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La DGA multa con 360.012 euros a una promotora de VPO por cobrar dinero oscuro en Zaragoza
La empresa, que exigía sobreprecios de entre 12.000 y 18.000 euros por piso, tendrá que devolver el importe a 12 adjudicatarios
RAQUEL GOYENECHE. Zaragoza | El escándalo del dinero oscuro vuelve a salpicar a la VPO en Aragón. La DGA acaba de sancionar a una promotora por exigir sobreprecios, que oscilaban entre los 12.000 y 18.000 euros de media, a los adjudicatarios de una promoción de pisos protegidos en la urbanización de Rosales del Canal, en la capital aragonesa. La empresa, Negocios Inmobiliarios Segura-Serrano 2002 S. L., tendrá que pagar una multa de 360.012 euros (unos 60 millones de las antiguas pesetas) y devolver a los propietarios de las viviendas el importe que les reclamó en su día de forma ilegal.
Según explicaron ayer fuentes del Gobierno, los servicios de Inspección de Vivienda han podido comprobar fehacientemente que se produjeron hasta un total de doce pagos irregulares. Al menos a cada uno de estos propietarios, la promotora llegó a exigirles bajo mano en torno a un 15% del importe total de las viviendas, de acuerdo con las pesquisas llevadas a cabo por los inspectores.
El Ejecutivo abrió la investigación, precisamente, a raíz de las denuncias de los propios adjudicatarios, que comunicaron los hechos al Departamento de Vivienda. Puestos sobre la pista, los inspectores del Servicio Provincial siguieron muy de cerca todo el desarrollo de la promoción, que está ubicada en la urbanización conocida como "Lagos del Canal", hasta que consideraron "probados" los hechos. No en vano, la resolución se ha demorado durante más de un año, ya que el expediente se inició en 2006.
La sanción impuesta en este caso es la más grave que puede decretar (y ha decretado hasta ahora) el Gobierno autonómico, de acuerdo con la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda Protegida. "La percepción de cualquier sobreprecio, sobrerrenta, prima o cantidad prohibida o que exceda de las máximas establecidas conforme a esta Ley y sus disposiciones de desarrollo" es calificada en la citada normativa (artículo 44, apartado c) como una infracción muy grave.
De acuerdo con la ley, tal y como fue aprobada en diciembre de 2003, la DGA podía castigar a la promotora por exigir dinero oscuro a sus adjudicatarios con multas de entre 30.001 y 300.000 euros. No obstante, estas cantidades se revisaron posteriormente al alza, según preveía la propia normativa.
Posibilidad de recurso
La resolución de las sanciones, que se notificó ayer a la compañía expedientada a través del Boletín Oficial de Aragón porque no se pudo localizar a sus responsables, "agota la vía administrativa". Eso sí, Negocios Inmobiliarios Segura-Serrano 2002 S. L., podrá interponer ahora un recurso de reposición ante el consejero de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Velasco. El plazo del que dispone la empresa para recurrir es de un mes.
No obstante, la promotora puede optar también por impugnar directamente la decisión en el juzgado de lo contencioso-administrativo dentro de los dos próximos meses. Este periódico intentó ayer ponerse en contacto con los responsables de la compañía para conocer su versión de los hechos y saber si recurrirán la resolución, pero no obtuvo ningún resultado.
Según ha podido saber este periódico, el desarrollo de la zona de Rosales del Canal (en los suelos de la fallida PSV) se llevó a cabo a través de un convenio firmado entre la DGA y promotores de la ciudad, a los que ya se obligó en su día a poner un aval por lo ajustado de las cifras que aportaron. Fueron estos promotores (que nada tienen que ver con el expediente sancionador en cuestión) quienes posteriormente adjudicaron las diferentes parcelas a distintas empresas, entre las que se encontraba la ahora sancionada.
Los ingresos que pueda recabar finalmente la Administración en concepto de multa cuando concluya el proceso y no haya lugar a más recursos tendrán que destinarse obligatoriamente al desarrollo de políticas de suelo y vivienda. Para devolver el dinero de más cobrado a los adjudicatarios, la compañía habrá de ingresar además un depósito a favor de la DGA. Será está después quien reparta las cantidades correspondientes a las personas que en su día fueron estafadas
