¿Por qué otros jueces pincharon teléfonos como Garzón y no fueron al banquillo?
Nunca un juez, hasta el caso contra Baltasar Garzón en las escuchas a la Gürtel, ha tenido que responder penalmente por ordenar unas intervenciones telefónicas, aunque sí que se han anulado centenares de ellas por defectos de forma.
Las escuchas de las conversaciones entre acusados y sus abogados no son habituales en España pero tampoco son una práctica extraña. Baltasar Garzón no inventó nada al ordenar intervenir las conversaciones entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados, pero sí que fue condenado por un delito de prevaricación.
Según el artículo 51 de la Ley General Penitenciaria, “las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”.
A pesar de esta ley, algunos jueces sí que han ordenado este tipo de escuchas. Estos son tres ejemplos:
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Marta del Castillo. Es el caso más reciente. El juez ordenó una treintena de pinchazos telefónicos con el objetivo de averiguar el paradero del cuerpo de la joven sevillana. Entre estas conversaciones intervenidas había escuchas entre los acusados y sus abogados. A pesar de que éstas, las que se realizaron a los letrados, fueron declaradas nulas, nadie ha presentado una querella contra el magistrado que las autorizó.
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Pablo Vioque. Un juez de Madrid acordó las intervenciones de las conversaciones entre este 'narco-abogado' y su letrada. En ese caso tampoco se trataba de un delito de terrorismo sino de narcotráfico y asesinato.
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Mafia rusa. A finales de 2009, la Audiencia Nacional no consideró irregulares las escuchas que se practicaron a las conversaciones telefónicas entre el capo de la mafia rusa Zhakar Kalashov y el abogado Alexander Gofshtein, a quien también se investigaba por sus actividades “al margen de su condición” de letrado, según recogía el periódico ABC. también estaba imputado en la casusa.
Hasta ahora las consecuencias han sido siempre las mismas: declarar nulas las pruebas conseguidas a través de esa medida ilegal.
Aunque es cierto que el siguiente paso en estos procesos debería haber sido que bien el fiscal o bien un abogado emprendieran acciones contra el juez que ordenó estas escuchas, este paso nunca se había dado.
Esto no se había hecho hasta que Garzón intervino las conversaciones entre los cabecillas de la trama Gürtel en prisión provisional y sus abogados. ¿Por qué hasta ahora no se han presentado acciones legales contra el juez que ordenaba unas escuchas a sabiendas que no estaban permitidas?
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