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Elena Salgado pactó en julio con el Govern balear ocultar una parte de la deuda del anterior gobierno socialista con los proveedores para minimizar su impacto por temor a una intervención de España. La ex vicepresidenta económica del Gobierno de Zapatero exigió al presidente popular José Ramón Bauzá discreción para «no asustar a las agencias de rating». A cambio, dio el visto bueno al Plan de Saneamiento balear.
Cuando José Ramón Bauzá asumió la presidencia de Baleares, la situación económica era aún más crítica de lo que parecía. En aquel entonces los populares cifraron la deuda comercial en 1.104 millones de euros.
«Los 1.104 millones eran una mínima expresión de lo que teníamos pendiente», apuntaba ayer Marqués en rueda de prensa.
La cantidad únicamente hacía referencia a las facturas que Baleares tenía pendientes con proveedores y con Consells insulares y a las que tenían la Administración General, la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (Atib), los organismos autónomos y el Servicio Balear de Salud (IB-Salut). No se incluían, por tanto, las facturas fuera de lo presupuestado, que ascienden a 409 millones de euros, ni tampoco las de las 171 empresas que componen el sector público instrumental, que aún están por contabilizar, pero que ya alcanzaban los 300 millones de euros a 31 de diciembre del pasado año.
Pero si el nuevo Ejecutivo balear mantuvo oculto lo que descubrió bajo las alfombras fue por petición expresa de la entonces vicepresidenta económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Elena Salgado. «Nos dijo que esperaba que no fuéramos como Castilla-La Mancha. Que no sacásemos cosas extrañas. Que no asustáramos a las agencias de rating porque cualquier información que saliese de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, por pequeños que fueran, podía poner en peligro a España», reconoció la interventora, quien admitió que la vicepresidenta socialista advirtió de cuáles eran las facturas que podían salir a la luz en el Plan de Saneamiento que presentaron el pasado mes de julio.
La primera tarea del vicepresidente económico de Baleares, Josep Ignasi Aguiló, fue conseguir recursos suficientes para pagar las nóminas del mes de junio, ya que en Tesorería únicamente quedaban 11 millones de euros. La segunda fue preparar en 15 días un Plan de Saneamiento que debía obtener el visto bueno de la propia Salgado para que la comunidad autónoma pudiera seguir endeudándose.
El Govern balear reconoce que hubo varias reuniones técnicas previas a la presentación del plan de ajuste, para cerrarlo, aunque la recomendación del Ministerio de Economía se produjo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en el mes de julio y se hizo a los representantes de todas las comunidades autónomas.
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero admitió entonces el riesgo de que España fuera inminentemente intervenida y pidió que se hicieran públicos pocos detalles de la situación real, por prudencia y porque la credibilidad del país no quedara más tocada de lo que ya lo estaba.
Desde Baleares se hizo caso a pies juntillas. «De no haberlo hecho, el déficit de las islas en 2011 hubiera superado el 4%», aseguró María Marqués. A finales de julio, después de echar por tierra hasta cinco planes del Govern presidido por el socialista Francesc Antich, Madrid aprobó el plan de Bauzá. Y, unos días después, la propia Elena Salgado se reunió con el presidente para agradecer la celeridad y la eficacia con las que la Administración autonómica estaba haciendo las cosas, así como la prudencia con la que se estaba manejando la situación. Con esto el Govern pone de manifiesto que los mecanismos puestos en marcha por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no son suficientes para solucionar el problema de los proveedores y suponen únicamente un alivio.
En el caso concreto de Baleares, hay más de 1.700 millones de deuda comercial, a los que hay que sumar los 4.500 millones que se debe a las entidades financieras. En total, se han presentado 237.164 facturas y se ha certificado un importe de 743,24 millones de euros.
La reacción socialista en Baleares no se hizo esperar. El ex conseller de Economía con el Govern de Antich, Carles Manera, afirmó ayer que «no hay nada oculto en las cifras de deuda que se dejaron» al actual Ejecutivo del popular Bauzá, a quien acusó de «mentir» al achacar al anterior Ejecutivo autonómico impagos a proveedores por más de 1.500 millones de euros.
Manera declaró a la agencia Efe que esta acusación vertida por la interventora María Marqués se enmarcaba en «la ceremonia de la confusión» con la que el Govern del PP trata de eludir su impotencia ante la crisis.
«La opacidad siempre ha presidido la información sobre la deuda del Govern del PP. Pediría a la interventora que detalle la cifra total y explique de dónde salen esas partidas», indicó el ex conseller, actualmente secretario de Economía y Empleo del PSOE balear.
Según Manera, «hubo un traspaso absolutamente transparente» entre el anterior Ejecutivo de izquierdas y el Govern del PP aunque, inmediatamente después, los actuales responsables de la política económica balear hicieron pública una cifra total de deuda con proveedores de 1.104 millones de euros que no explicaron.