no vendo ná
Madmaxista
http://www.elperiodico.com/default....ioma=CAS&idnoticia_PK=366481&idseccio_PK=1006
Estado de especulación general
• El urbanicidio español es fruto de una enorme complicidad en la que estamos implicados casi todos
Antonio Franco*
Es imposible no ver el urbanicidio español. Son miles y miles de edificios, muchos de ellos enormes, muchos de ellos desproporcionados en sus formas y dimensiones con respecto al entorno, levantados ante de los ojos de todo el mundo y a la luz del día entre grúas indisimulables, vallas manifiestas y carteles anunciadores completamente explícitos. Ocupan espacios que hace 10, 15 o 20 años eran o no edificables o edificables con muchí-
simas limitaciones. Es imposible no verlos porque están en todas partes y, frecuentemente, en las mejores ubicaciones. Muchos, en las ciudades; todavía más en sus entornos, y, como caídos en aluvión o traídos por un tsunami, en el litoral potencialmente turístico y en rincones de montaña en los que siempre había prevalecido la pretensión de un crecimiento equilibrado. Son bloques y chalets, pisos y locales de todo tipo, innumerables apartamentos- Y, por si esto fuese poco, son, asimismo, identificables, porque a su lado nuevas grúas, nuevas obras y nuevos carteles anuncian la inmediata puesta en marcha de nuevas promociones...
Aludiendo a la visualidad de las cosas, hay que reconocer que los retoques de los antiguos planes urbanísticos, los concejales cambiando de criterio sobre la edificabilidad, los alcaldes firmando recalificaciones y los promotores recogiendo sus beneficios a capazos se ven menos. Pero existen igualmente. Existen como las mismas construcciones.
Ahora se pone de moda sacar las entretelas de todo eso a la luz. Algunos lo atribuyen al clarinazo público del caso Marbella o a un súbito ataque de vergüenza colectiva. Yo creo que se debe a algo mucho más prosaico: la saturación. Por un lado, el litoral español ya es, en términos generales, una línea continua de edificaciones. Por otro, el llano de Madrid tiene alrededor de la capital un radio de muchas decenas de kilómetros ya construidos. Y las islas se han pasado manifiestamente en sus raciones de cemento. Se impone una desaceleración de respiro. Y con las obras ya irreversiblemente hechas, nos distraeremos con una temporada movida de tardía exigencia de responsabilidades.
Pero tampoco crean que va a ser fácil: la corrupción que está detrás de buena parte de este cambio del decorado español afecta a gente de todos los colores políticos, y en este país eso conduce frecuentemente a que se haga más ruido que justicia. Para empezar, en el PP, partido al que los indicios apuntan como el gran campeón a la hora de reunir protagonistas de esta delincuencia, están muy bien engrasados los mecanismos dialécticos de defensa. Aunque Mariano Rajoy hable de expulsar a todos los que hayan incurrido en irregularidades, de momento consiente que sus altos cargos pillados con las manos en la masa continúen en sus puestos e, incluso, que se descalifique públicamente a quienes les detienen y procesan, es decir, a Anticorrupción y los fiscales. También hemos tenido que oír cómo desde el PP se desentierra el GAL para descalificar a los actuales gobernantes socialistas, aunque estén avalados por las urnas, e intentar incapacitarles moralmente para que actúen contra los sobornos.
CON TODO, sería ingenuo pensar que lo principal de este asunto es su condición de reyerta entre partidos. El urbanicidio español es el resultado de una gigantesca complicidad en la que estamos implicados --aunque con diferentes grados de culpabilidad-- casi todos. En lo inmediato, los máximos culpables son, evidentemente, los corruptos que sobornan para construir donde no se puede y los corruptos que se dejan sobornar para facilitarlo. Pero en un segundo escalón de responsabilidad y culpa están las administraciones e instituciones, que deberían fiscalizar, prever e impedir, y que en la práctica resultan ser consentidoras por incapacidad. O lo suficientemente lentas como para ser ineficaces. Me refiero tanto a determinadas esferas municipales, autonómicas y estatales como al estamento judicial y a las fuerzas policiales.
