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Primera y segunda parte de una interesante entrevista a Juan Rosell que se publicó ayer en Empresa, suplemento dominical de ABC.
Primera parte.
Juan Rosell: «Tras el 29-M habría que regular el derecho de huelga».
Susana Alcelay y María Jesús Pérez / Madrid
Día 19/03/2012 - 14.54h
Es dialogante y conciliador hasta límites inimaginables y lo deja más que claro cuando habla de la reforma laboral o la huelga general. Sobre la protesta del día 29 dice que «no hay que dramatizar, los sindicatos han hecho lo que creían oportuno y hay que pasar lo mejor posible la jornada, y a partir del día 30, empezar a funcionar de nuevo». A partir de entonces cree que habría que ponerse a trabajar en una nueva norma que garantice el funcionamiento de los servicios esenciales.
—¿Es la del día 29 una huelga política?
—Esperemos que no lo sea, porque las huelgas políticas son ilegales.
—¿Qué supondrá esta movilización?
—Las huelgas son un derecho constitucional, aunque a los empresarios no nos gustan. Cualquier paralización de la actividad económica no es recomendable. Pero tampoco hay que dramatizar. Los sindicatos han hecho lo que han creído oportuno y hay que pasar lo mejor posible esta jornada y a partir del día 30, empezar a funcionar de nuevo de manera normal.
—Comenzar a funcionar y... ¿regular el derecho de huelga?
—Partimos de un decreto preconstitucional de 1977, luego desarrollado por la Constitución que no asegura el funcionamiento de los servicios esenciales. Y es lo más importante que debe garantizar una ley; no permitir que se paralicen. No puede ser que una huelga paralice un país, es incomprensible y no es bueno para España, para nuestra imagen exterior. Por lo tanto, preservemos los servicios públicos.
—¿Cuándo legislar entonces?
—No nos metamos en estos líos antes del 29, después, probablemente. Es mejor no incendiar antes de la huelga, pero después sí habría que mejorar la situación legal que tenemos ahora para preservar los servicios públicos. No se puede permitir que un grupito pueda llegar a paralizar un país, sus aeropuertos, los transportes... Los servicios públicos son decisivos para el país.
—¿Qué instrucciones dará la CEOE a sus afiliados para esa jornada de huelga general?
—Tranquilidad. Los sindicatos han decidido hacer una huelga, y están en su derecho. Hay que esperar y que pase lo más rápido posible.
—¿Rajoy debe o no negociar la reforma laboral como reclaman UGT y CC.OO.?
—Hemos tenido ya todo el tiempo del mundo para hablar y negociar, no solo con este Gobierno, también con el anterior. El número de horas de reunión entre patronal y sindicatos ha sido más que suficiente. Nos hemos dicho todo lo que nos hemos tenido que decir y más y en todos los formatos. Y llegamos a un acuerdo el pasado 25 de enero in extremis, tremendamente importante, y no valorado como tal, que ha supuesto un cambio muy importante en la postura de los sindicatos. Han apostado por la moderación salarial, para este año, el siguiente y el próximo; hemos cambiado las reglas del juego en cuanto a incrementos salariales, aceptamos la inflación europea, apartamos el petróleo, introducimos la productividad... es un acuerdo revolucionario.
Y también dimos signos de querer cambiar las reglas de la flexibilidad interna. Pero no fuimos capaces de dar el gran paso. El Gobierno nos pidió nuestros planteamientos finales, se los dimos y vio que no era posible acercar posiciones, y fue por la vía del decreto.
—¿Pero seguirán negociando?
—Se ha hecho lo que se ha podido, pero seguiremos hablando. Tras la aprobación de otras reformas laborales siempre se ha seguido negociando. Recurro siempre al ejemplo de Alemania. El canciller Schröeder comenzó su reforma laboral en 2003 y la acabó en el 2006. En España, venimos de una legislación de los 80, hemos realizado ya 35 reformas y ésta es la 36. Pero no va a ser la última, las situaciones económicas van cambiando. Igual, por citar un caso, habrá que cambiar algún contrato de trabajo, incentivar otros...
—La balanza se inclina claramente del lado de los empresarios cuando se analiza la reforma laboral, ¿o no lo cree así?
—Nuestras propuestas han sido siempre las mismas. Desde hace años pedimos la simplificación de los contratos y también la causalidad en los despidos.
