BoinaDeEmidioTucci
Madmaxista
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CORRUPCIÓN INMOBILIARIA
Este es desde hace tiempo uno de los principales problemas que afronta la democracia española.
El negocio inmobiliario en España se está abriendo por las costuras de la corrupción mientras empieza a sufrir un súbito enfriamiento como consecuencia no sólo de la saturación del mercado sino sobre todo por la desmesura de los precios.
La democracia española se enfrenta hoy a dos retos fundamentales y en cierto modo decisivos: uno, de naturaleza externa, es el que plantea el terrorismo vasco; el otro, de carácter interno, no es sino esa corrupción inmobiliaria que envenena los municipios, corroe la integridad de cientos de políticos y crea en pocos años fabulosas fortunas. Ambos desafíos son de difícil erradicación y exigen la movilización y el consenso de todos los demócratas.
LO QUEsolemos denominar corrupción inmobiliaria no empezó ayer. Desde los años Cincuenta y Sesenta, la compra de suelos, su recalificación y urbanización y finalmente la promoción y construcción de viviendas a gran escala ha sido una actividad económica privilegiada que en sucesivas etapas ha permitido fuertes y rápidas acumulaciones de capital. Es ésta la única vía para que los más astutos y audaces se incorporen al club de los privilegiados que integran la oligarquía española, que ya no ha de ser definida como financiera y terrateniente sino como financiera e inmobiliaria.
Naturalmente el gran negocio del suelo no podría llevarse a cabo sin importantes complicidades políticas. No se trata sólo de conseguir de las autoridades municipales recalificaciones a la medida, sino de mantener en funcionamiento una ideología específica que permita justificar el saqueo a gran escala mediante el tráfico de solares a partir de cárteles organizados, capaces de controlar todo el proceso comercial de la vivienda fijando sus precios y desarrollando inauditas escaladas de los mismos. Esa ideología habla de liberalizar el suelo, de construir en masa para que el mercado regule los precios, de crear puestos de trabajo, de contribuir al desarrollo económico del país... Así, después de que el PSOE de la época felipista se mostrara impotente para poner en marcha un nuevo modelo inmobiliario más justo, equilibrado y sostenible, llegó el PP con sus propuestas liberalizadoras y su alegría normativa. Era la mejor opción, se dijo. Entonces empezó el todo vale, cayó en picado la construcción de VPO y se dio la paradoja de que mientras más se construía más subían los precios.
El desarrollo urbanístico, definitivamente desmelenado a partir del 95-96, ha revolucionado el mundo de las altas finanzas españolas a cambio de generar inusitados problemas de sostenibilidad en unas ciudades sometidas a expansiones descontroladas y de producir terribles daños en el medio ambiente, arruinando paisajes y ecosistemas en una deriva criminal. El fenómeno se ha generalizado y hoy constituye un mal endémico que afecta a cientos y miles de municipios (no sólo a Marbella o Ciempozuelos).
Ahora resulta que todo ha llegado demasiado lejos. España tiene un nuevo parque inmobiliario de mala calidad, desplegado de forma irracional, gravado por serios déficits de equipamientos e infraestructuras... Es como si se hubiera reeditado el caótico desarrollo urbanístico de los años Sesenta. Por supuesto, en el modelo está incluida la bendición de las autoridades (previo pago, se entiende).
ESAcomplicidad ha ido desde las recalificaciones de suelo puras y duras hasta la aceptación de urbanizaciones carentes de servicios elementales. Así se ha abusado de los convenios ad hoc, de la constante remodelación de los planes parciales, de la recepción por los municipios de calles y zonas verdes mal acabadas (que a partir de ese momento se convierten en un problema público)... Y ahí están esas urbanizaciones carentes del adecuado abastecimiento de agua y de depuradoras de vertidos, desconectadas de las desbordadas redes de transporte colectivo, ubicadas en zonas inapropiadas, antiestéticas de pecado mortal. Es una especie de estafa a escala nacional.
En esta orgía han participado las instituciones, no sólo cambiando con alegría el uso de los suelos sino vendiendo terrenos públicos al mejor postor y desarrollando una política de permutas casi siempre sospechosa. No ha existido voluntad alguna de crear una legislación clara y socialmente positiva; todo lo contrario. A su vez, los jueces han ido pasando olímpicamente del tema, sin generar doctrinas y procedimientos ni meter mano a los casos más flagrantes hasta que éstos no han alcanzado un delirante paroxismo. Todavía hoy el desconcierto es monumental y los munícipes cogidos con las manos en la masa igual pueden salir en libertad condicional con fianzas razonables (si pertenecen al PP como los de Telde), o por el contrario cargan con fianzas descomunales que les llevan inexorablmente al talego (si militan en el PSOE, como los de Ciempozuelos).
Y aún queda por aclarar la cuestión ideológica, es decir los grandes presupuestos teóricos que iluminan la cuestión inmobiliaria. A la vista de lo que ha pasado en estos últimos años, la conclusión es obvia: el urbanismo debe ser una actividad sometida a una intervención absoluta por parte de los poderes públicos. ¿Deben tener las instituciones capacidad expropiadora para garantizar la planificación urbanística? Desde luego que sí. ¿o no es la vivienda un derecho recogido en la Constitución?
Transparencia, normas claras, planificación, exigencia, defensa de los derechos del consumidor, compromiso político, justicia social... O corrupción, negocio rápido, insostenibilidad, dinero oscuro, delincuencia, injusticia... Ése es el dilema
CORRUPCIÓN INMOBILIARIA
Este es desde hace tiempo uno de los principales problemas que afronta la democracia española.
