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Madmaxista
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Las empresas públicas de las regiones deben 7.600 millones
La deuda de las empresas públicas autonómicas ha superado ya los 7.600 millones de euros, 3.000 millones más que sólo cuatro años antes. Esta cifra es equivalente al 0,8% del PIB nacional, según los últimos datos del Banco de España.
A finales de 2005 el endeudamiento global de las sociedades públicas autonómicas alcanzaba los 7.013 millones. A finales de junio de este año, último dato disponible que acaba de hacerse público, ha llegado a 7.637 millones en las 17 comunidades autónomas. La proliferación de empresas públicas en las tres administraciones, sobre todo la autonómica, ha sido una de las constantes en los últimos años. El recurso al endeudamiento por vía extrapresupuestaria para burlar los criterios de déficit excesivo de la UE ha sido también práctica usual.
De hecho, Bruselas ha intentado cerrar las lagunas contables existentes para evitar que la deuda de una empresa pública acabe no computándose como déficit público al no tener la administración en cuestión al menos el 50% de participación en esa empresa. Casos como el de Mintra, (empresa pública constructora del Metro de Madrid) han salido a la palestra por correcciones adicionales a las que se han visto obligadas a hacer los gobiernos regionales. Con Mintra, la Comunidad de Madrid se vio obligada por Bruselas a incluir su deuda como déficit público, al considerar, como criterio adicional que los ingresos que obtenía no procedían mayoritariamente de la venta directa de sus servicios en el mercado.
Las comunidades siguen usando el recurso a la deuda pública empresarial para financiarse en porcentajes relevantes. A finales de junio la deuda empresarial de los ejecutivos regionales absorbía una cantidad equivalente al 8% del total de la deuda pública autonómica (55.889 millones de euros).
Por comunidades destaca Cataluña y Comunidad Valenciana. Sus empresas públicas acumulaban un endeudamiento a finales del primer semestre de 3.752 y 1.569 millones de euros, respectivamente. En términos relativos (en % del PIB) llegaban al 2,1% y 1,7%. A continuación figura Castilla-La Mancha, cuya deuda empresarial llega al 1,7% de su PIB. A los municipios tampoco es ajena esta práctica. Sus empresas acumulan un endeudamiento del 0,4% del PIB, justo la mitad que el de las comunidades. El Ministerio de Economía está muy atento a todas estas cifras. El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, ha reiterado que las administraciones territoriales deben contribuir más al control de sus ratios de deuda y déficit.
Parcelación territorial de competencias
Ligado al endeudamiento de las administraciones territoriales se encuentra su autonomía para desarrollar las competencias estatutarias. José María Cuevas, presidente de la CEOE, ha avisado en varias ocasiones del peligro de ruptura de la unidad de mercado por una excesiva interpretación de sus competencias normativas. Ayer le tocó el turno a José María Fidalgo, secretario general de CC OO. En la presentación de un documento sobre los Presupuestos del Estado resaltó que la 'excesiva' parcelación territorial de las competencias impide afrontar de forma cohesionada los retos económicos del país.
El sindicalista criticó, sobre todo, la inclusión en los estatutos autonómicos de 'obligaciones de inversión' por parte del Gobierno central como ha ocurrido con el catalán. Fidalgo reclamó también un mayor gasto público en educación.
La deuda de las empresas públicas autonómicas ha superado ya los 7.600 millones de euros, 3.000 millones más que sólo cuatro años antes. Esta cifra es equivalente al 0,8% del PIB nacional, según los últimos datos del Banco de España.
A finales de 2005 el endeudamiento global de las sociedades públicas autonómicas alcanzaba los 7.013 millones. A finales de junio de este año, último dato disponible que acaba de hacerse público, ha llegado a 7.637 millones en las 17 comunidades autónomas. La proliferación de empresas públicas en las tres administraciones, sobre todo la autonómica, ha sido una de las constantes en los últimos años. El recurso al endeudamiento por vía extrapresupuestaria para burlar los criterios de déficit excesivo de la UE ha sido también práctica usual.
De hecho, Bruselas ha intentado cerrar las lagunas contables existentes para evitar que la deuda de una empresa pública acabe no computándose como déficit público al no tener la administración en cuestión al menos el 50% de participación en esa empresa. Casos como el de Mintra, (empresa pública constructora del Metro de Madrid) han salido a la palestra por correcciones adicionales a las que se han visto obligadas a hacer los gobiernos regionales. Con Mintra, la Comunidad de Madrid se vio obligada por Bruselas a incluir su deuda como déficit público, al considerar, como criterio adicional que los ingresos que obtenía no procedían mayoritariamente de la venta directa de sus servicios en el mercado.
Las comunidades siguen usando el recurso a la deuda pública empresarial para financiarse en porcentajes relevantes. A finales de junio la deuda empresarial de los ejecutivos regionales absorbía una cantidad equivalente al 8% del total de la deuda pública autonómica (55.889 millones de euros).
Por comunidades destaca Cataluña y Comunidad Valenciana. Sus empresas públicas acumulaban un endeudamiento a finales del primer semestre de 3.752 y 1.569 millones de euros, respectivamente. En términos relativos (en % del PIB) llegaban al 2,1% y 1,7%. A continuación figura Castilla-La Mancha, cuya deuda empresarial llega al 1,7% de su PIB. A los municipios tampoco es ajena esta práctica. Sus empresas acumulan un endeudamiento del 0,4% del PIB, justo la mitad que el de las comunidades. El Ministerio de Economía está muy atento a todas estas cifras. El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, ha reiterado que las administraciones territoriales deben contribuir más al control de sus ratios de deuda y déficit.
Parcelación territorial de competencias
Ligado al endeudamiento de las administraciones territoriales se encuentra su autonomía para desarrollar las competencias estatutarias. José María Cuevas, presidente de la CEOE, ha avisado en varias ocasiones del peligro de ruptura de la unidad de mercado por una excesiva interpretación de sus competencias normativas. Ayer le tocó el turno a José María Fidalgo, secretario general de CC OO. En la presentación de un documento sobre los Presupuestos del Estado resaltó que la 'excesiva' parcelación territorial de las competencias impide afrontar de forma cohesionada los retos económicos del país.
El sindicalista criticó, sobre todo, la inclusión en los estatutos autonómicos de 'obligaciones de inversión' por parte del Gobierno central como ha ocurrido con el catalán. Fidalgo reclamó también un mayor gasto público en educación.