—El despido se abarata y facilita...
—Antes de la reforma laboral que realizó el Gobierno de Zapatero el despido improcedente suponía el 85% del total de las extinciones; después de esa reforma el porcentaje se redujo al 66%. Y ahora, tras la nueva reforma, estas causas quedan concretadas perfectamente y la proporción bajará hasta el 5-10%. Los despidos por esta vía pasará a ser una excepción, que es lo que tiene que ser.
—Lo que es un hecho es que los sindicatos pierden todo su poder en las empresas.
—La negociación colectiva española es tremendamente compleja, pero es la que queremos, los 6.000 convenios nadie obliga a firmarlos, y se firman por las dos partes. La nueva legislación fomenta los convenios de empresa, pero la decisión es libre, que es lo que queríamos sindicatos y patronales.
—Dos años máximo de prórroga de un convenio colectivo es lo que fija la reforma laboral. ¿Está la patronal satisfecha con este paso?
—Defendemos que cuando un convenio se acaba, se acaba.
—¿Cómo va a beneficiar esta reforma a los parados?
—La reforma permite que los empresarios no tengan miedo a contratar; hasta ahora había pánico, no se atrevían a contratar, no veían el futuro claro; ahora se abre la posibilidad de contratar y si la decisión ha sido equivocada poder dar marcha atrás. Conozco varios empresarios que habían tomado decisiones de empleo fuera de nuestro país y ahora se plantean hacerlo en España
—Fundamentalmente porque se aligeran los costes del despido ¿no?
—Básicamente porque en España cuando se contrataba y despedía los costes eran muy altos. En el momento en el que estos estén en parámetros europeos, crear empleo en Alemania, Francia o Italia será lo mismo que hacerlo aquí; por lo tanto un empresario español lo hará en nuestro país.
—Una de las mayores críticas hacia la reforma es que facilitará la sustitución de trabajadores senior por otros más jóvenes.
—Es difícil que esta situación se produzca porque la experiencia de los trabajadores en la empresa pesa. Los empresarios no estamos para hacer inventos ni para utilizar la picaresca, aunque haya algún empresario que lo haga, como también hay algún trabajador que abusa de las bajas laborales. Pero, por norma, no estamos para hacer un mal uso de las leyes.
—¿Qué margen hay para modificar la norma en el Parlamento?
—Ya ha pasado el tiempo de los agentes sociales, probablemente podríamos haber hecho más, pero no lo hicimos. El Gobierno ha recurrido a la vía legislativa y ahora el Parlamento deberá tramitar las enmiendas para llegar al final.
—¿Qué enmiendas harán llegar a los grupos?
—Simplemente concretar lo que ya hay. Será una lectura técnica, no vamos a poder introducir nada que ya no esté en la reforma. No abriremos ningún debate más. Hay lo que hay, y lo que pudimos hacer ya lo intentamos hacer. Ahora es el Parlamento quien tiene que concretar.
—¿Cuándo piensa que España empezará a crear empleo neto?
—No soy gurú, pero si hacemos un buen uso de la reforma laboral esperemos a final de este año los nubarrones dejen paso al sol.
—¿Será posible que España cumpla con el objetivo del 5,3% de déficit?
—Habrá que ver primero qué presupuesto habrá este año. El objetivo del 3% de déficit en 2013 tienen que cumplirlo todas las administraciones públicas. A mí me gusta hablar de ahorros, no de recortes y de gestionar mejor el dinero de las administraciones. Y hay datos sobre la mesa, importantes, como que hace diez o doce años nos gastábamos la mitad que ahora en sanidad o educación.
—También había menos población...
—Pero no el doble. Hay seis millones más de personas y en diez años hemos multiplicado por dos los presupuestos en sanidad y educación. Habrá que practicar más la colaboración público-privada, ver quién gestiona mejor y peor, si toda la educación que tenemos es la necesaria, si médicos y profesores pueden hacer más, si hay excesivo número de universidades, de titulaciones... Hay que preguntarse cosas que hasta ahora inercialmente las íbamos admitiendo. Es momento de replantearse muchas cosas...
—Cite algún ejemplo.
