Andalucía (3,7 millones), pero también del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
A pesar de los fondos públicos obtenidos para costear sus actividades sociales, su principal fuente de financiación, el 14 de mayo pasado la federación acordó en una asamblea extraordinaria solicitar la declaración de un concurso de acreedores, como ya informó ABC. Lo que no se conocía hasta ahora y pone al descubierto el informe del administrador concursal que se ha hecho cargo de su liquidación, fechado el 19 de octubre pasado, es el cuantioso montante de subvenciones que llegó a manejar (en torno a 1,3 millones de euros anuales), y la elevada deuda que arrojan sus cuentas, más de 2,81 millones de euros.
La última subvención, de 207.830 euros, se la concedió la Consejería de Empleo el pasado 2 de mayo para un programa de fomento del empleo. La Administración se la otorgó apenas doce días antes de que la organización acordara formalmente su liquidación, cuando ya se encontraba en situación de insolvencia y ni siquiera abonaba las nóminas a sus trabajadoras.
Su frenético tren de gasto ha terminado pasándole factura, sin que se sepa con exactitud cuál ha sido el destino de tanto dinero público. Muchas de las subvenciones están sin justificar. La organización que dirige Alicia Vañó —que apoyó públicamente en una plataforma la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba a La Moncloa— deja una lista interminable de acreedores que no podrán cobrar. Entre los afectados se encuentran la propia Junta, bancos, empleadas, la Tesorería de la Seguridad Social, empresas de papelería, Endesa y hasta la comunidad de vecinos a la que pertenece su sede en Sevilla. Es el mismo local que la Junta le ayudó a comprar con una subvención de 300.000 euros concedida en 2005.
La contabilidad «adolece de insuficiencias y errores, sobre todo en el ejercicio 2012, donde hemos detectado que no se recoge correctamente la imputación de subvenciones, no recoge los gastos —de importe considerable— producidos por las indemnizaciones, no incluye los gastos financieros... Circunstancia que denota cierta abandono o dejadez de la misma que puede estar provocado por el despido del personal de la administración». Éste es tan solo uno de los párrafos que recoge el informe del administrador concursal Javier Aguilar Cazorla, de 65 páginas, al que ha tenido acceso ABC.
Dos locales
El análisis de las cuentas anuales facilitadas por la entidad, correspondientes a 2009, 2010 y 2011 y al primer semestre de 2012, se ha encargado a instancias del Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla que tramita el concurso de acreedores.
Tras hacer un inventario de su patrimonio, el administrador concursal pone de manifiesto «una insuficiencia absoluta de bienes y derechos con los que atender al pago de los créditos de los acreedores». Sus principales activos son dos locales que la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía tiene en Sevilla y El Ejido (Almería) valorados en 840.000 y 86.000 euros, respectivamente. Incluyendo el mobiliario, sus posesiones suman 934.321 euros, pero adeuda 2,57 millones de euros al banco BBVA en concepto de la hipoteca que suscribió la organización para costear su sede en Sevilla más las costas e intereses. Sobre el local situado en la capital hispalense pesa un procedimiento de ejecución hipotecaria que tramita el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Sevilla. A la comunidad de vecinos le debe 26.264 euros por unas obras de reparación y 72.655 a trabajadoras (llegó a tener 68 en 2009) a las que despidió. Quince de ellas recurrieron a la vía judicial laboral el impago de sus nómimas y de las indemnizaciones por cese.
La mayoría de los pleitos están pendientes de la celebración del juicio. La presidenta del colectivo, Alicia Vañó es esposa de Enrique Rivas, quien fuera alcalde socialista de Carmona.
Una ONG afn al PSOE, insolvente tras recibir de la Junta 3,7 millones - abcdesevilla.es