Pero las cosas no acaban aquí. Inmediatamente detrás de lo anterior, la responsabilidad alcanza al conjunto de la sociedad civil, que en este país es perfectamente consciente de que nuestro modelo económico centrado en un abuso desaforado del ladrillo, además de ser insano en sí mismo, fomenta un ánimo especulativo generalizado. Porque eso es lo que crea la laxitud general con respecto a estos problemas, lo que anima a que la gente de la calle compre y venda inmuebles con un espíritu inequívocamente especulativo, aunque al final lo acabe pagando ella misma, y lo que impulsa una operatividad cotidiana del urbanismo rebozada de corrupción en casi todos los tramos. Porque todos sabemos que no tiene sentido que en este país se construya tanto y, sin embargo, no se dé respuesta a la escasez real del tipo de vivienda que realmente necesita y puede pagar el ciudadano medio. Porque todos sabemos que no tiene sentido que aquí se construyan más inmuebles que en países como Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos...
ESTAMOS viendo, junto a los edificios imposibles de ocultar, que cuando el ladrillo es la actividad económica nuclear de un país, además de los riesgos de continuidad que eso tiene cara al futuro, acaban asentándose en su entorno demasiadas cosas ilógicas. Con cierto cinismo podría decirse que la especulación solo es soportable, socialmente hablando, cuando la hacen unos pocos, que es lo que había sucedido siempre. Con un ánimo especulador tan generalizado como el que hay en España, y con lo poco contrarrestado que está, eso amenaza a contaminarlo todo. En la política ya tenemos ejemplos palmarios, desde el peso del dinero de la construcción en la financiación irregular de los partidos políticos hasta la alteración manifiesta del resultado electoral de un territorio tan significativo como la Comunidad Autónoma de Madrid un día en que las urnas votaron contra las conveniencias de determinados constructores.
Estado de especulación general
• El urbanicidio español es fruto de una enorme complicidad en la que estamos implicados casi todos
Antonio Franco*
Es imposible no ver el urbanicidio español. Son miles y miles de edificios, muchos de ellos enormes, muchos de ellos desproporcionados en sus formas y dimensiones con respecto al entorno, levantados ante de los ojos de todo el mundo y a la luz del día entre grúas indisimulables, vallas manifiestas y carteles anunciadores completamente explícitos. Ocupan espacios que hace 10, 15 o 20 años eran o no edificables o edificables con muchí-
simas limitaciones. Es imposible no verlos porque están en todas partes y, frecuentemente, en las mejores ubicaciones. Muchos, en las ciudades; todavía más en sus entornos, y, como caídos en aluvión o traídos por un tsunami, en el litoral potencialmente turístico y en rincones de montaña en los que siempre había prevalecido la pretensión de un crecimiento equilibrado. Son bloques y chalets, pisos y locales de todo tipo, innumerables apartamentos- Y, por si esto fuese poco, son, asimismo, identificables, porque a su lado nuevas grúas, nuevas obras y nuevos carteles anuncian la inmediata puesta en marcha de nuevas promociones...
Aludiendo a la visualidad de las cosas, hay que reconocer que los retoques de los antiguos planes urbanísticos, los concejales cambiando de criterio sobre la edificabilidad, los alcaldes firmando recalificaciones y los promotores recogiendo sus beneficios a capazos se ven menos. Pero existen igualmente. Existen como las mismas construcciones.