—Hay ayuntamientos donde la media de gasto en personal respecto al total supone el 33% y otros que tienen ese ratio en el 42%. Esto quiere decir que hay ayuntamientos mal gestionados. Hagamos lo mismo con todos los órganos de las administraciones, 22.000 entes públicos que existen en toda España de los cuales menos del 8% están auditados, aunque no estén obligados. Cuanta más información tengamos, mejor para hacer un estado de situación y actuar, que es lo que está haciendo el Gobierno y por eso sus gestión está siendo tan bien aceptada en el exterior. Ha empezado a actuar y hacer cosas, ya no estamos en el ejercicio contemplativo sino en el de toma de decisiones que siempre comporta riesgo, pero siempre es peor la inercia, el inmovilismo.
—¿Es partidario de replantear el estado autonómico?
—En los últimos años se han traspasado 1.978 competencias a las comunidades autónomas, unos 825.000 funcionarios. Las autonomías han creado más administración y el Estado central no se ha reducido en la medida en lo que se ha tenido que hacer. Sin olvidar la gran cantidad de administración que se ha creado en los ayuntamientos. Queramos o no tendremos que ir hacia una integración, compartir competencias y que el gasto de personal no esté en el 33% sino en menos. La suma de los sueldos de la administración es igual a la suma de las pensiones. Es un dato.
—¿Habrá o no subida del IVA?
—Los impuestos son clave para controlar el gasto. La subida de impuestos no nos ha gustado, pero no estamos en la sala de máquinas, en el hospital, en el quirófano para ver lo que le pasa al enfermo. Y el enfermo está muy grave y hay que darle según qué determinadas dosis. El Gobierno tendrá que ver cómo cuadrar los números y hay que esperar que no sea necesario subir el IVA.
Fuente: Juan Rosell: «Tras el 29-M habría que regular el derecho de huelga» - ABC.es
Segunda parte.
Juan Rosell: «Los parados deben realizar trabajos sociales».
Susana Alcelay y María Jesús Pérez / Madrid
Día 19/03/2012 - 14.02h
—El aumento del paro está poniendo sobre la cuerdas el sistema de protección. ¿Habrá que cortar prestaciones?
—Por encima de las normas laborales y de cualquier otra consideración está la cohesión social de este país, que no se puede romper bajo ningún concepto.
—¿Y cargar de más obligaciones a los parados que reciben prestación?
—La legislación española para tener derecho a prestación contributiva es bastante más flexible en España que en otros países... y más generosa también, ya que cuando esa prestación se agota viene la prestación asistencial. Es importante incentivar a los parados y debería ser obligatoria su formación. O como ocurre en otros países, incentivar a estos desempleados para que realicen algún trabajo social. También sería importante poner en marcha ayudas para que personas que no están recibiendo prestaciones lo hagan para más fácilmente entrar en el mercado de trabajo. En algunos países nórdicos, el sistema paga entre 300 y 350 euros para que la gente salga de la ilegalidad. Pero en España se ha hecho al revés; se dan prestaciones en lugar de incentivar la contratación de un nuevo empleado. Tenemos que imitar fórmulas que aplican otros países, teniendo en cuenta que las contribuciones por desempleo nos cuestan 2.500 millones de euros al mes, más de 30.000 millones al año, frente a lo que pasaba hace unos diez años. En 2001-2002, España gastaba 9.000 millones en total. Ahora nos cuestan lo mismo las contribuciones al desempleo y el pago de la deuda, por ejemplo.
—El aumento del paro no cede y no parece que lo vaya a hacer en los próximos meses. ¿Habrá recursos suficientes para pagar las prestraciones por paro?
—Hay una solución y es crear empleo. Y el empleo no se crea por decreto, sino creando empresas y autónomos. Entre los años 2000 y 2007 se crearon alrededor de casi 300.000 empresas en España, aunque también es cierto que desde diciembre de 2007 y diciembre de 2011 se destruyeron otras 200.000.
—La caída de cotizantes a la Seguridad Social obligará a abrir de nuevo la reforma de las pensiones?
—El pasado mes de febrero firmamos un pacto muy importante para reformar el sistema de pensiones, que supuso un gran esfuerzo que fue muy bien valorado fuera de nuestras fronteras. Ojalá no hay que tocar de nuevo el sistema, pero los números son los números y si al final siguen cayendo los afiliados a la Seguridad Social, algún nuevo cuadre habrá que hacer, aunque espero que no sea ni hoy ni mañana.
