El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón considera que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia, Luis Suárez Trenor, pudieron cometer un delito de cohecho en varias operaciones inmobiliarias promovidas por empresas filiales de Fórum Filatélico, relacionadas con el proyecto urbanístico de la marina de San Andrés de la capital tinerfeña.
De acuerdo con un auto dictado este lunes, Garzón tiene indicios de que "entre las personas presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias" de varias sociedades filiales de Fórum se encontrarían Miguel Zerolo y Luis Suárez Trenor. Según el auto, supuestamente también habrían recibido dinero la asesora urbanística Herminia Gil y el presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga.
La resolución judicial precisa que dos filiales de Fórum, Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, y Parque Marítimo de Anaga, habrían pagado dinero a esas personas para favorecer una concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y en una operación con dos parcelas de terreno situadas en Valle de Tahodio.
Entre las personas vinculadas a Fórum que podrían estar comprometidas con los pagos, bien como oferentes de las cantidades, bien como presuntos aceptantes o como destinatarios de las solicitudes hechas por las autoridades públicas, se encuentran el presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones Nieto, o el director general de esta empresas, Antonio Merino.
También están presuntamente implicados el asesor jurídico de Fórum, Juan Ramón González; los miembros de Prius Abogados Antonio Martín-Lomeña Guerrero y Juan José Domínguez Baro; el arquitecto Julio Aumente Aumente; los integrantes de Cuadra Asociados Carlos Gómez Castillo y Domingo Cuadra Morales, así como José Manuel Carlos Llorca Rodríguez y José Ana Pérez Labajos.
Inhibición
El auto, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibe a favor del juzgado decano de instrucción de Santa Cruz de Tenerife, también indica que "hasta el momento no existe constancia" de que se hayan pagado o recibido las cantidades reflejadas en la documentación incautada en la sede de Fórum el pasado 9 de mayo.
Garzón ha acordado la inhibición porque, de acuerdo con el ministerio Fiscal, cree que los hechos descritos en el auto son constitutivos de un presunto delito de cohecho, por lo cual la Audiencia Nacional no es competente para investigarlos.
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