La Generalitat Valenciana será incapaz de colocar 'bonos patrióticos' por valor de los 1.500 millones necesarios para atender un agobiante vencimiento de deuda el 22 de diciembre. Asimismo, las entidades financieras a las que ha solicitado auxilio -como adelantó el miércoles El Confidencial- se han negado a prestárselo a tiempo, según fuentes del sector. Ante esta desesperada situación, la vicepresidenta Elena Salgado anunció ayer que adelantará un pago de 480 millones previsto para el día 23 al próximo martes 20, de forma que esta comunidad autónoma evite el default (impago) en el último minuto.
Según las fuentes consultadas, la colocación de los bonos de la Generalitat apenas superaba ayer los 1.000 millones, lo cual hace imposible que hoy, último día de venta de estos títulos, se llegue a los 1.500 necesarios, por no hablar de los 1.800 de importe teórico de la emisión. Los 1.500 millones son el importe de una emisión similar de bonos patrióticos lanzada hace un año y que ahora debe devolverse o renovarse con la nueva colocación.
Dado que el Gobierno autonómico era consciente de esta alarmante situación, el viernes pasado el conseller de Economía, Enrique Verdeguer, planteó a las entidades la necesidad de buscar una solución para evitar el impago a toda costa. No ya por el derrumbe del crédito a Valencia, sino por la catastrófica imagen que se extendería a todas las comunidades autónomas, que verían cerrada su financiación durante mucho tiempo, lo que puede dar pie a una suspensión de pagos en cadena y al cierre de numerosos servicios públicos.
La primera propuesta del Ejecutivo regional fue que las entidades colocadoras de los bonos -La Caixa, la recién adjudicada CAM, Bankia (que integra a Bancaja), CatalunyaCaixa, el intervenido Banco de Valencia, Sabadell, Ibercaja, Caja Rural del Mediterráneo, Caixa Ontinyent, Ahorro Corporación y Mediolanum- compraran para sus balances los títulos que no se vendieran hasta alcanzar esos 1.500 millones. La respuesta fue una rotunda negativa a ir más allá de los compromisos de aseguramiento, que ascienden a 800 millones.
La segunda fue una solicitud de crédito sindicado que no sólo serviría para atender el vencimiento, sino para financiar otros gastos para los que carece de recursos la Generalitat Valenciana. Se estimaba alcanzar unos 2.000 millones entre el crédito y los bonos, y para ello se convocó a la reunión del viernes al Santander y al BBVA. Pero la banca de nuevo se puso de perfil y no accedió a conceder ese crédito de inmediato, sino a estudiarlo con detenimiento, con lo que en ningún caso se concedería antes del día 22.
Salgado al rescate
Todas las alarmas se encendieron. No quedaba más remedio que pedir socorro al Gobierno central. Una de las fórmulas planteadas fue que el ICO adquiriera los bonos necesarios para llegar a la cifra mágica de los 1.500 millones. Pero esta opción probablemente habría tenido problemas legales.
Finalmente, ayer por la noche se encontró la solución: adelantarla trasferencia mensual del Estado a las autonomías, que normalmente se produce el 29 de cada mes pero que en diciembre suele realizarse el 23 por las fiestas navideñas. Pues este año se adelantará tres días más hasta el 20, el próximo martes, con lo que se soluciona la emergencia actual, aunque no el problema de fondo de la incapacidad de la Comunidad Valenciana de hacer frente a sus compromisos.
Lógicamente, este adelanto, anunciado por Salgado en un acto de despedida con la prensa, no afectará solamente a Valencia, a la que corresponden 480 millones, sino al conjunto de las regiones hasta un importe total de 4.500 millones. Las mayores cantidades corresponden a Cataluña (1.000 millones) y Andalucía (700).