Fuente: Juan Rosell: «Los parados deben realizar trabajos sociales» - ABC.es
Primera parte.
Juan Rosell: «Tras el 29-M habría que regular el derecho de huelga».
Susana Alcelay y María Jesús Pérez / Madrid
Día 19/03/2012 - 14.54h
Es dialogante y conciliador hasta límites inimaginables y lo deja más que claro cuando habla de la reforma laboral o la huelga general. Sobre la protesta del día 29 dice que «no hay que dramatizar, los sindicatos han hecho lo que creían oportuno y hay que pasar lo mejor posible la jornada, y a partir del día 30, empezar a funcionar de nuevo». A partir de entonces cree que habría que ponerse a trabajar en una nueva norma que garantice el funcionamiento de los servicios esenciales.
—¿Es la del día 29 una huelga política?
—Esperemos que no lo sea, porque las huelgas políticas son ilegales.
—¿Qué supondrá esta movilización?
—Las huelgas son un derecho constitucional, aunque a los empresarios no nos gustan. Cualquier paralización de la actividad económica no es recomendable. Pero tampoco hay que dramatizar. Los sindicatos han hecho lo que han creído oportuno y hay que pasar lo mejor posible esta jornada y a partir del día 30, empezar a funcionar de nuevo de manera normal.
—Comenzar a funcionar y... ¿regular el derecho de huelga?
—Partimos de un decreto preconstitucional de 1977, luego desarrollado por la Constitución que no asegura el funcionamiento de los servicios esenciales. Y es lo más importante que debe garantizar una ley; no permitir que se paralicen. No puede ser que una huelga paralice un país, es incomprensible y no es bueno para España, para nuestra imagen exterior. Por lo tanto, preservemos los servicios públicos.
—¿Cuándo legislar entonces?
—No nos metamos en estos líos antes del 29, después, probablemente. Es mejor no incendiar antes de la huelga, pero después sí habría que mejorar la situación legal que tenemos ahora para preservar los servicios públicos. No se puede permitir que un grupito pueda llegar a paralizar un país, sus aeropuertos, los transportes... Los servicios públicos son decisivos para el país.
—¿Qué instrucciones dará la CEOE a sus afiliados para esa jornada de huelga general?
—Tranquilidad. Los sindicatos han decidido hacer una huelga, y están en su derecho. Hay que esperar y que pase lo más rápido posible.
—¿Rajoy debe o no negociar la reforma laboral como reclaman UGT y CC.OO.?
—Hemos tenido ya todo el tiempo del mundo para hablar y negociar, no solo con este Gobierno, también con el anterior. El número de horas de reunión entre patronal y sindicatos ha sido más que suficiente. Nos hemos dicho todo lo que nos hemos tenido que decir y más y en todos los formatos. Y llegamos a un acuerdo el pasado 25 de enero in extremis, tremendamente importante, y no valorado como tal, que ha supuesto un cambio muy importante en la postura de los sindicatos. Han apostado por la moderación salarial, para este año, el siguiente y el próximo; hemos cambiado las reglas del juego en cuanto a incrementos salariales, aceptamos la inflación europea, apartamos el petróleo, introducimos la productividad... es un acuerdo revolucionario.
Y también dimos signos de querer cambiar las reglas de la flexibilidad interna. Pero no fuimos capaces de dar el gran paso. El Gobierno nos pidió nuestros planteamientos finales, se los dimos y vio que no era posible acercar posiciones, y fue por la vía del decreto.
—¿Pero seguirán negociando?
—Se ha hecho lo que se ha podido, pero seguiremos hablando. Tras la aprobación de otras reformas laborales siempre se ha seguido negociando. Recurro siempre al ejemplo de Alemania. El canciller Schröeder comenzó su reforma laboral en 2003 y la acabó en el 2006. En España, venimos de una legislación de los 80, hemos realizado ya 35 reformas y ésta es la 36. Pero no va a ser la última, las situaciones económicas van cambiando. Igual, por citar un caso, habrá que cambiar algún contrato de trabajo, incentivar otros...
—La balanza se inclina claramente del lado de los empresarios cuando se analiza la reforma laboral, ¿o no lo cree así?
—Nuestras propuestas han sido siempre las mismas. Desde hace años pedimos la simplificación de los contratos y también la causalidad en los despidos.
—El despido se abarata y facilita...