El negocio inmobiliario en España se está abriendo por las costuras de la corrupción mientras empieza a sufrir un súbito enfriamiento como consecuencia no sólo de la saturación del mercado sino sobre todo por la desmesura de los precios.
La democracia española se enfrenta hoy a dos retos fundamentales y en cierto modo decisivos: uno, de naturaleza externa, es el que plantea el terrorismo vasco; el otro, de carácter interno, no es sino esa corrupción inmobiliaria que envenena los municipios, corroe la integridad de cientos de políticos y crea en pocos años fabulosas fortunas. Ambos desafíos son de difícil erradicación y exigen la movilización y el consenso de todos los demócratas.
LO QUEsolemos denominar corrupción inmobiliaria no empezó ayer. Desde los años Cincuenta y Sesenta, la compra de suelos, su recalificación y urbanización y finalmente la promoción y construcción de viviendas a gran escala ha sido una actividad económica privilegiada que en sucesivas etapas ha permitido fuertes y rápidas acumulaciones de capital. Es ésta la única vía para que los más astutos y audaces se incorporen al club de los privilegiados que integran la oligarquía española, que ya no ha de ser definida como financiera y terrateniente sino como financiera e inmobiliaria.
Naturalmente el gran negocio del suelo no podría llevarse a cabo sin importantes complicidades políticas. No se trata sólo de conseguir de las autoridades municipales recalificaciones a la medida, sino de mantener en funcionamiento una ideología específica que permita justificar el saqueo a gran escala mediante el tráfico de solares a partir de cárteles organizados, capaces de controlar todo el proceso comercial de la vivienda fijando sus precios y desarrollando inauditas escaladas de los mismos. Esa ideología habla de liberalizar el suelo, de construir en masa para que el mercado regule los precios, de crear puestos de trabajo, de contribuir al desarrollo económico del país... Así, después de que el PSOE de la época felipista se mostrara impotente para poner en marcha un nuevo modelo inmobiliario más justo, equilibrado y sostenible, llegó el PP con sus propuestas liberalizadoras y su alegría normativa. Era la mejor opción, se dijo. Entonces empezó el todo vale, cayó en picado la construcción de VPO y se dio la paradoja de que mientras más se construía más subían los precios.
El desarrollo urbanístico, definitivamente desmelenado a partir del 95-96, ha revolucionado el mundo de las altas finanzas españolas a cambio de generar inusitados problemas de sostenibilidad en unas ciudades sometidas a expansiones descontroladas y de producir terribles daños en el medio ambiente, arruinando paisajes y ecosistemas en una deriva criminal. El fenómeno se ha generalizado y hoy constituye un mal endémico que afecta a cientos y miles de municipios (no sólo a Marbella o Ciempozuelos).
Ahora resulta que todo ha llegado demasiado lejos. España tiene un nuevo parque inmobiliario de mala calidad, desplegado de forma irracional, gravado por serios déficits de equipamientos e infraestructuras... Es como si se hubiera reeditado el caótico desarrollo urbanístico de los años Sesenta. Por supuesto, en el modelo está incluida la bendición de las autoridades (previo pago, se entiende).
ESAcomplicidad ha ido desde las recalificaciones de suelo puras y duras hasta la aceptación de urbanizaciones carentes de servicios elementales. Así se ha abusado de los convenios ad hoc, de la constante remodelación de los planes parciales, de la recepción por los municipios de calles y zonas verdes mal acabadas (que a partir de ese momento se convierten en un problema público)... Y ahí están esas urbanizaciones carentes del adecuado abastecimiento de agua y de depuradoras de vertidos, desconectadas de las desbordadas redes de transporte colectivo, ubicadas en zonas inapropiadas, antiestéticas de pecado mortal. Es una especie de estafa a escala nacional.
En esta orgía han participado las instituciones, no sólo cambiando con alegría el uso de los suelos sino vendiendo terrenos públicos al mejor postor y desarrollando una política de permutas casi siempre sospechosa. No ha existido voluntad alguna de crear una legislación clara y socialmente positiva; todo lo contrario. A su vez, los jueces han ido pasando olímpicamente del tema, sin generar doctrinas y procedimientos ni meter mano a los casos más flagrantes hasta que éstos no han alcanzado un delirante paroxismo. Todavía hoy el desconcierto es monumental y los munícipes cogidos con las manos en la masa igual pueden salir en libertad condicional con fianzas razonables (si pertenecen al PP como los de Telde), o por el contrario cargan con fianzas descomunales que les llevan inexorablmente al talego (si militan en el PSOE, como los de Ciempozuelos).
Y aún queda por aclarar la cuestión ideológica, es decir los grandes presupuestos teóricos que iluminan la cuestión inmobiliaria. A la vista de lo que ha pasado en estos últimos años, la conclusión es obvia: el urbanismo debe ser una actividad sometida a una intervención absoluta por parte de los poderes públicos. ¿Deben tener las instituciones capacidad expropiadora para garantizar la planificación urbanística? Desde luego que sí. ¿o no es la vivienda un derecho recogido en la Constitución?
Transparencia, normas claras, planificación, exigencia, defensa de los derechos del consumidor, compromiso político, justicia social... O corrupción, negocio rápido, insostenibilidad, dinero oscuro, delincuencia, injusticia... Ése es el dilema
