LA PREGUNTA
¿Existe una 'especulación desenfrenada'?
Si el relator especial de Naciones Unidas sobre una Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, fuera un profesor y el mercado inmobiliario español su pupilo, la relación bilateral se saldaría con un rotundo suspenso. Al enviado de la ONU, que ha hecho un 'tour' por nuestro país durante las dos últimas semanas, no le han gustado nada los 'deberes' realizados por las autoridades competentes y el propio sector y, entre otras valoraciones, considera que existe una «especulación urbanística desenfrenada», informa Europa Press.
Kothari califica la situación de la vivienda en España de «crisis nacional», considera que el problema «es el más grave de Europa y uno de los mayores del mundo» y asegura que entre el 20% y el 25% de la población está excluida del mercado debido principalmente a su alto precio. Según su análisis, el Gobierno «está sensibilizado» con este asunto y, de hecho, ha venido a España a petición del Ejecutivo, pero insiste en que la situación actual es «insostenible».
Sobre la corrupción, el relator ha dicho que el caso de Marbella es «sólo la punta del iceberg», según Efe. Asimismo, asegura que los españoles tienen un problema muy importante «con la especulación y el enriquecimiento de los promotores».
A este respecto, Kothari ha hecho suya la recomendación de la OCDE de suprimir las subvenciones a los empresarios de vivienda, ya que así, dice, se podría reducir el precio de las casas entre un 15% y un 30%. Además, ha simpatizado con la causa de unos 'okupas' de Barcelona, porque, a su juicio, los planes urbanísticos en la Ciudad Condal se han hecho de espaldas a los ciudadanos.
Cinco expertos de diversas áreas valoran los comentarios del relator de la ONU y el alcance de los mismos.
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA.
Vicepresidenta primera del Gobierno.
El Gobierno está «preocupado» ante las actuales «dificultades» de la población para acceder a la vivienda, puesto que, según un informe de la ONU, entre un 20% y un 25% está excluida del mercado por su elevado precio, según ha explicado la vicepresidenta primera del Ejecutivo. En opinión de María Teresa Fernández de la Vega, los precios «no dependen» del Estado, si bien admite que las políticas públicas «también influyen» y, en este sentido, subraya que «se están moderando ligeramente». «Es verdad que no es suficiente, por eso tenemos que seguir trabajando», asegura la también ministra de Presidencia.
A propósito de la consideración del relator de la ONU de que en España hay una «especulación urbanística desenfrenada», De la Vega destaca que el Gobierno ha promovido una «lucha contra la corrupción urbanística» con medidas que «ya están empezando a dar resultados». «Pero es un tema que debemos combatir entre todos», considera. Respecto a las tramas recientemente esclarecidas, asegura que se trata de «casos puntuales», informa Europa Press.
ALFONSO NOVALES.
Departamento de Economía Cuantitativa de la UCM.
«La visita del enviado especial de la ONU para el análisis de la accesibilidad a una vivienda ha servido para hacer explícitas las implicaciones sociales que puede estar teniendo la dilatada situación de elevación de precios en el mercado de vivienda español.
La crítica a una excesiva descentralización en la competencia en materia de licencias urbanísticas merece, sin duda, un pausado debate. Gobierno central y autonómicos se han visto obligados a suprimir tales competencias en casos bien conocidos, pero el daño que se ha hecho al medio ambiente es prácticamente irreparable.
La financiación de gobiernos locales ha condicionado las decisiones urbanísticas en muchos casos. Los mecanismos de financiación de instituciones políticas y sociales deben ser explícitos y escrupulosamente supervisados. Un porcentaje de población, que no se antoja excesivo, está, según el enviado, sin acceso a una vivienda, por su fuerte encarecimiento en la última década, como los pagapensiones y los jóvenes. Facilitar el acceso de estos estratos sociales a una vivienda, especialmente en las grandes urbes, se ha convertido en un reto para todo gobierno».
JAUMA SAURA.
Profesor titular de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona y subdirector del Centro de Estudios Internacionales.
«En primer lugar, hay que definir el papel del relator. Se trata de un especialista (en el caso del de vivienda nombrado por el actual Consejo de Derechos Humanos de la ONU) que asesora, pero cuya opinión no es vinculante ni para el gobierno de turno ni para la propia institución. Hay una veintena de relatores especializados en diversos temas. Pueden actuar de oficio, a distancia o informar sobre los países que quieren ser valorados.
Al Gobierno español le ha costado dos años invitar a Miloon Kothari, que ahora redactará un informe sobre su visita. España tendrá un plazo de cuatro meses para hacer todos los comentarios sobre el mismo que estime oportunos. Los dos son publicados por la ONU para que se conozcan ambas consideraciones.
En mi opinión, Kothari ha sido duro con la política de vivienda española y lo ha sido justamente, porque la situación en algunos casos se ha vuelto intolerable. Declaraciones como las de apoyo a los 'okupas' son un poco demagógicas, pero lo que está claro es que algo hay que hacer y está bien que se abra el debate».
JULIO GIL IGLESIAS.
Gerente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).
«No podemos hablar de especulación desenfrenada en el sector inmobiliario español. En los últimos años es cierto que se ha producido una importante revalorización de los inmuebles, lo que ha provocado que se incremente sustancialmente la riqueza inmobiliaria de las familias. Esta revalorización es un elemento esencial para entender el crecimiento económico español.
No creo que el que haya comprado un piso hace seis años y que hoy lo venda con plusvalías sea un especulador. La vivienda es un bien de uso duradero, pero también un bien de inversión. Cuando se producen fuertes incrementos en el precio de un activo, y hasta que se equilibra el mercado, se dan ineficiencias, pero de ahí a hablar de especulación desenfrenada hay un largo trecho. Además el proceso de normalización del sector inmobiliario está ayudando a paliar algunos de los efectos negativos producidos en el pasado.
Ya no se dan las bases para que se produzcan movimientos especulativos, ya que éstos se basan en la existencia de un bien escaso y la construcción de más de 600.000 viviendas al año asegura una oferta suficiente».
CARLOS FERRER-BONSOMS.
Director de la División de Suelo, Urbanismo y Residencial de la consultora Jones Lang LaSalle.
«Calificar la coyuntura del mercado inmobiliario español como de 'crisis nacional' no se ajusta a la realidad. ¿Cómo se puede hablar de crisis nacional si más del 50% de la población española tiene pagada totalmente su vivienda?
En cuanto a los beneficios fiscales de la compra de vivienda, que se ha interpretado como una 'subvención', el hecho de que la mayoría de la demanda sea en compra no deja de ser un síntoma de salud financiera del país. Aun así, sería interesante fomentar la vivienda en alquiler, aportando beneficios fiscales para arrendatarios y arrendadores, y a estos últimos, además, una seguridad jurídica eficaz.
En urbanismo, en España debería haber, tanto en municipios como en CCAA y en el Gobierno central, un planeamiento que nos lleve a un urbanismo racional, que evitaría los desaguisados ecológicos, y a medio y largo plazo, el fantasma de una posible sobreoferta. Mientras no se reduzca de manera considerable la discrecionalidad en las decisiones urbanísticas, difícilmente se solucionará el problema».