—Antes de la reforma laboral que realizó el Gobierno de Zapatero el despido improcedente suponía el 85% del total de las extinciones; después de esa reforma el porcentaje se redujo al 66%. Y ahora, tras la nueva reforma, estas causas quedan concretadas perfectamente y la proporción bajará hasta el 5-10%. Los despidos por esta vía pasará a ser una excepción, que es lo que tiene que ser.
—Lo que es un hecho es que los sindicatos pierden todo su poder en las empresas.
—La negociación colectiva española es tremendamente compleja, pero es la que queremos, los 6.000 convenios nadie obliga a firmarlos, y se firman por las dos partes. La nueva legislación fomenta los convenios de empresa, pero la decisión es libre, que es lo que queríamos sindicatos y patronales.
—Dos años máximo de prórroga de un convenio colectivo es lo que fija la reforma laboral. ¿Está la patronal satisfecha con este paso?
—Defendemos que cuando un convenio se acaba, se acaba.
—¿Cómo va a beneficiar esta reforma a los parados?
—La reforma permite que los empresarios no tengan miedo a contratar; hasta ahora había pánico, no se atrevían a contratar, no veían el futuro claro; ahora se abre la posibilidad de contratar y si la decisión ha sido equivocada poder dar marcha atrás. Conozco varios empresarios que habían tomado decisiones de empleo fuera de nuestro país y ahora se plantean hacerlo en España
—Fundamentalmente porque se aligeran los costes del despido ¿no?
—Básicamente porque en España cuando se contrataba y despedía los costes eran muy altos. En el momento en el que estos estén en parámetros europeos, crear empleo en Alemania, Francia o Italia será lo mismo que hacerlo aquí; por lo tanto un empresario español lo hará en nuestro país.
—Una de las mayores críticas hacia la reforma es que facilitará la sustitución de trabajadores senior por otros más jóvenes.
—Es difícil que esta situación se produzca porque la experiencia de los trabajadores en la empresa pesa. Los empresarios no estamos para hacer inventos ni para utilizar la picaresca, aunque haya algún empresario que lo haga, como también hay algún trabajador que abusa de las bajas laborales. Pero, por norma, no estamos para hacer un mal uso de las leyes.
—¿Qué margen hay para modificar la norma en el Parlamento?
—Ya ha pasado el tiempo de los agentes sociales, probablemente podríamos haber hecho más, pero no lo hicimos. El Gobierno ha recurrido a la vía legislativa y ahora el Parlamento deberá tramitar las enmiendas para llegar al final.
—¿Qué enmiendas harán llegar a los grupos?
—Simplemente concretar lo que ya hay. Será una lectura técnica, no vamos a poder introducir nada que ya no esté en la reforma. No abriremos ningún debate más. Hay lo que hay, y lo que pudimos hacer ya lo intentamos hacer. Ahora es el Parlamento quien tiene que concretar.
—¿Cuándo piensa que España empezará a crear empleo neto?
—No soy gurú, pero si hacemos un buen uso de la reforma laboral esperemos a final de este año los nubarrones dejen paso al sol.
—¿Será posible que España cumpla con el objetivo del 5,3% de déficit?
—Habrá que ver primero qué presupuesto habrá este año. El objetivo del 3% de déficit en 2013 tienen que cumplirlo todas las administraciones públicas. A mí me gusta hablar de ahorros, no de recortes y de gestionar mejor el dinero de las administraciones. Y hay datos sobre la mesa, importantes, como que hace diez o doce años nos gastábamos la mitad que ahora en sanidad o educación.
—También había menos población...
—Pero no el doble. Hay seis millones más de personas y en diez años hemos multiplicado por dos los presupuestos en sanidad y educación. Habrá que practicar más la colaboración público-privada, ver quién gestiona mejor y peor, si toda la educación que tenemos es la necesaria, si médicos y profesores pueden hacer más, si hay excesivo número de universidades, de titulaciones... Hay que preguntarse cosas que hasta ahora inercialmente las íbamos admitiendo. Es momento de replantearse muchas cosas...
—Cite algún ejemplo.