Ahora se pone de moda sacar las entretelas de todo eso a la luz. Algunos lo atribuyen al clarinazo público del caso Marbella o a un súbito ataque de vergüenza colectiva. Yo creo que se debe a algo mucho más prosaico: la saturación. Por un lado, el litoral español ya es, en términos generales, una línea continua de edificaciones. Por otro, el llano de Madrid tiene alrededor de la capital un radio de muchas decenas de kilómetros ya construidos. Y las islas se han pasado manifiestamente en sus raciones de cemento. Se impone una desaceleración de respiro. Y con las obras ya irreversiblemente hechas, nos distraeremos con una temporada movida de tardía exigencia de responsabilidades.
Pero tampoco crean que va a ser fácil: la corrupción que está detrás de buena parte de este cambio del decorado español afecta a gente de todos los colores políticos, y en este país eso conduce frecuentemente a que se haga más ruido que justicia. Para empezar, en el PP, partido al que los indicios apuntan como el gran campeón a la hora de reunir protagonistas de esta delincuencia, están muy bien engrasados los mecanismos dialécticos de defensa. Aunque Mariano Rajoy hable de expulsar a todos los que hayan incurrido en irregularidades, de momento consiente que sus altos cargos pillados con las manos en la masa continúen en sus puestos e, incluso, que se descalifique públicamente a quienes les detienen y procesan, es decir, a Anticorrupción y los fiscales. También hemos tenido que oír cómo desde el PP se desentierra el GAL para descalificar a los actuales gobernantes socialistas, aunque estén avalados por las urnas, e intentar incapacitarles moralmente para que actúen contra los sobornos.
CON TODO, sería ingenuo pensar que lo principal de este asunto es su condición de reyerta entre partidos. El urbanicidio español es el resultado de una gigantesca complicidad en la que estamos implicados --aunque con diferentes grados de culpabilidad-- casi todos. En lo inmediato, los máximos culpables son, evidentemente, los corruptos que sobornan para construir donde no se puede y los corruptos que se dejan sobornar para facilitarlo. Pero en un segundo escalón de responsabilidad y culpa están las administraciones e instituciones, que deberían fiscalizar, prever e impedir, y que en la práctica resultan ser consentidoras por incapacidad. O lo suficientemente lentas como para ser ineficaces. Me refiero tanto a determinadas esferas municipales, autonómicas y estatales como al estamento judicial y a las fuerzas policiales.
Pero las cosas no acaban aquí. Inmediatamente detrás de lo anterior, la responsabilidad alcanza al conjunto de la sociedad civil, que en este país es perfectamente consciente de que nuestro modelo económico centrado en un abuso desaforado del ladrillo, además de ser insano en sí mismo, fomenta un ánimo especulativo generalizado. Porque eso es lo que crea la laxitud general con respecto a estos problemas, lo que anima a que la gente de la calle compre y venda inmuebles con un espíritu inequívocamente especulativo, aunque al final lo acabe pagando ella misma, y lo que impulsa una operatividad cotidiana del urbanismo rebozada de corrupción en casi todos los tramos. Porque todos sabemos que no tiene sentido que en este país se construya tanto y, sin embargo, no se dé respuesta a la escasez real del tipo de vivienda que realmente necesita y puede pagar el ciudadano medio. Porque todos sabemos que no tiene sentido que aquí se construyan más inmuebles que en países como Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos...
ESTAMOS viendo, junto a los edificios imposibles de ocultar, que cuando el ladrillo es la actividad económica nuclear de un país, además de los riesgos de continuidad que eso tiene cara al futuro, acaban asentándose en su entorno demasiadas cosas ilógicas. Con cierto cinismo podría decirse que la especulación solo es soportable, socialmente hablando, cuando la hacen unos pocos, que es lo que había sucedido siempre. Con un ánimo especulador tan generalizado como el que hay en España, y con lo poco contrarrestado que está, eso amenaza a contaminarlo todo. En la política ya tenemos ejemplos palmarios, desde el peso del dinero de la construcción en la financiación irregular de los partidos políticos hasta la alteración manifiesta del resultado electoral de un territorio tan significativo como la Comunidad Autónoma de Madrid un día en que las urnas votaron contra las conveniencias de determinados constructores.
