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Ecologistas de Ibiza denuncian ante Fiscalía presuntos delitos de corrupción en el PTI, hecho 'a medida de Matutes'
Ecologistas de Ibiza denuncian ante Fiscalía presuntos delitos de corrupción en el PTI, hecho 'a medida de Matutes'
La agrupación ecologista GEN-GOB Ibiza hizo pública hoy la denuncia que ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción sobre la existencia de posibles delitos de corrupción en la elaboración y aprobación del Plan Territorial Insular de Eivissa y Formentera que, según una portavoz de esta organización, Neus Prats, 'este documento incurre en ilegalidades tales como tráfico de influencias, prevaricación y actividades prohibidas a autoridades, ya que se redactó y aprobó con disposiciones a medida de proyectos urbanísticos vinculados al ex-Ministro de Exteriores del PP, Abel Matutes Juan'.
Desde el GEN-GOB Ibiza denunciaron que, precisamente la hija del ex ministro, Stella Matutes, en el cargo de consellera del Consell Insular de Ibiza y Formentera, votó a favor de un Plan Territorial que beneficia a sus empresas.
Según afirmó Prats a Europa Press el PTI 'debería ser un instrumento que regulara el modelo urbanístico para las islas en vez de contener disposiciones a medida de los desarrollos urbanísticos proyectados y contratos previamente firmados por empresas pertenecientes al Grupo Matutes'.
Como pruebas de esta denuncia la agrupación presentó una serie de documentos registrados el 12 de mayo de 2004, donde sociedades del Grupo Matutes vendieron a la inmobiliaria Realia Business, perteneciente al grupo contructivo FCC, terrenos pertenecientes a 'ses Variades', en Sant Antoni, calificados como suelo rústico con la condición suspensiva, ante notario, de la aprobación definitiva en el PTI antes de tres años de su desarrollo urbanístico.
Según los ecologistas la redacción que se aprueba posteriormente en el Plan Territorial Insular coincide plenamente con lo pactado 'tipificando a este sector con una edificabilidad prohibida en el resto de urbanizables de primera línea de mar en la isla de Ibiza'.
Según Prats el PTI también contempla el puerto deportivo que dos meses y medio antes de su aprobación inicial ya era un proyecto de Realia Bussines y Grupo Matutes.
Unos hechos de prevaricación que según la ecologista también salpicarían al Ayuntamiento de Sant Antoni. Prats puso, por último, de manifiesto las contradicciones de un documento donde 'a pesar de que su parte técnica del PTI hace referencia en repetidas ocasiones a los problemas de masificación urbanística de la costa en la Isla de Ibiza, por una carencia de infraestructuras, problemas para suministro de agua potable y energía así comosalinización de acuíferos, recupera la condición de urbanizables, usando la discrecionalidad permitida por las leyes 8/2003 y 10/2003 (Ley de acompañamiento de presupuestos), de un importante número de planes parciales desclasificados desde 1999'.