—Hay ayuntamientos donde la media de gasto en personal respecto al total supone el 33% y otros que tienen ese ratio en el 42%. Esto quiere decir que hay ayuntamientos mal gestionados. Hagamos lo mismo con todos los órganos de las administraciones, 22.000 entes públicos que existen en toda España de los cuales menos del 8% están auditados, aunque no estén obligados. Cuanta más información tengamos, mejor para hacer un estado de situación y actuar, que es lo que está haciendo el Gobierno y por eso sus gestión está siendo tan bien aceptada en el exterior. Ha empezado a actuar y hacer cosas, ya no estamos en el ejercicio contemplativo sino en el de toma de decisiones que siempre comporta riesgo, pero siempre es peor la inercia, el inmovilismo.
—¿Es partidario de replantear el estado autonómico?
—En los últimos años se han traspasado 1.978 competencias a las comunidades autónomas, unos 825.000 funcionarios. Las autonomías han creado más administración y el Estado central no se ha reducido en la medida en lo que se ha tenido que hacer. Sin olvidar la gran cantidad de administración que se ha creado en los ayuntamientos. Queramos o no tendremos que ir hacia una integración, compartir competencias y que el gasto de personal no esté en el 33% sino en menos. La suma de los sueldos de la administración es igual a la suma de las pensiones. Es un dato.
—¿Habrá o no subida del IVA?
—Los impuestos son clave para controlar el gasto. La subida de impuestos no nos ha gustado, pero no estamos en la sala de máquinas, en el hospital, en el quirófano para ver lo que le pasa al enfermo. Y el enfermo está muy grave y hay que darle según qué determinadas dosis. El Gobierno tendrá que ver cómo cuadrar los números y hay que esperar que no sea necesario subir el IVA.
Fuente: Juan Rosell: «Tras el 29-M habría que regular el derecho de huelga» - ABC.es
Segunda parte.
Juan Rosell: «Los parados deben realizar trabajos sociales».
Susana Alcelay y María Jesús Pérez / Madrid
Día 19/03/2012 - 14.02h
—El aumento del paro está poniendo sobre la cuerdas el sistema de protección. ¿Habrá que cortar prestaciones?
—Por encima de las normas laborales y de cualquier otra consideración está la cohesión social de este país, que no se puede romper bajo ningún concepto.
—¿Y cargar de más obligaciones a los parados que reciben prestación?
—La legislación española para tener derecho a prestación contributiva es bastante más flexible en España que en otros países... y más generosa también, ya que cuando esa prestación se agota viene la prestación asistencial. Es importante incentivar a los parados y debería ser obligatoria su formación. O como ocurre en otros países, incentivar a estos desempleados para que realicen algún trabajo social. También sería importante poner en marcha ayudas para que personas que no están recibiendo prestaciones lo hagan para más fácilmente entrar en el mercado de trabajo. En algunos países nórdicos, el sistema paga entre 300 y 350 euros para que la gente salga de la ilegalidad. Pero en España se ha hecho al revés; se dan prestaciones en lugar de incentivar la contratación de un nuevo empleado. Tenemos que imitar fórmulas que aplican otros países, teniendo en cuenta que las contribuciones por desempleo nos cuestan 2.500 millones de euros al mes, más de 30.000 millones al año, frente a lo que pasaba hace unos diez años. En 2001-2002, España gastaba 9.000 millones en total. Ahora nos cuestan lo mismo las contribuciones al desempleo y el pago de la deuda, por ejemplo.
—El aumento del paro no cede y no parece que lo vaya a hacer en los próximos meses. ¿Habrá recursos suficientes para pagar las prestraciones por paro?
—Hay una solución y es crear empleo. Y el empleo no se crea por decreto, sino creando empresas y autónomos. Entre los años 2000 y 2007 se crearon alrededor de casi 300.000 empresas en España, aunque también es cierto que desde diciembre de 2007 y diciembre de 2011 se destruyeron otras 200.000.
—La caída de cotizantes a la Seguridad Social obligará a abrir de nuevo la reforma de las pensiones?
—El pasado mes de febrero firmamos un pacto muy importante para reformar el sistema de pensiones, que supuso un gran esfuerzo que fue muy bien valorado fuera de nuestras fronteras. Ojalá no hay que tocar de nuevo el sistema, pero los números son los números y si al final siguen cayendo los afiliados a la Seguridad Social, algún nuevo cuadre habrá que hacer, aunque espero que no sea ni hoy ni mañana.
Fuente: Juan Rosell: «Los parados deben realizar trabajos sociales» - ABC.es
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